Las novedades del 'caso Leire' dejan 'fuera de juego' el nuevo intento de regeneración de Sumar desde el Gobierno

Los nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación al 'caso Leire' y a la presión contra jueces, fiscales, mandos policiales o periodistas, resultado de las declaraciones de testigos y de la última petición de información y registro en Ferraz, dejaron en un segundo plano, casi periférico, el enésimo intento de regeneración de Sumar en un momento agónico de la legislatura. Manteniendo estos aún la mirada en la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero –por entre otros delitos el de tráfico de influencias–, mientras esos informes veían la luz, en el Congreso de los Diputados Sumar apostaba por una proposición de ley que pretende elevar a diez años el veto a los expresidentes del Gobierno para trabajar en empresas privadas.

Daban cuenta de esa iniciativa, que requerirá de la modificación de tres leyes, entre ellas el estatuto de expresidentes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como parte del Gobierno, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, así como el portavoz sustituto, Enrique Santiago. Que justo después de la comparecencia saltasen esas informaciones dejaban una sensación de arrollamiento por los acontecimientos pese a la voluntad de actuación, de limpieza y de ganas del sostenimiento de la coalición de gobierno a la vez que se intenta marcar perfil frente al PSOE.

Los magentas exponían la necesidad de abordar este asunto derivado del 'caso Zapatero', por el tema legal pero también moral y "ético" que atañe la vida privada de los expresidentes del Gobierno, en general. Por las actividades que han tenido anteriormente desde Felipe González, en entidades públicas o "eléctricas", a José María Aznar. Para diferenciar "la actividad institucional de la lobbista". Todo, semanas después de que las sospechas sobre el rescate de Plus Ultra y sobre el papel de Zapatero, quedasen desplazados de nuevo por las operaciones de Díez bajo el aparente mandato del exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

En Sumar quedaban en completo fuera de juego frente a esas novedades de la UCO, que daban más combustible a las percepciones anteriores de la Unidad y del auto del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre que durante los cinco días de reflexión en abril de 2024 se establecieron las bases para un entramado de presión a varios niveles. Ahora la UCO alerta de intentos de "quitarse de en medio" al magistrado Manuel Marchena, de "purgar" la propia Unidad y de hasta tres reuniones de Díez con la directora de la Guardia Civil y exdelegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

Insisten en la "línea roja" de la "financiación ilegal"

Las valoraciones de los magentas al respecto del 'caso Leire', interpelados tras esa exposición de la medida, se ajustaron a la postura mantenida hasta el momento, entre el descontento con el PSOE, la separación respecto de sus "mochilas de corrupción" y las exigencias de mayor regeneración, pero también la sensación de que de fondo hay "una campaña de acoso y derribo contra el Gobierno" desde poderes del Estado ubicados a la derecha del tablero.

Urtasun mencionó esa operación, pero aseguró que "las informaciones que están saliendo son relevantes y eso implica que el PSOE tiene que tomar decisiones valientes". "Lo de Leire es impresentable, pero me parece más bien que es el PSOE el que financiaba algo. No parece que sea financiación irregular, pero vamos a ver qué dicen los tribunales", añadió Santiago. Al calor de la imputación de Zapatero, distintas voces de Sumar apuntaron a un posible caso de lawfare judicial que, a las horas, al conocer el auto sobre el caso, se disipó.

Aunque ambas apreciaciones sobre el 'caso Leire' se dieron antes de conocer en profundidad los asuntos de los informes, el partido no se mueve del argumentario de las últimas semanas y de esa advertencia básica: "De destaparse, nuestra línea roja es la financiación irregular". No ven todavía una base para romper, pese a que la cosa "pinta mal" desde hace tiempo. Sin restarse importancia a lo que se va conociendo en esa fase de investigación, creen que es prioritario seguir gestionando.

