El Gobierno intenta reconducir su imagen en la respuesta a la crisis de Ceuta tras 29 días y mientras crece la tensión en la calle

Con la intención de apagar varios incendios, hasta tres ministros del Gobierno acudieron este jueves al Congreso de los Diputados para protagonizar sendas comparecencias. Hubo, al menos, una triple intencionalidad: reconducir la imagen de acción del Gobierno ante la crisis humanitaria, de seguridad ciudadana y de desprestigio institucional que atraviesa Ceuta; atajar las dudas generadas tras la intervención del martes de la ministra de Defensa, y mandar un mensaje de sosiego a los ceutíes para intentar rebajar una tensión que no deja de crecer en las calles de la ciudad autónoma.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se esmeró en ello en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional con la que se abrió la jornada parlamentaria. Por un lado, reivindicó la respuesta del Ejecutivo central sin caer en la autocrítica ni pedir "disculpas", como sí hizo la ministra Margarita Robles, todo ello ante las críticas de la oposición. Y se centró en combatir la disonancia entre el relato del Gobierno y las sensaciones que, con todo, tienen los ciudadanos afectados.

Habló de un despliegue de todos los medios que se consideraron necesarios, a la vez que reforzó la imagen de compromiso poniendo en valor que desde 2022 se han invertido 180 millones más que durante los dos últimos gobiernos nacionales del PP. Bolaños aludió al refuerzo en seguridad, personal judicial y sanitario, y desmintió a la oposición sobre la presencia de Pedro Sánchez y los ministros: "Estar de vacaciones no supone ser ajeno a la crisis", sintetizó, aludiendo a la actividad telefónica con el presidente y a la toma de decisiones telemáticas.

Mencionó también un trabajo no público de preparación, distribución y análisis de informes para la posterior toma de decisiones. Y concluyó, al respecto, que aunque el objetivo fundamental es recuperar la normalidad lo antes posible, la complejidad de la crisis implica lentitud. En el despliegue logístico, en la identificación y registro de personas y menores y, en última instancia, en los retornos de todos ellos de acuerdo con la legislación, que a su vez requiere tiempo para revisar cada caso.

Bolaños descarga a Marruecos de cualquier tipo de responsabilidad frente a la crisis o que haya torpedeado la respuesta del Gobierno

Esa defensa de la gestión no convenció a la oposición, que reitera que hubo un vacío en Ceuta por encontrarse el grueso del Gobierno de vacaciones. Creen que se omitió información. Pero incluso socios como el PNV ven a un Ejecutivo sin preparación que se desbordó por la "dimensión" de la crisis. Entre las derechas, incluido Junts, se agita la teoría de la inacción de Moncloa por temor a represalias de Marruecos, con filtraciones de información obtenida tras el espionaje con Pegasus en 2022. Bolaños descargó a Rabat de cualquier responsabilidad. "La Audiencia Nacional archivó la investigación al no poder determinar la autoría" del hackeo y "no hay evidencias" de que estén detrás de las 70.000 entradas, sentenció Bolaños.

Sí ha habido comunicaciones posteriores entre Interior y el CNI como publica El Independiente: tras la entrada masiva se advirtió al Ejecutivo de la presencia de tres terroristas que habían conseguido acceder con la avalancha de personas.

Cerrar la polémica con Robles para allanar a Marlaska

Por otro lado, Bolaños quiso atajar la polémica generada por Robles, que mencionó en la Comisión de Defensa que los servicios de inteligencia españoles ubicados en Ceuta, "25 agentes", cumplieron con su labor en todo momento, incluso en las labores de prevención y de flujo de información. Pero el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la rebatió poco después asegurando que no se recibió nada. Moncloa no descartó que se hubiese recibido información puntual durante semanas antes sobre un incremento de llegadas a nado, pero en ningún caso de tal magnitud. La Delegación del Gobierno en Ceuta incluso desmintió haber recibido avisos de inteligencia.

