El Gobierno desplegará boyas para extender la frontera física terrestre al mar en Ceuta. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a la ciudad autónoma tras la avalancha de casi 50.000 migrantes que han accedido de forma irregular en los últimos días.
Se trata, ha defendido el jefe del Ejecutivo, de que "se vea desde el punto de vista administrativo que existe una barrera de contención y por tanto se pueden producir y desarrollar esas repatriaciones en frontera". Será la empresa pública Sasemar, en colaboración con la Armada, quien se encargue de desplegar los elementos sobre el agua.
Es lo que comúnmente se denomina como 'devoluciones en caliente', que una reciente sentencia del Tribunal Supremo impide realizar si los migrantes llegan a través del agua, donde no existe hasta ahora ninguna barrera física que tengan que sortear. Así lo estableció la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, que no modifica la Ley de Extranjería ni declara ilegal el régimen de devoluciones en frontera. Lo que hace es interpretar el alcance de la disposición adicional décima de esa norma.
Esta permite el rechazo inmediato de quienes sean detectados intentando superar los "elementos de contención fronterizos". Para el Supremo, esa referencia hace referencia a obstáculos físicos instalados para impedir el paso —como las vallas de Ceuta y Melilla—. Pero no puede hacerse extensible al mero hecho de traspasar a nado una frontera marítima.
"Quien pretende entrar a nado, no supera, ni intenta hacerlo, ningún elemento de contención fronterizo; expresión que sin duda ha de referirse a aquellos elementos físicos que de forma artificial colocan los Estados, y no a la línea marítima cuya existencia —física al menos— es imposible de "superar" por no existir ese elemento físico", recoge la resolución recogida este jueves por El Independiente.
Sánchez ha dicho que "las mafias que trafican con seres humanos" han hecho una "lectura interesada" de esa sentencia del Supremo, que ratifica una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Como no resulta aplicable el rechazo en frontera, el Supremo fija que la Administración debe aplicar al procedimiento ordinario de devolución previsto en la Ley de Extranjería. Un mecanismo que requiere respetar las garantías como la asistencia de un abogado, la posibilidad de contar con intérprete, formular alegaciones o pedir protección internacional.
Más allá de eso, el Gobierno también ha desplegado a miembros de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la ciudad autónoma. Asimismo, está estudiando "modificar algunos aspectos de las leyes" para evitar las avalanchas de los últimos días. Sánchez ha calificado lo ocurrido como una "violación de la integridad territorial de España", aunque ha alabado la cooperación con Marruecos en materia migratoria en los últimos años.
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