La iniciativa a raíz de la imputación de Zapatero tiene que pasar la tramitación parlamentaria, con pocas semanas por delante antes del fin del ciclo de sesiones, lo que, en el mejor de los casos, sitúa el asunto en septiembre. En las próximas semanas se prevén que aparezcan nuevas informaciones sobre otros casos.

Perfil propio ante el PSOE

En sectores de la coalición se muestra una notable preocupación por que sigan saliendo asuntos que si bien no lleguen a topar con esa línea roja autoimpuesta, dejen a la izquierda en muy mal lugar de cara a los próximos procesos electorales. Se viene vinculando las investigaciones en curso a acciones individuales, como la de Zapatero, o a figuras del PSOE ajenas al Gobierno en esta legislatura. Pero la UCO sitúa cada vez como más probable la existencia de esa estructura con apoyo del partido, lo que agravan la problemática del asunto y sitúan a en la diana al propio 'árbitro' del legislativo, a los socialistas.

Entre las filas de Sumar saben que cualquier opción real de Gobierno está ligado sí o sí al PSOE, y eso es complicado de gestionar. A la preocupación por lo externo, se une la incógnita del proceso de refundación, sin novedades desde febrero más allá del compromiso a la unidad entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Catalunya en Comú. No se termina de asimilar y dar forma o incluir a Gabriel Rufián en la ecuación de unidad. No ayuda tampoco el desgaste de las siglas en los procesos de Aragón, Castilla y León, y especialmente Andalucía, feudo de IU y donde ha habido desgaste en votos frente a la izquierda andalucista de Adelante.

Con propuestas como la presentada hoy, que aún no se ha discutido con los socios y debe trasladarse al PSOE, Sumar quiere marcar perfil propio para intentar desvincularse de esa presunta corrupción y opacidad que se atribuye a sus socios de coalición. Para que en las próximas urnas se tenga en cuenta esa diferenciación respecto a los socialistas pero a la vez la "responsabilidad" de mantener un Ejecutivo y no dar anticipadamente entrada a la derecha en las instituciones vía ruptura y adelanto obligado de generales. Podemos, frente a ello, busca canalizar el voto hacia una propuesta abiertamente contraria a depender del PSOE.

Exigen acciones a Sánchez

La sensación de agotamiento del Gobierno se expande mientras tanto entre el resto de socios, incluso los más alineados a la izquierda, que aún guardan silencio y evitan entrar en la dinámica del PNV, de reclamación de elecciones. Sin embargo, y aunque con Zapatero ya se admite que se ha traspasado una línea importante, Sumar está enfocado en dar una respuesta útil al año que queda por delante de mandato antes de la convocatoria de generales de 2027, a las que aspira a llegar Sánchez pese a la ausencia de confianza de sus socios de centroderecha nacionalistas y a que la aritmética parlamentaria no le da desde hace mucho para reformas de calado.

Sumar, pese a todo, va a piñón fijo y busca dejar al menos la imagen de que el Gobierno hace todo lo que está en su mano y que es esa mayoría alternativa de la derecha la que lo tumba. En Vivienda, pese a las discrepancias insalvables con el PSOE, pero también en regeneración. Se reconoce públicamente que los avances han sido limitados desde que hace casi un año, cuando la detención de Cerdán dejó al borde de la implosión al Ejecutivo y se salvaron las diferencias con un acuerdo de regeneración cuyo contenido -como la oficina anticorrupción-, por ahora, 'duerme' como anteproyecto de ley orgánica de Integridad Pública en proceso de informes consultivos. Tendrá que pasar el corte del Congreso, y existen notables diferencias con los socios directos y distantes. Junts, por ejemplo, rechaza mayor tutela estatal frente a las entidades contra la corrupción del ámbito catalán.

En esa exigencia de movimiento a Sánchez, mientras los procesos legislativos llevan su cauce, en Sumar ven con buenos ojos que el presidente haya accedido a comparecer, y creen que puede desbloquearse la –más que difícil– situación de la ley de regulación de los grupos de interés, en fase de ponencia. Se recibe bien la disposición del PSOE a iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.