Ante el debate abierto y las dos versiones, Bolaños allanó la comparecencia de este viernes a primera hora que protagonizará Marlaska en la Comisión parlamentaria de Interior. "El Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa del fenómeno de personas que entraron en Ceuta", sentenció sin moverse de ahí, reforzando a Marlaska y apartando a Robles como verso libre dentro del Gobierno. Todo ello sin mencionarlos, solo resaltando cuál es la posición del Ejecutivo. Bolaños, de fondo, con estas apreciaciones y las relativas a Marruecos, buscó cerrar ambos focos.

En tercer y último lugar, Bolaños quiso trasladar confianza a Ceuta tras dos jornadas en las que las calles vienen convirtiéndose en un hervidero. Desde protestas ciudadanas improvisadas al conocerse la posibilidad de utilizar instalaciones deportivas– impidiendo su uso ciudadano o para actividades extraescolares– para el alojamiento de migrantes, algo que ahora se deja para un caso excepcional, hasta convocatorias expresas frente al hotel del ministro Ángel Víctor Torres o la Delegación del Gobierno.

La tensión ha llegado a agresiones puntuales a inmigrantes, a ceutíes confundidos con migrantes de esta crisis por ser musulmanes, a corresponsales que informan de la crisis o a la generación de inseguridad entre los voluntarios de Cruz Roja que apoyan la asistencia. A media tarde del jueves, un centenar de personas bloquearon a grito de "mafia" el acceso de un vehículo de la ONG que iba a ofrecer alimentos a los migrantes. Posteriormente, otras rompieron el cordón policial y quemaron en la playa Benitez enseres y tiendas donde han estado acinados los migrantes.

La sensación de abandono del Gobierno es total entre los ceutíes, que en algunos casos señalan también a la UE, mientras se refuerza la unidad de discurso entre la calle y los principales partidos locales. Incluido el PSOE de Ceuta. Y aunque la crisis ha generado fisuras, también ha ampliado choques ya existentes en la ciudad autónoma, como el cultural, el económico y el social entre barrios. "Confianza y tranquilidad", dijo Bolaños, insistiendo en que el Estado está presente, que está poniendo medios y que, aunque requerirá tiempo, hay capacidad institucional para salir juntos de la situación.

La violencia complica la resolución de la crisis

Este rol, en todo caso, lo ejerció con mayor despliegue Torres, responsable del mando único en Ceuta y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Ante esos casos de violencia, Torres hizo un llamamiento concreto a no caer en esos comportamientos y abogar por la convivencia: "No a la violencia". De lo contrario, la apuesta por recuperar la normalidad tardará aún más. Pero mientras que esas palabras apuestan por calmar la calle, simultáneamente intenta descender la intensidad del debate político y fomentar la colaboración entre todas las administraciones. Incluido para un reparto peninsular de migrantes que descargue la tensión en Ceuta.

El PP y Vox se mantienen en tratar con excepcionalidad la crisis y ejecutar retornos inmediatos, y a eso el ministro apela a no generar expectativas de inmediatez cuando no es posible legalmente. Para esos retornos, defendió, se requieren plazos de identificación, filiación y revisión de cada caso individualizado, con información y diálogo con los países de origen. Los populares y Vox entienden la irritación de los ciudadanos y el presidente autonómico Juan Jesús Vivas pide sosiego aunque comprende el punto en el que está la población.

Datos para reforzar la idea de gestión

Al margen de las palabras de Bolaños, Torres presentó algunos datos para ejemplificar que el Gobierno se está moviendo, como la alojamiento ya efectuado de 1.827 mayores de edad, así como la filiación de 1.475 menores de edad, mientras 300 niñas están bajo supervisión de entidades locales por su especial vulnerabilidad ante posibles captaciones de redes de trata. Matizó que los migrantes que quedan son el 5-10% de los 70.000 totales, aunque esa mayoría retornó por voluntad propia y no por actuación del Gobierno.

Afirmó que los trabajos ya están en una "segunda fase", centrada en la gestión de esos migrantes que quedan. Quitó hierro al hecho de que se haya decretado un mando único 27 días después del inicio de la crisis, porque "la coordinación" ya se estaba dando entre administraciones. Desde su punto de vista, decretarlo solo refuerza la gestión de la crisis. Ahondando en la complejidad de la situación, mencionó que muchos enclaves para la ubicación local de los migrantes que aportó el Gobierno de Ceuta no servían por no contar con las condiciones mínimas de habitabilidad.

