El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acudió este viernes a la comisión de su ramo para comparecer sobre la actuación frente a la crisis de Ceuta tras las entradas irregulares masivas de los días 30 y 31 de julio. Le seguirán en otra jornada intensa de declaraciones los titulares de Exteriores, José Manuel Albares, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Las primeras palabras del ministro en comisión, sin límite de tiempo, fueron destinadas a relajar la tensión que se vive en las calles de la ciudad autónoma, tras días de protestas frente a instituciones, algunos episodios violentos contra migrantes, ciudadanos musulmanes ceutíes o corresponsales de medios de información. Pero, especialmente, después de los incidentes de este jueves, con el intento de bloqueo de un vehículo de Cruz Roja para dotar de alimento a los migrantes que aún no están alojados, y la quema de enseres y tiendas en la playa de Benitez, donde los mismos estaban acampados.
"Llamo a una calma y a un cese de cualquier violencia. La violencia no es el camino para resolver ningún problema", afirmó. Denunció el "aprovechamiento político" y de la desinformación que algunos están haciendo de la situación excepcional para generar "enfrentamiento entre personas". Frente a la desafección ciudadana, que ha impulsado buena parte de las protestas pacíficas, Marlaska insistió en la línea sostenida por los tres ministros que esten jueves pasaron por la Cámara Baja. "El Gobierno ha trabajado sin descanso desde el principio y ha estado al lado de la ciudadanía. Hemos estado presentes en la ciudad y con comunicación permanente entre las administraciones implicadas", aseguró.
Marlaska cifró en 5.000 personas los migrantes que aún se encuentran en Ceuta las 72.000 entradas irregulares que estiman. "La naturaleza de los hechos dificulta la obtención de datos exactos". Destacó como sus predecesores esta semana los retornos voluntarios de esos migrantes en un 90-95%. El ministro defendió que la entrada masiva "fue un ataque a la integridad territorial de España" y que este asunto "no puede compararse con los flujos migratorios habituales", pero recalcó la necesidad de respetar la legislación con la aspiración de que vuelvan todos los que no cumplan los requisitos exigidos para un asilo o para una acogida, en caso de los menores migrantes.
Reconoce que el episodio fue un ataque a la integridad territorial de España no comparable a los flujos migratorios habituales
Incidió en que "la entrada irregular en Ceuta no genera expectativas automáticas de permanencia en nuestro país" y que, tras una fase previa de "salvamento", ahora se trabaja para "gestionar los retornos". Para ello, y bajo ese respeto a la legislación, trasladó Marlaska que se han "desplegado medidas extraordinarias para agilizar la tramitación de las solicitudes". Para estas labores, concretó, ayer se incorporaron once especialistas de la Dirección General de Protección Internacional. "España tiene sin duda alguna el deber inquebrantable de proteger la integridad de nuestro territorio, nuestras fronteras y la seguridad de nuestros ciudadanos y mantener con la misma un compromiso irrenunciable con la dignidad humana y los derechos fundamentales", zanjó el ministro.
El titular de Interior expresó, en todo caso, que Marruecos ha sido un "colaborador" en todo momento. Lo ha sidio "sostenida y eficaz a lo largo de los años" y ha facilitado "el retorno masivo" de quienes no reunían las condiciones para permanecer en España y en la UE", dijo, pese a ser esas marchas voluntarias.
Reforzamiento de la prevención desde julio
Marlaska habló de prevención en las semanas antes de la crisis. Tras reconocer la labor policial a todas las escalas, y la de las fuerzas armadas, "fundamental", enumeró el incremento de "70 guardias civiles en el vallado y el paso fronterizo a nado" a principios del mes pasado. La inclusión de "siete embarcaciones para tareas de vigilancia con 30 agente". Dató en 1.600 los efectivos, con 300 nuevos agentes de Policía Nacional y otros 200 de la Guardia Civil procedentes de distintos ámbitos de los cuerpos y en algunos casos de Andalucía.
Marlaska aludió a la sentencia del Tribunal Supremo 814/2026 del Tribunal Supremo, de 29 de junio de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación 3795/2025. La sentencia responde al caso de un ciudadano argelino interceptado el 14 de noviembre de 2024 en su intento de cruce a nado para entrar en Ceuta junto a otras dos personas, que fue entregado directamente a Marruecos. El Supremo concluyó que no se le podía aplicar una devolución en caliente.
El Gobierno atribuye a ello y a la difusión desmedida por redes sociales como Facebook o Tik Tok el desbordamiento de entradas sin control. En vista a ese movimiento en grupos sociales, Marlaska confirmó que se reforzó "de acuerdo a la legalidad" la frontera marítima con "boyas fondeadas de 700 metros de longitud y una barrera neumática gigante". "Desde 2018 –desde que asumió el cargo– a este mes de junio, el incremento de efectivos ha sido del 16,3%. Es cuatro veces el despliegue por habitante del resto del país".
Carga contra PP y Vox y elude hablar de Robles
Arremetió para cerrar Marlaska contra argumentos como el de que esta crisis es una "invasión" o "declaraciones de la derecha y la ultraderecha" que estigmatizan a los migrantes y ahondan "la división social". "Lo que se necesita" en ahora mismo es "serenidad y sentido de Estado", se refirió a PP y Vox. "Que hablen de invasores, delincuentes y llamen a cazar inmigrantes o lancen propuestas para deportar a personas hospitalizadas" es "incompatible con los principios democráticos y el reparto a la dignidad humana". "Hablamos de hombres y mujeres, niños y adolescentes, algunos en situación de desamparo, que deben ser tratados con humanidad y respeto".
Marlaska evitó hacer autocrítica a su gestión o a la del Gobierno, aunque sí destacó que se deben "extraer las lecciones necesarias" para la "prevención" en futuros desafíos fronterizos. Cedió el turno a los parlamentarios de la comisión sin aludir al desmentido a Margarita Robles del martes desde Moncloa, cuando como ella había afirmado que el Gobierno contase con información previa de los servicios de inteligencia.
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