La asociación profesional JUCIL ha exigido de forma urgente la incoación de un expediente disciplinario y la inmediata separación de funciones del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llama, tras su imputación en el caso Leire Díez. Del mismo modo, la organización reclama el cese y la separación de funciones de la directora general del cuerpo, Mercedes González. JUCIL sostiene que la permanencia de ambos altos cargos en sus puestos resulta incompatible con el desarrollo neutral de la investigación judicial en curso.
La polémica surge a raíz de la imputación de los dos mandos por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa contra la Administración de Justicia, concretado en una supuesta obstrucción a la justicia mediante intimidación. Se investiga si ambos altos cargos utilizaron presuntamente la estructura jerárquica y disciplinaria de la Guardia Civil para condicionar la actuación de las unidades de Policía Judicial que llevaban a cabo pesquisas de gran relevancia. Ante la gravedad de los hechos, JUCIL solicita la adopción inmediata de las medidas cautelares legalmente previstas.
La organización argumenta que no actuar genera un fuerte agravio comparativo y un hondo malestar dentro de la Guardia Civil. A juicio de la asociación profesional, no apartar provisionalmente a los investigados implica otorgarles un trato privilegiado. En este sentido, insisten en que no puede haber dos varas de medir distintas: una muy rigurosa para los agentes de a pie y otra laxa para quienes dirigen la institución.
Para evidenciar este nivel de exigencia, la asociación recuerda que, solo durante el año 2025, un total de 1.014 guardias civiles fueron objeto de expedientes disciplinarios, de los cuales 185 correspondieron a faltas calificadas como muy graves. Como consecuencia directa de estos procedimientos, 64 agentes fueron suspendidos de empleo y seis de ellos resultaron separados del servicio.
Para JUCIL, resulta de justicia aplicar al alto mando el mismo rasero que al resto del cuerpo mediante el artículo 92 de la Ley de Personal de la Guardia Civil. Este artículo prevé la suspensión de funciones como medida cautelar cuando un agente es sometido a un procedimiento penal o disciplinario por hechos de especial gravedad. La asociación justifica que esta medida es necesaria por razones de disciplina, ejemplaridad, igualdad de trato y para salvaguardar la imagen del Instituto.
Además, la organización advierte que la permanencia del investigado en el cargo "no es institucionalmente neutra" y entorpece las garantías del proceso. Al conservar el mando de operaciones, la Jefatura de Información y la Policía Judicial, el DAO mantiene el control y acceso sobre unidades y documentación directamente vinculadas a la causa penal. JUCIL alerta del riesgo objetivo de que siga ejerciendo su autoridad sobre las mismas unidades que llevan a cabo la investigación judicial.
Por último, la asociación profesional tilda de "desacertadas" las declaraciones de Manuel Llama, quien afirmó deberse únicamente a quien lo designó en el cargo. Para JUCIL, la lealtad de los mandos de la Guardia Civil debe estar al servicio de la institución y del interés general, y no de quienes ocupan temporalmente puestos de responsabilidad política. De este modo, reclaman una actuación inmediata para preservar la imparcialidad y la reputación de la Guardia Civil frente a intereses ajenos a los policiales.
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