Final esperado para el decreto ley de vivienda para la prórroga de los alquileres hasta 2027. La mayoría alternativa de derecha en el Congreso de los Diputados, compuesta por PP, Vox, Junts y UPN, rechazó la convalidación de la norma sobre el límite del calendario, un mes después de su aprobación en Consejo de Ministros extraordinario. Lo apoyaron PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Podemos y Compromís y el PNV se abstuvo. Un total de 177 votos en contra de la derecha, cinco abstenciones y 166 votos a favor.
El lunes, Junts anunciaba definitivamente su negativa a apoyar el decreto, después de que haya habido tanteo de Sumar durante estas últimas semanas. En todo caso, fuentes de la formación independentista niegan que haya habido una negociación formal entre las partes. No han encontrado agrado en contraprestaciones por parte de los magentas, entre otras, han reconocido, la posibilidad de aprobar medidas como su propuesta contra el burka y el niqab. Algo que no terminó sucediendo.
Durante la jornada los principales socios de la izquierda cargaron contra Junts pero también contra el PSOE, al que definieron como un socio mayoritario del Gobierno que "no ha hecho lo suficiente". Sobre la mesa, en declaraciones públicas de los principales portavoces de Sumar, de los comunes, de Compromís o de Podemos, se echó en cara a los socialistas el presunto abandono en las negociaciones. Dejando actuar únicamente a la parte minoritaria por haber defendido la necesidad de decretar esa prórroga.
Figuras como Alberto Ibáñez, del grupo Plurinacional Sumar, la nacionalista valenciana Àgueda Micó, Gerardo Pisarello, de los comuns, o el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, pusieron horas antes del debate y de la votación al PSOE en el objetivo, por una falta de implicación. Pero cargaron más contra la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, a la que ven completamente "desaparecida". Los socios hablaron de una pérdida de "paciencia" con la el centroderecha, pero también con el "centroizquierda". Se pidió asumir responsabilidades y contemplar qué formas de actuación pueden tomarse en los próximos días, para que puedan seguir beneficiándose los que en estos últimos 30 días no se acogieron a la prórroga.
"El PSOE se tiene que creer que la emergencia habitacional es el problema más importante y dejarse la vida en ello. La ministra no está cumpliendo. Necesitamos políticas valientes y el PSOE no lo está siendo", precisó Micó, que añadió que la falta de implicación hacen a la ministra como poco idónea para el cargo. Desde Podemos, Sánchez Serna indicó que "el Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados", sino fomentar "un plan b". "Hace un mes el Gobierno consideraba que había una crisis habitacional. Esa situación no desaparece porque decaiga este decreto".
La posibilidad de pedir un nuevo decreto ley al PSOE orbita entre Sumar y el resto de socios de legislatura de izquierdas. Creen que es la vía más directa para permitir abordar de nuevo el debate y que la gente siga beneficiándose y demandan que sea mediante la convocatoria de un nuevo Consejo de Ministros extraordinario para decretar una nueva medida que los socialistas alejan en este momento. Sumar ya en este último mes puso la vista sobre 600.000 contratos de alquiler que podrían ganar con este decreto.
Desde Podemos se lanzó este martes que "el Gobierno -incluido Sumar- no puede conformarse con retratar a la derecha, tienen que gobernar". Eso ocurre después de que varios integrantes del grupo contemplasen la votación de este martes como una forma de que el votante asista a quién está o no por fomentar mayor acceso a la vivienda. Al cierre de las comparecencias de prensa de por la mañana, desde el PP se reprochó al Ejecutivo por reiterar durante toda la legislatura de que hay una "mayoría progresista". "No hay mayoría para gobernar", sintetizó la portavoz popular, Ester Muñoz.
Bustinduy carga contra el voto de la derecha
Pese a todo, ya durante el debate parlamentario estuvo en el foco el voto de la derecha y no las consideraciones entre socios, entre las que destacaron una llamada a mayor ambición por parte del BNG o de Podemos. Este asunto "no es una batallita más de la disputa entre grupos políticos, es dar protección a tres millones de personas o dejarlas al 'sálvese quien pueda. Es poder seguir viviendo en sus casas o verse expulsadas de sus barrios'", precisó Bustinduy.
