De la vía judicial a la vía policial: así intentaron las cloacas del PSOE acabar con la causa del hermano de Sánchez

El sumario del 'caso Leire' ha destapado un entramado para intentar paralizar la causa en la que se investiga al hermano de Pedro Sánchez por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. David Sánchez declara como investigado este jueves ante la Audiencia Provincial de Badajoz. La causa se centra en supuestas irregularidades en su contratación como coordinador del programa 'Opera Joven' por parte de la Diputación de Badajoz, puesto que, según las acusaciones, pudo ser creado a su medida.

En este sentido, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados a la investigación, a los que ha tenido acceso El Independiente, apuntan a una supuesta estrategia que habría sido orquestada por las presuntas cloacas del PSOE para "proteger los intereses del Gobierno y del partido" frente a las diversas causas judiciales que rodean al entorno socialista.

"Desestabilizar" los procesos judiciales

Una de las líneas de acción de este entramado que ahora investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional habría sido el intento de "desestabilizar" el proceso judicial que afectaba a David Sánchez Pérez-Castejón. El hermano del presidente del Gobierno fue imputado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz por su supuesto 'enchufe' en la Diputación. Según los investigadores, para paliar los efectos mediáticos de esta investigación la estrategia de las cloacas no solo se habrían centrado en la vía judicial, sino que también habrían buscado influir en el ámbito policial. Especialmente, en la UCO.

La denuncia inicial contra David Sánchez fue presentada por Manos Limpias en mayo de 2024, por los presuntos delitos de malversación, fraude y contra la hacienda pública. A finales de ese mismo mes, el Juzgado pacense acordó iniciar una investigación que desembocó en la imputación del hermano de Sánchez ya en noviembre. En este contexto, la UCO apunta en su informe al juez Pedraz que la trama orquestada por Leire tenía "una estrategia" para desestabilizar las causas judiciales y que la prioridad principal era "el Presidente". Según la investigación, de esta estrategia era conocedor el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien el magistrado atribuye un "papel superior" en la trama.

La estrategia judicial: desestabilizar el Juzgado de Badajoz

La primera línea de defensa del grupo se articuló en el ámbito judicial, buscando influir en el procedimiento contra el hermano del jefe del Ejecutivo en el Juzgado de Badajoz. Para ello, la organización recurrió al exjuez Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, con quien crearon un grupo de WhatsApp en el verano de 2024 llamado 'Vacaciones y viajes', ya que se reunieron en la casa del socio de Leire, Javier Pérez Dolset, en Tarifa. El exmagistrado se presentó como alguien que llevaba más de una década investigando la corrupción del entorno judicial y municipal de Badajoz.

Sin embargo, su primer encuentro tuvo lugar en un piso en el número 36 de la madrileña calle Diego de León, según afirmó un testigo a la Guardia Civil. Leire y Dolset se refirieron al inmueble como "un piso franco del PSOE para la celebración de reuniones", del que Díez disponía de llave. En esa reunión, Sáenz de Tejada hizo una exposición sobre múltiples jueces y funcionarios, incluyendo a la jueza Beatriz Biedma —instructora de la causa que contra el hermano del presidente—, a cambio de lo cual Leire le prometió trabajar para lograr su reingreso en la carrera judicial.

Una querella contra Biedma

También se abordó la posibilidad de que el exjuez asumiera la defensa del hermano del jefe del Ejecutivo con el fin de promover la recusación de Biedma, aunque David Sánchez rechazó la propuesta. Estas tácticas se recogen en las anotaciones en una de las libretas de Leire intervenidas por la UCO, donde se incluía además la interposición de una querella contra la jueza Biedma o la posibilidad de que el fiscal de Badajoz, José Grinda, sirviera de "puente".

El 11 de septiembre de 2024, Leire ya registraba en sus anotaciones la intención de Luis José Sáenz de denunciar a la jueza del caso. Cuando el 27 de noviembre de 2024 la magistrada imputó a David Sánchez, Sáenz de Tejada no tardó en remitir un burofax al Fiscal General del Estado, reiterando la denuncia.

Una denuncia contra varios jueces

La ofensiva contra la magistrada Biedma no se detuvo ahí. El 17 de septiembre de 2024, Sáenz de Tejada envió a Leire un borrador de denuncia contra varios magistrados de Badajoz. Donde estaba incluida la magistrada Biedma. Este documento, que Leire remitió horas después a Santos Cerdán, fue incluso modificado por ella para "quitar lo que dijeron que producía excesiva dureza". La denuncia la interpuso finalmente Sáenz de Tejada el 21 de octubre de 2024 ante la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, el 19 de febrero de 2025, Sáenz de Tejada solicitó personarse como acusación popular en la causa. La magistrada Biedma rechazó esta personación el 5 de marzo de 2025 por considerar que entrañaba abuso de derecho. El 20 de marzo de 2025, presentó un escrito de recusación contra la jueza por "enemistad manifiesta", que también fue desestimado. Paralelamente,  Sáenz de Tejada llevó a cabo una campaña activa en YouTube contra la magistrada Biedma, pidiendo a Leire que difundiera sus vídeos.

La vía policial: el asedio a la UCO

Por su parte, la investigación de la UCO ha puesto al descubierto presuntas injerencias y presiones en causas judiciales con implicaciones políticas. Según las declaraciones de un agente de la Guardia Civil, quien fue Jefe de la UCO entre julio de 2023 y diciembre de 2025, el 12 de julio de 2024 se produjo una reunión crucial.

