La Audiencia Nacional desmonta las justificaciones de Zapatero sobre el rescate de Plus Ultra

"Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración". Así de seguro se mostró este martes el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, horas después de que se hiciera pública su imputación por la Audiencia Nacional. Unas declaraciones que, en efecto, se corresponden con el auto del juez José Luis Calama, que indica que el socialista no actuaba en primera persona ante las administraciones públicas porque, precisamente, para eso se servía de los integrantes de la presunta red.

Según el instructor, los directivos de Plus Ultra trataron de obtener el rescate de 53 millones concedido por la SEPI mediante "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos", articulando para ello dos líneas de influencia diferenciadas: una a través del exministro José Luis Ábalos y otra a través de Zapatero, que fue la que finalmente se impuso.

"Esta ilícita actividad es conducida por Zapatero, a través de la dirección de los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincularse de las actividades de la trama", sostiene el juez, argumento que contrasta con la versión del expolítico.

Calama describe la existencia de una "red organizada dedicada al ejercicio de influencias", sustentada en los contactos políticos de Zapatero y puesta al servicio de terceros que pagaban por los servicios prestados. En esa estructura, su amigo y socio Julio Martínez Martínez, propietario de Análisis Relevante, desempeñaba un papel central como interlocutor habitual con los clientes, receptor de instrucciones directas del expresidente del Gobierno y responsable del entramado societario destinado a canalizar los fondos obtenidos.

Por otro lado, Zapatero aseguró que "jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo". Sin embargo, el instructor explica que el expresidente lideraba un "entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos".

En este esquema, junto a Análisis Relevante, descrita como una pieza instrumental diseñada para canalizar fondos hacia Zapatero, Calama alude a Whathefav SL, administrada por sus hijas, que actuaba como "sociedad finalista" para recibir los beneficios económicos de la trama. Además, la resolución señala el uso de entidades en territorios off-shore, como Landside Dubai Fzco, presuntamente creada por orden de Zapatero para cobrar comisiones en el extranjero y evitar su trazabilidad en España.

Otro de los argumentos que, a priori, queda desmontado con el auto es el que ofreció Zapatero cuando acudió a la Comisión de Investigación del Senado: que cobró de la sociedad Análisis Relevante por la realización de informes tanto orales como escritos, negando cualquier tipo de irregularidad al respecto. Sin embargo, Calama sospecha que estos contratos no eran más que una "mera justificación":

"La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos sería Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas, recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos".

La "boutique financiera" de Zapatero

La resolución judicial sostiene además que los propios investigados se referían internamente a la estructura como un "equipo" o una "boutique financiera". En una de las conversaciones incorporadas a la causa, uno de los intermediarios, Manuel Fajardo afirma que "en el equipo del amigo estamos él y yo" y asegura que habían firmado "una alianza con una institución del Estado para operar una planta empaquetadora", lo que, según decía, generaría "para la boutique entre 6-10k mensuales".

En otro mensaje interceptado, Julio Martínez trasladó a Domingo Amaro Chacón, cliente de los supuestos servicios de la red, que no podía responderle porque se encontraba "en misión de Z". El magistrado, en su extenso documento, da detalles de cómo funcionaba la operativa liderada por Zapatero, que tendrá que acudir a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

Señala que la "gestión cotidiana" de la red correspondía a un tercer nivel jerárquico, integrado por Gertrudis Alcázar, secretaria de la oficina del expresidente del Gobierno, quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por este. Por su parte, Cristóbal Cano asumiría un rol equivalente al de Gertrudis, actuando como gestor diario del entorno societario controlado por Julio Martínez, manteniendo además un contacto fluido con la secretaria del expresidente.

La resolución sostiene que Zapatero estaba al tanto de todo lo ocurrido, pero se mantenía en un segundo plano para no verse salpicado por la actividad de la organización, en contraposición a las justificaciones que ofreció el expolítico del PSOE. Según el auto, su liderazgo no se manifestaba de forma pública, sino mediante su "capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas".

Pese a este alejamiento operativo, el juez concluye que Zapatero ejercía un "liderazgo efectivo" sobre la estructura, siendo el responsable último de las instrucciones para confeccionar facturas ficticias y canalizar los fondos ilícitos.