Después del pleno extraordinario de este martes, y con otro antes del cierre de julio, Sumar traslada su deseo de "apurar los plazos" para dar a conocer un segundo decreto de vivienda para la prórroga de alquileres que sí pueda continuar vigente durante un año y medio tras su convalidación en pleno a partir de septiembre. Todo, tras la experiencia negativa entre marzo y abril. Con negociaciones activas en estos momentos entre los dos socios del Gobierno de coalición, con un PSOE al que ahora ven comprometido y sin intentos de distorsionar el acuerdo como anteriormente, dicen los magentas, se desea apurar en lo posible el calendario en vista a que cualquier medida que salga del Consejo de Ministros tendrá 30 días por delante para su votación en el Congreso de los Diputados. "Nadie quiere que sea en agosto", explican fuentes parlamentarias de Sumar.
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Hay que recordar que en el primer trimestre del año, y con la elaboración de un paquete de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la crisis derivada de la guerra en Irán, Sumar apostó por incluir la prórroga de alquileres hasta el final de 2027, para blindar los contratos y evitar que unas 600.000 familias se viesen perjudicadas. Los magentas fueron con todos al Consejo de Ministros, y ante la negativa de los socialistas a incluirlo amagaron con plantar a Pedro Sánchez y los suyos. Uno de los principales motivos para el rechazo era el distanciamiento de Junts, clave para aprobar el decreto, a esas medidas de vivienda. Finalmente, para contentar a Sumar y salvarguardar el decreto económico, se hizo uno al margen con el contenido de vivienda. En febrero, los de Carles Puigdemont tumbaron un decreto de revalorización de las pensiones por incluir la moratoria antidesahucios, prorrogada desde la toma de medidas por la Guerra en Ucrania en 2022.

Cuando salga del Consejo de Ministros, el nuevo decreto, autónomo a esas medidas económicas ya renovadas el 29 de junio y a la espera de convalidación en el pleno del 23 de julio, tendrá que encontrar el consenso de un arco de socios plural. En vista a una nueva negativa de PP, Vox y UPN, con 171 votos, será necesario atraer como mínimo a Junts para que los socios tengan 174 o 175 si Coalición Canaria se suma. Solo un voto contrario de Podemos podría poner en riesgo el decreto, aunque los magentas no ven a los de Ione Belarra con capacidad de permitirse votar junto a la derecha y en contra de cualquier beneficio en vivienda aunque no incluya sus máximas exigencias.

La negociación de este decreto ley genera incompatibilidad entre los posconvergentes y los morados. Los primeros no quieren ni oír hablar de la moratoria antidesahucios, algo en lo que insisten constantemente los segundos. Sumar, que pilota este asunto con figuras dentro del Gobierno como Pablo Bustinduy, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, no puede permitirse salirse del marco impuesto por Junts sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar, y si bien fuentes de la formación adelantan que habrá un "decreto amplio, con muchas medidas" sin precisiones, el intento que persiguen es el de "que todos los socios queden contentos".

¿Qué contendría el decreto? Aunque hay intención de mejorarlo, a lo fijado en el anterior se incluirían las medidas exigidas por Junts. En el de marzo, se indicaba ese plazo de dos años adicionales de prórroga, la obligatoriedad de los caseros a aceptarla y el mantenimiento de las condiciones preestablecidas. Para todos los contratos de vivienda habitual vigentes y cuyo periodo de prórroga obligatoria [los primeros 5 o 7 años de contrato] o de prórroga tácita [los 3 siguientes] vencieran durante el periodo de aplicación de la norma. Solo se permitía evitar la obligación si el inquilino se abría a la firma de un nuevo contrato distinto o si el propietario comunicaba en tiempo y forma, de acuerdo al artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que necesitaba la vivienda para sí mismo o para familiares de primer grado o un cónyuge en caso de separación.

El decreto incluía un tope del 2% de actualización de la renta, desvinculándola del IPC. Es decir, 20 euros por un alquiler de 1.000 mensuales, por ejemplo. El porcentaje sería fijo para grandes tenedores con 5 o más viviendas, movible si había acuerdo por ambas partes en el caso de pequeños propietarios. El deseo de aprobarlo con garantís también se da después del limbo legal generado durante el mes en vigor, con una amplia cantidad de afectados acogidos a la norma, aplicándose para unos, no para otros, y con algún pleito entre propietarios e inquilinos en otros casos.

Las ventajas fiscales a los caseros, rechazadas por la izquierda pero el 'sapo pequeñito' que hay que tragar para Sumar

Tres exigencias de Junts

En las anteriores negociaciones fallidas con Junts se dejó claro el deseo de los de Puigdemont. Hay tres grandes asuntos. El primero son las ventajas fiscales para los caseros, bonificaciones y deducciones para los pequeños propietarios que saquen al mercado sus viviendas y las sostengan a precios razonables para ampliar la oferta. Principalmente se mira al IRPF, para reducciones de hasta el 90% sobre el rendimiento neto del alquiler si el propietario baja el precio de la renta un 5% en zona tensionada en comparación con el contrato anterior. Es decir, si el alquiler son esos 1.000 euros, situarlo a 950 euros y con la ventaja de prácticamente no tener que pagar impuestos por esa vivienda.