Hay cierta controversia cuando Torres promete "acortar plazos" en la gestión de la crisis y la resolución de expedientes, a la vez que se dice que esto requerirá tiempo. El ministro, en su caso, no entró a valorar el choque de versiones entre Robles y Marlaska, pero se suscribió a esa ausencia de información, achacando, como Bolaños, la magnitud de la crisis a la difusión en redes sociales de un bulo a raíz de una malinterpretación de una sentencia judicial.

Es la 814/2026 del Tribunal Supremo, de 29 de junio de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación 3795/2025. La sentencia responde al caso de un ciudadano argelino interceptado el 14 de noviembre de 2024 en su intento de cruce a nado para entrar en Ceuta junto a otras dos personas, que fue entregado directamente a Marruecos. El Supremo concluyó que no se le podía aplicar una devolución en caliente.

Especialmente en el caso de Bolaños, hubo varios puntos de confrontación con PP y Vox en los que el ministro negó el marco de que esta crisis sea una invasión y lo vinculó a una consecuencia de bulos difundidos en redes derivados de esa interpretación de la sentencia, que han levantado expectativas entre muchos. A Vox le rebatió con cifras de Frontex, comparando las llegadas irregulares desde 2021 a 2026 y destacando que, en países con gobiernos de afinidad ideológica como Italia, se duplican las entradas que ha tenido España.

La oposición pide que se concrete un plan concreto sobre la actuación en las próximas semanas en Ceuta y no limitar esas explicaciones a un desglose de los medios empleados.

García quiso cerrar el frente sanitario

La ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, se centró en querer rebajar la presión de la oposición, especialmente del PP, por posibles consecuencias sanitarias de la crisis de Ceuta. Repudió que se vincule la llegada de migrantes con una amenaza de salud pública, después de que se hayan pedido medidas especiales como confinamientos ante posibles brotes de enfermedades.

La ministra admitió que Ceuta "ha perdido la normalidad", pero negó que el sistema sanitario haya colapsado. Defendió que no se suspendió ninguna consulta ni quirófano, que durante todo el periodo hubo más de 100 camas libres y que actualmente solo hay 17 migrantes ingresados. También recordó que el sistema atendió a miles de personas desde el inicio de la crisis y que se reforzaron los dispositivos asistenciales.

García situó así el problema sanitario en las condiciones de hacinamiento y falta de salubridad en las que se encuentran los migrantes, no en su procedencia. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) situó en un nivel moderado el riesgo de transmisión entre los propios migrantes y en un nivel bajo para la población ceutí, según explicó la ministra. Se han detectado casos de tuberculosis, gastroenteritis, sarna y otras enfermedades, pero García negó que exista una situación epidemiológica que justifique hablar de una amenaza sanitaria para los ceutíes.

Ese fue precisamente uno de los principales puntos de confrontación política de su comparecencia. García rechazó la propuesta de de confinar a los migrantes y sostuvo que una medida de ese tipo no tiene respaldo científico ni legal. Frente a la idea de que los migrantes puedan ser el origen del riesgo sanitario, defendió que "alojar, vacunar, vigilar y atender" es precisamente lo que permite reducirlo. En esa misma línea, acusó al PP y Vox de alimentar un discurso que asocia migración, enfermedad e inseguridad.

La ministra acompañó esta defensa con medidas concretas: las comunidades autónomas y Sanidad acordaron movilizar 45.000 dosis de vacunas para Ceuta, cuya administración comenzará la próxima semana, y se mantendrá la vigilancia epidemiológica mientras se estabiliza la situación. García situó además entre las prioridades la mejora de las condiciones de alojamiento, la capacidad asistencial y la atención a las consecuencias psicológicas de la crisis.

Su intervención, por tanto, completó el mensaje que habían lanzado Bolaños y Torres desde otros frentes: mientras los primeros defendían la capacidad de respuesta institucional y el segundo trataba de rebajar la tensión en las calles y la presión política, García intentó desmontar la idea de que la crisis migratoria haya provocado un colapso sanitario y, al mismo tiempo, disputar a PP y Vox el marco de que la llegada de miles de personas constituye por sí misma una amenaza para la población ceutí.