En ella participaron el entonces Director General de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, el Jefe de Policía Judicial, el Director Adjunto Operativo (DAO) y el propio Jefe de la UCO. El motivo de este encuentro fue una solicitud de la UCO para recabar correos electrónicos en el marco de la investigación contra David Sánchez. En esta reunión, el Director General calificó el oficio de la UCO como "totalmente prospectivo y malintencionado". Llegó a afirmar que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba "por los suelos". Además, exigió que el informe sobre los correos electrónicos estuviera listo para el viernes siguiente (19 de julio) y que concluyera "que no había nada", incluso si esto implicaba que el personal de la UCO trabajara sin vacaciones.

"Ponerse de perfil"

La presión no terminó ahí. El 16 de julio de 2024, el DAO se trasladó a las dependencias de la UCO para una reunión con el Jefe de Policía Judicial, el Jefe de la UCO y los investigadores del DIECAN vinculados a la "Operación CAJIRON" (la investigación sobre David Sánchez).

En este encuentro, el DAO instruyó a los presentes para que, en aquellos procedimientos policiales con afectación política, no fueran proactivos. Les indicó que debían "ponerse de perfil" y que la iniciativa debía recaer en la Autoridad Judicial. Estas directrices, que buscaban limitar la actuación de la UCO en investigaciones sensibles, se enmarcan en un contexto de supuesta campaña de desprestigio contra la UCO, promovida por personas vinculadas al PSOE.

Balas en el juicio de Badajoz

Aún así, y tras todas las operaciones activadas por las cloacas del PSOE para acabar con la causa de David Sánchez, el jefe de la UCO ha dicho en su declaración que la investigación mantiene que fue el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien impulsó la creación de la plaza que terminó ocupando el hermano del presidente del Gobierno. Según explicó ante el tribunal, el Área de Cultura actuó como el auténtico "motor" del proceso y los correos electrónicos intervenidos sitúan a Gallardo en el centro de las decisiones que desembocaron en la puesta en marcha del puesto de coordinador de los conservatorios.

Balas detalló que los investigadores han reconstruido el origen de la plaza a través de las comunicaciones internas entre Cultura y Recursos Humanos. En ellas, según expuso, se aprecia el interés por acelerar los trámites de una convocatoria que ya contaba con dotación presupuestaria. El teniente coronel afirmó además que el expresidente provincial fue quien dio el "pistoletazo" definitivo para activar el puesto en 2017 y sostuvo que la UCO concluyó que la plaza fue creada específicamente para ser adjudicada a David Sánchez. Como uno de los indicios que sustentan esa tesis, recordó que el hermano del presidente ya estaba buscando vivienda en Badajoz e incluso comunicó a un propietario que se trasladaría a la ciudad un día antes de poder conocer oficialmente la resolución de la convocatoria.

Informaciones reservadas

Paralelamente a estas presiones internas, se ha revelado una trama externa para influir en investigaciones y desacreditar a la UCO. Antonio Rodríguez Estepa, un testigo en las diligencias, declaró que la abogada Leticia de la Hoz, personada en la causa Gaslow, le ofreció beneficios procesales en su causa a cambio de información comprometedora sobre Repsol, la UCO, el teniente coronel Antonio Balas y altos cargos de Hacienda.

Según Estepa, Leticia de la Hoz le transmitió que actuaba como intermediaria y que la persona que podría reunirse con él para llevar a cabo el ofrecimiento era Leire Díez, a quien describió como relacionada con el Gobierno a un "segundo nivel". Además, Leire Díez y Dolset habrían solicitado a Rodríguez Estepa que aportara documentación sobre sus causas y le preguntaron específicamente por el guardia civil Antonio Balas, a quien, según Estepa, habrían querido "quitar de en medio".

La magnitud de estas acciones, que incluían intentos de desacreditar a investigadores y de influir en el curso de la justicia, provocó la incoación de informaciones reservadas dentro de la Guardia Civil. El ex Jefe de la UCO, testificó sobre tres de estas informaciones reservadas, una de ellas en mayo de 2025, originada por noticias en prensa sobre conversaciones de WhatsApp entre José Luis Ábalos y Koldo García.

El magistrado del Tribunal Supremo advirtió al General Jefe de la Jefatura de Armas Explosivos y Seguridad (JAES), instructor de esta información reservada, de que no autorizaba una investigación paralela de carácter administrativo en una causa ya judicializada. Esta advertencia llevó al cierre de dicha información reservada por orden del DAO, lo que sugiere una posible colisión entre las investigaciones internas de la Guardia Civil y la independencia judicial en casos de alta sensibilidad política.

La directora de la Guardia Civil

La situación se agrava al considerar que, según la nota de despacho del DIECAN, Leire Díez presumía de tener control sobre la cúpula directiva de la Guardia Civil, y de forma concreta, sobre su Directora General. Esta campaña de desprestigio, que buscaba crear una corriente de opinión basada en la supuesta falta de rigor profesional y motivaciones espurias de la UCO, tenía como objetivo final desacreditar las investigaciones que afectaban al entorno del Gobierno.

La existencia de grabaciones de audios de las comunicaciones de Leire Díez con el comandante Rubén Villalba y Alejandro Hamlym, donde se les ofrecía una "estrategia común" para atacar la instrucción de la UCO y a sus investigadores, subraya la seriedad de los intentos de manipulación y la profundidad de las "cloacas" que habrían operado para influir en la justicia.