El ministro ejemplificó la medida haciendo alusión a dos casos de inquilinas afectadas y ha cuestionado a los grandes tenedores por utilizar la vivienda como "una aspiradora de rentas de las familias trabajadoras", reclamando que éstas deben ser para "vivir" y no para "especular". Por otro lado, Bustinduy negó la el argumento de la derecha: "Se puede construir cientos de miles de viviendas adicionales, pero si esa oferta queda en manos de los grandes fondos extranjeros con los que no pueden competir las familias españolas, ni bajarán los precios ni se aliviará la carga del coste de la vida". A PP, Vox y Junts, además, de UPN, les reprochó que "cada euro de más" que tengan que destinar estos meses las familias al alquiler o "cada plan que se trunque" tendrá "nombres y apellidos".
Pese a todo, el mensaje lanzado por el ministro antes de la votación radicó en que el rechazo de este martes no les va a "doblegar". "No nos van a disuadir, vamos a seguir dando la batalla las veces que haga falta. Esta noche pensaré en toda la gente que ha pedido la prórroga y en todas las formas posibles de trabajar desde la política para servirles".
En el turno de réplicas, desde la izquierda BNG o Podemos clamaron por planes de vivienda más ambiciosos, con tope a alquileres e incluso expropiaciones. Desde el Grupo Mixto, Cristina Valido, de Coalición Canaria, reclamó evitar una guerra entre propietarios e inquilinos. Àgueda Micó, de Compromís, y Alberto Catalá, de UPN, coincidieron en la falta de implicación de la ministra de vivienda y del PSOE en este asunto. Cada uno, no obstante, hacia un sentido. "Se ha puesto de perfil", cuestionaba la primera sobre Isabel Rodríguez; "el PSOE es el único responsable" de la situación de la vivienda, dijo Catalá.
El PNV explicó su abstención. No ve garantías en este decreto. Es más, la portavoz jeltzale afirmó que recurrir a los decretos ley "de forma abusiva" no sirve para abordar el problema de la vivienda, coyuntural. Maribel Vaquero expresó que el Gobierno no está abogando por los acuerdos, y "recurrir hoy al decreto ley es un signo de fracaso". A su juicio, ve incompatible la prórroga o la limitación de un 2% de subidas del alquiler, ya incluidas en la ley estatal de vivienda de 2023, con el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. "¿Cómo corrige el gobierno la ley de vivienda?".
Desde EH Bildu, Oskar Matute precisó que la prórroga de 2023 no afectó al bolsillo de los propietarios. "¿Acaso ha mejorado la situación de quienes viven de alquiler?", preguntó al contrario a la derecha. Más duro fue Gabriel Rufián. Señaló uno por uno a los diputados de Junts y les entregaba una recopilación 300 comentarios de ciudadanos de Cataluña pidiendo en redes a Puigdemont el apoyo de la prórroga. "Ustedes son la Champions del patriotismo, pero esta es su bandera", manifestó Rufián a la derecha con un billete de 50 euros en la mano. "Es gravísimo que diputados aquí no obedezcan a su gente, sino a sus intereses particulares", finalizó.
El rechazo de PP y Vox
Junts renunció a intervenir. Desde Vox, su portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero, afirmó que este decreto es "pan para hoy y hambre para mañana". "Aplaza el problema" de la vivienda y lo "agrava". Definió como "chapuza" y "parche" el decreto y optó por reclamar como alternativa la construcción de más vivienda, el devolver seguridad jurídica al mercado o limitar la demanda, incluida la de los grandes fondos.
Por su parte, el PP, en palabras del diputado Daniel Pérez Osma, aseguró que el decreto es "improvisación, propaganda y supervivencia política". "Hoy la ministra les ha dejado solos, ni ella misma apoya esto", lanzó. El diputado del PSOE, Ignasi Conesa, cargó contra las derechas: "Si mañana sube el precio del alquiler, será por ellos". Estuvo en la misma línea que Bustinduy. Ante las alusiones del PP sobre Isabel Rodríguez, Conesa respondió: "Está en el Senado, por si no loo saben", en sesión de control.
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