En apenas una semana, el Gobierno central, a través de pronunciamientos de los principales ministros competentes en la crisis migratoria de Ceuta, ha protagonizado un viraje respecto al criterio de qué debe hacerse con las personas que entraron entre el 30 y 31 de julio irregularmente a la ciudad autónoma. Todo mientras de fondo se ha agudizado la contienda política, de acusaciones entre Moncloa y Génova, y con barones populares como el presidente ceutí Juan Jesús Vivas. Las actualizaciones sobre cómo afrontar este asunto han dado pie a controversias, a dudas incluso entre los socios del Gobierno sobre si impera un criterio unificado o no, y también ha dado lugar a críticas desde la oposición, especialmente de PP y Vox.

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Pasada la primera semana de crisis migratoria, el Gobierno sentó su criterio sobre el escenario al que se enfrentaban los desplazados. El 11 de agosto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se mostró tajante desde la ciudad autónoma y expresó que "quien entre irregularmente Ceuta o Melilla, sepa que van a ser devueltos". "No van a poder alcanzar ni la Península ni el continente europeo" ni podrán "quedarse de manera indefinida" en la ciudad autónoma. Tras esas palabras, Vivas mostró agradecimiento por la disposición a las repatriaciones. Ese mismo día, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desde Almería, insistía en ello e iba más allá. Indicó que se estaba "trabajando con el Gobierno de Marruecos sobre una línea, la de lograr que todos los menores puedan reagruparse con sus familias". Recalcó: "Todos y cada uno de los menores".

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El 13 de agosto desde la Delegación del Gobierno en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se refería al asunto afirmando que "ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular se va a quedar; ninguno va a ir a la Península". Marlaska mantenía esa postura desde el principio de la crisis, en una anterior visita, de hecho, pero esa jornada, hizo una matización que ya aventuraba el primer matiz: se remitió a lo contemplado por la legislación. Apeló a que se seguiría "el cumplimiento riguroso de la ley de extranjería en parámetros de legalidad y derechos humanos". La referencia a la legalidad introducía un matiz relevante respecto al mensaje de Albares: el retorno no podía plantearse al margen de los procedimientos previstos para cada colectivo, incluidos los menores y quienes solicitasen protección internacional".

Solo horas antes, desde la secretaría general de Protección Civil en Madrid, había sido más claro. Tras anunciar que había ordenado que cualquier migrante que cometa delitos durante la estancia en Ceuta sea expulsado de inmediato de acuerdo al 57.7 de la ley de extranjería, Marlaska fue más claro: "Quien tenga ese derecho, tendrá asilo" y a quienes le sea "desestimado" serán "expulsados" por tratarse de "una entrada ilegal". Esta precisión ya generó contraste con las palabras de Albares y de Bolaños, aunque por la mayor precisión que por la rectificación. Alejaba al PP de Vivas y por ende a Génova del Gobierno, dado que los populares vienen insistiendo en la necesidad de retornos inmediatos, totales y en el fomento de la reagrupación de esos menores con las familias o para quedar bajo la tutela de los servicios sociales de Marruecos, más cuando el país lo ha pedido.

El PP plantea tratar la crisis como un escenario excepcional, no migratoria, sino de "soberanía", algo que no encaja con la legislación vigente

Para el PP, la principal diferencia que debe guiar el abordaje de este asunto es que concibe la llegada de esos migrantes no como una crisis humanitaria, sino como una "invasión" y un ataque a "la soberanía" española. Pero para el Gobierno, las interpretaciones del tipo de momento no deben sobreponerse sobre la jurisprudencia. El PP alude a la modificación del reglamento europeo 2026/464 que incluye a Marruecos como país seguro desde este año para ver justificados los retornos y la negativa a asilos. Pero hay matices porque lo único que puede fomentar es dar más rapidez a los procesos. Aunque muchos de esos migrantes proceden de terceros lugares que en guerra o no, sí hacen necesario el estudio individualizado de cada caso uno a uno. Quedan unos 10.000 migrantes de los más de 72.000 que entraron, y de ellos, unos 2.500 serían menores según datos del Gobierno, aunque las entidades sociales casi duplican la cifra. La misma cifra se baraja sobre potenciales peticiones de asilo.

El Gobierno recalca que el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, aunque ha endurecido los procesos y puede agilizarlos, mantiene la necesidad de abordar esos expedientes. Y la legislación española –hay precedentes de sanciones judiciales– contempla que los menores tienen derecho a protección y a preservar su interés último. Al estudio de sus casos antes de atender a si es recomendable esa reagrupación familiar. El PP insiste en que la excepcionalidad requiere una gestión excepcional. Génova se apoyó esta semana en el aval desde la Comisión Europea –del portavoz para Asuntos de Interior, Markus Lammert– para efectuar esas repatriaciones ágilmente de acuerdo al Pacto, pero recientemente Bruselas matizó también su postura para demandar que en esos retornos el Ejecutivo cumpla su "deber" de proteger los derechos de los menores.