En todo caso, las deducciones también se aplicarían a los inquilinos, hasta 1.700 euros anuales en el IRPF. A los jovenes prioritariamente. Además, Junts pide deducir el 15% del IRPF por la compra de la vivienda para uso habitual con un tope de una base imponible de hasta 11.630 euros. La ayuda existió en España hasta 2013 y quiere que se recupere.

El segundo asunto que reclama Junts es el 'IVA franquiciado' para los autónomos, ajeno a la materia de vivienda pero que ven necesario para la descarga fiscal. Es una exigencia de Bruselas y cuya transposición europea debía de estar aplicada en España desde el 1 de enero de 2025. Desde entonces, nuestro país acarrea diariamente una multa de 32.430 euros. En detalle, se pide que los pequeños empresarios o las micro-pymes que facturen menos de 85.000 euros anuales, queden exentos de incluir el IVA en sus facturas, lo que reduciría con contundencia la carga fiscal y el papeleo. Es esencial pese a todo para el decreto de vivienda. En tercer lugar, los de Puigdemont quieren que haya respeto a las competencias autonómicas, que cualquier legislación estatal respete la autoridad de la Generalitat de Cataluña, sin unilateralismos.

Podemos, una moratoria exigida por la PAH

Esa disposición de Sumar a aceptar el marco de Junts no gusta a Podemos. Tampoco a ERC, EH Bildu o el BNG, que pese a todo asumen una actitud abiertamente pragmática. Fuentes republicanas, de hecho, indican que cualquier medida que mejore como mínimo la incertidumbre de las familias en vivienda es bueno y debe ser aprobado, sobre todo en este momento de atasco parlamentario. Los socios creen que una vez llegue a pleno para su convalidación, difícilmente Podemos podrá pasar de un sí o una abstención a una negativa que les señale. Fuentes estatales de Podemos se plantearán su voto "en función de lo que traigan". Difícilmente habrá un sí sin moratoria, que "es algo que nos pide la PAH", dicen de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. "Si contentan a Junts, también tienen que hacerlo con el resto". Uno de los guiños a Podemos y al resto de la izquierda podría ir encaminado a aumentar las ventajas para los jovenes y para ese acceso a la vivienda. O a una persecución contundente del fraude del alquiler de temporada.

Podemos cree que el Gobierno, si contenta a Junts debe hacerlo con el resto para ganarse sus apoyos

Durante el debate del anterior decreto caído, el resto de socios trasladaron su punto de vista, uno que todavía hoy se mantiene. Creen que no es de recibo hacer "regalos" a los rentistas mientras que el resto no puede permitirse una vivienda. Y aunque asumirán esa vía intermedia con tal de que haya seguridad para las familias al menos dos años más, se centraron en criticar el voto contrario de Junts junto a PP y Vox. El camino ideal para ERC, BNG o EH Bildu, incluso para Podemos, sería que el voto fuese generalizado a medidas que afectan a una mayoría social, sin necesidad de incluir las bonificaciones demandadas por Junts. Y que en lugar de hasta finales de 2027, estas medidas fuesen permanentes. Que se alineasen junto a otras como la regulación de precios, también de los alquileres de temporada y de la ampliación del parque de vivienda. Al menos con la regularización para los alquileres generales, el PSOE se mantiene al margen pese a la presión de los socios.

De Vivienda y el PSOE ahora Sumar encuentra mayor disposición de diálogo y de preparación conjunta del decreto. Entre marzo y abril las críticas de los magentas a los socialistas fueron extensas, acusándoles de no participar activamente en las conversaciones para atraer a Junts. Entonces, en el PSOE fuentes parlamentarias aseguraban que los posconvergentes tenían muy claro que querían mantenerse al margen y de ahí la ausencia de insistencia. Al votar a favor del decreto en abril, Sumar cree que el PSOE debía implicarse sin matices.

Este martes, en el penúltimo pleno parlamentario del curso, a falta del de el 23 de julio, hubo alusiones públicas por cargos de Sumar sobre el decreto. El más representativo, las del ministro Bustinduy tras el Consejo de Ministros. Según él, la negociación del decreto "progresa adecuadamente" y se mostró convencido de que antes de que acabe julio estará en vigor. Se insiste, como indican fuentes de Sumar, que el decreto será "ambicioso" para hacer frente a una "compleja" situación.

Entre las menciones del ministro estuvo esa persecución de fraude que puede atraer a la izquierda. Aludió a la regulación de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones utilizados de forma fraudulenta y de aplicar una fiscalidad "disuasoria" para las viviendas de uso turístico, elevando el IVA al 21%, al opinar que reducen notablemente la oferta en el mercado del alquiler general. Se mostró muy abierto a la atención de las distintas posturas de cada grupo para hacer "viable la aprobación en el Congreso" de la medida. "Es el primer problema que tiene la gente", lamentó Bustinduy.

Antes que el ministro, su compañero de filas en el Grupo Plurinacional Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, subrayó que aceptar las medidas de Junts supone "comerse el sapo pequeñito" y aprobar una medida que "no es peor que otras aprobadas". Reclamó "responsabilidad" en los socios y en el sentido del voto.