Vox cierra la puerta a las 500 niñas migrantes de Ceuta en las comunidades donde tiene competencias

Hasta tres comunidades confirman que se descuelgan de la reunión que este jueves celebra la Conferencia Sectoral de Infancia y Adolescencia con la ministra Sira Rego al frente a raíz de la crisis de Ceuta. Se trata de tres de las cuatro comunidades donde PP y Vox conforman coaliciones, Aragón, Extremadura y Castilla y León, y en donde las competencias de infancia las ostentan los vicepresidentes del partido de Santiago Abascal. Ya se ausentaron el pasado 13 de agosto los directores generales de Infancia de esas comunidades, cuando se decidió la fecha de la convocatoria en una reunión técnica.

Los vicepresidentes autonómicos, el castellano y leonés Carlos Pollán, el aragonés Alejandro Nolasco, y el extremeño Óscar Fernández, son los responsables de las competencias de Infancia y Juventud por tener a su cargo las carteras de Servicios Sociales o Familias. Extienden ese rechazo a todos los menores migrantes que pueden acabar derivados a la Península. Han asegurado que impugnarán judicialmente cada expediente de menores de Ceuta que no acabe con la repatriación a Marruecos. Las posiciones se vienen trasladando dirigidos al Minsterio de Juventud e Infancia mediante escritos entre este martes y la jornada de hoy.

Aunque Vox extiende ese rechazo a todos los menores, en el foco principal quedan las derivaciones de 500 niñas migrantes en situación de vulnerabilidad planteada la semana pasada por el Ministerio de Juventud e Infancia. Una actuación "urgente" según el Gobierno y que buscaría que ONG privadas asumiesen la acogida mientras la tutela seguiría en Ceuta. Aunque no se encuentra el asunto en el orden del día de la reunión, la ministra quiere plantearlo a las comunidades, y de votarse a favor, algo que se descarta por ahora, podría debatirse. En esas misivas, y ante esa posibilidad, los vicepresidentes de Vox anuncian un rechazo concreto y explícito. Quieren que conste su veto en esa reunión a cualquier distribuición por el territorio nacional.

"Saturación" y preferencia por la "reagrupación familiar"

Las tres comunidades atribuyen ese rechazo a cuestiones de "saturación" y recuerdan los argumentos que los vicepresidentes ya hicieron a principios de la crisis y tras una primera advertencia de Rego de que la finalidad eran los repartos. El 8 de agosto, por ejemplo, Fernández ya apeló a que cualquier distribución podría dificultar los retornos totales que respaldan en su partido y junto al PP en las comunidades. Se aspira a un retorno y una reagrupación familiar inmediata que, en todo caso, la legislación no permite sin pasar antes por unos procesos que incluyen esa acogida tras la reforma de la Ley de Extranjería del año pasado. "Marruecos pide esos retornos", se respaldan en las autonomías.

La Sectorial planteará a las comunidades un reparto de crédito de 25 millones de euros para las acogidas de menores

Y en todo caso, pese a la obligatoriedad de la ley a las acogidas si así se consideran y la disposición de herramientas legales para recurrir, desde esas consejerías se argumenta las competencias de fronteras y de extranjería son estatales. Por tanto, dicen que hasta que los expedientes de retorno o reunificación no se resuelvan, trasladar a los menores a otras autonomías "caree de fundamento" y "dificulta materialmente la localización de sus progenitores", que es una de esas máximas para PP y Vox.

"¿Es verdaderamente necesaria y la menos restrictiva la medida consistente en trasladar a un menor desde Ceuta a 800 kilómetros de su familia cuando existe una alternativa menos disruptiva cual es la de mantenerlo provisionalmente en Ceuta durante las pocas semanas necesarias para culminar el expediente individual de reunificación, cerca del punto fronterizo donde ha de realizarse la unificación? Cualquiera que no obtenga un beneficio político o económico de ese traslado, dirá que no", cuestionan.

Para justificar su postura, desde Vox se alude a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y a la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Indican que "el interés superior del menor" obliga a primar su permanencia en la familia y en el entorno de origen, lo que no se respetaría, dicen, con esos repartos peninsulares.

Lo que sí se abordará en esa Sectorial de Infancia es la distribución territorial de crédito por valor de 25 millones de euros para la atención de esos menores. Una decisión que no gusta y critican los vicepresidentes. Falta ver la postura del resto de comunidades donde gobierna en solitario el PP y si finalmente acudirán la Comunidad de Madrid o Baleares, en duda. Algunas lo harán de forma telemática.