La cuestión es que la legislación establece los mecanismos desde el minuto uno; desde que el Gobierno reformó la normativa en abril del año pasado vía real decreto-ley y sin poder haber llegado a un acuerdo con el PP. Sí con sus socios y los votos de Junts a cambio de que Cataluña no se viese afectada por los repartos de menores en plena crisis por la presión migratoria canaria. En esa legislación se contemplan los derechos a la acogida y al asilo y se articula el mecanismo para que una vez saturada una comunidad autónoma se produzcan repartos obligatorios. Por eso, las matizaciones que ha ido haciendo los distintos ministros dejan más expuesto al Gobierno frente a acusaciones de falta de implicación, de 'inacción' y de improvisación.

Giro reafirmado por Rego y Saiz

Si Marlaska introducía un cambio en el debate, las intervenciones de las ministras Elma Saiz, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de Sira Rego, de Juventud e Infancia, reafirmaban el vuelco, sin reducir el asunto a diferencias dentro de la coalición de PSOE y Sumar, con Rego como representante de IU. Ya Rego después de que Marlaska se matizase y de que Albares insistiese en los traslados de todos los migrantes, afirmó que si bien era prioridad la "identificación" y la "reagrupación familiar", añadía la idea de "atención humanitaria", desde la atención sanitaria mínima, de alimentación y recientemente de reubicación en espacios seguros que son, pese a todo, limitados. Ya Rego mencionaba antes que sus compañeros en el Consejo de Ministros que "los menores que no pudieran retornar serían incorporados al sistema nacional de acogida".

Antes de que Albares aludiera a un retorno de todos los menores, Rego ya planteaba que habría menores dentro del sistema de acogida

A principios de esta semana Saiz comunicó la apertura de 1.500 plazas para reubicar a migrantes que estaban instalados en la Playa del Trampolín y abría la posibilidad de alcanzar las 4.000. Insistió en las labores de atención de los migrantes mientras el choque con la oposición se agravaba y el PP –y Vox– reclamaban la expulsión inmediata. La tensión va en aumento. Si ya la faceta sanitaria de la crisis había tensionado al Gobierno con Mónica García y Vivas, con Saiz se intensifica el debate sobre la tardanza de asistencia o sobre por qué el Ejecutivo local no puso medios desde un principio.

Desde su llegada a Ceuta el lunes, Saiz recalcó el respeto a la legislación vigente, que incluía la atención individualizada de cada caso. Pero fue el nuevo anuncio del Gobierno el que daba un nuevo giro a la situación. Más allá de contemplar la acogida de menores, Juventud e Infancia puso el foco en el traslado urgente de 500 niñas menores en riesgo de vulnerabilidad, seleccionó entre los 2.500 menores detectados por el momento, y, por ello mismo, interpretando de una determinada manera la Ley de Extranjería. Esa misma tarde del miércoles 19 de agosto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo aterrizó en Ceuta para protagonizar una rueda de prensa junto a Vivas en la que ambos volvieron a reclamar retornos y "un mando único" para gestionar la crisis. Uno que ha decretado este viernes el Gobierno, con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente.

Rego respondía esa misma tarde a las palabras de Feijóo asegurando claramente que "es ilegal devolver a los menores" sin seguir los procedimientos. Le reprendió por apostar por "deportaciones de niños y niñas sin garantías ni ningún derecho". Menos de 24 horas después, y aún desde Ceuta para coordinar los trabajos de atención a los migrantes, Saiz defendió guiarse por "el interés superior del menor".

Las diferencias, aprovechadas por el PP

En pleno periodo de presión por la gestión de la crisis, los cambios de criterio experimentados por el Gobierno y sin la referencia concreta de Sánchez, aún de vacaciones en La Mareta, han permitido al PP ahondar en el relato de 'incapacidad' del Ejecutivo. Todo pese a que los procesos están definidos y las diferencias radican más en una cuestión de pronunciamiento público que interpretativa. Uno de los cargos que se refirió a esta división precisamente el miércoles fue la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que tras resumir las distintas posiciones de los ministros indicó que el traslado de 500 menores supone una contradicción cuando la ministra de Sanidad, el domingo, afirmó que "las menores estaban seguras en Ceuta" ante algunos casos de agresiones a niñas y a mujeres por la que ya se han producido algunas detenciones.

Al PP este giro le facilita acusar al Ejecutivo de intentar confrontar con la oposición, por haber defendido inicialmente las mismas fórmulas; mencionar que es Moncloa quien ha cambiado de opinión. Refuerza con ello su argumentario, más político que jurídico. Especialmente horas después de que la Fiscalía de Menores haya vuelto a insistir en que no puede haber devoluciones inmediatas.

Al PP este asunto le permite confrontar con un asunto delicado que viene beneficiando electoralmente a Vox frente al PSOE –como describen las encuestas–, que puede suponer un importante elemento para iniciar la carrera electoral de 2027. De hecho, fuentes del PP nacional sacan pecho tras la designación de Torres como coordinador del mando único. "Es una de las siete soluciones que el presidente Feijóo detalló" en su visita con Vivas, indican. Ahora bien, la insistencia en las posiciones con la legalidad vigente, con los matices de la UE y con el Gobierno hablando de retornos pero en ningún caso de "inmediatez", puede perjudicar a Génova si no se avanza matizando la postura.