Óscar Sánchez Gil permanecerá en la cárcel. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado este miércoles prorrogar la medida que mantiene entre rejas desde noviembre de 2024 al exinspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), investigado por su presunta implicación en una trama de narcotráfico y blanqueo. En un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado sostiene que los indicios contra él se han reforzado durante la investigación y destaca que son ya "abrumadores los elementos de cargo reunidos" contra el antiguo responsable policial.
De Jorge ha adoptado esta decisión después de la vista celebrada este miércoles para decidir sobre la continuidad de la medida cautelar, a la que se oponía la defensa del 'narcopoli'. El juez considera que persisten tanto los indicios de los delitos investigados como el riesgo de fuga y acuerda extender la prisión provisional hasta el máximo legal de otros dos años. Cabe recordar que Sánchez Gil se enfrenta a una investigación por tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos, delitos por los que podría imponerse una pena de hasta 20 años de prisión, tal y como señala el instructor.
El primer plazo máximo de dos años de prisión provisional vence el próximo 8 de noviembre. Cuando la causa no pueda ser juzgada dentro de ese periodo, la ley permite acordar una única prórroga de hasta otros dos años para los delitos con penas superiores a tres años. En su resolución, De Jorge recuerda que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ha confirmado en varias ocasiones la prisión de Sánchez Gil y que los indicios que se tuvieron en cuenta inicialmente "se han consolidado a lo largo de la instrucción".
El conocido como 'narcopoli' fue detenido después de que los investigadores localizaran más de 20 millones de euros ocultos en sus viviendas y en su despacho oficial. Entre las cantidades intervenidas figuraban 448.110 euros en efectivo en una segunda residencia y otros 896.400 euros escondidos en los muebles que utilizaba en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, además de dinero oculto en dobles fondos, paredes, techos, cajas fuertes y otros compartimentos.
La prisión provisional no se prorroga de forma automática por el transcurso del plazo, sino que requiere que el juez considere que siguen concurriendo las circunstancias que justifican la medida cautelar. De hecho, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya había confirmado en mayo de 2025 el encarcelamiento de Sánchez Gil al apreciar riesgo de fuga por la gravedad de los hechos investigados, las cantidades de dinero que se le atribuían y los indicios sobre su supuesta integración en una organización criminal.
Cabe recordar que la propia Audiencia Nacional revocó en mayo el procesamiento del exjefe de la UDEF. La Sala de lo Penal anuló el auto de procesamiento que De Jorge había dictado en febrero contra Sánchez Gil, el supuesto 'narco' Ignacio Torán —a quien los investigadores sitúan como uno de los principales responsables de la trama— y el resto de investigados.
La operación por la que fue detenido
La causa gira en torno a una presunta organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y al blanqueo de los beneficios obtenidos con la droga. Las pesquisas se intensificaron después de que la Policía y la Agencia Tributaria incautaran el 14 de octubre de 2024 más de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras.
Los investigadores sostienen que Sánchez Gil habría utilizado su posición dentro de la Policía para favorecer a la organización, entre otras actuaciones mediante consultas en bases de datos policiales que le habrían permitido conocer las investigaciones abiertas sobre sus integrantes. Las pesquisas apuntan a que el exjefe de la UDEF habría colaborado en la introducción de al menos 39 contenedores con unas 73 toneladas de cocaína, de los que solo dos fueron intervenidos.
Según la investigación, Ignacio Torán habría pagado a Sánchez Gil más de 32 millones de euros por su supuesta colaboración. Además del dinero localizado durante los registros, los investigadores atribuyen al exinspector jefe pagos por más de 1,7 millones de euros durante años por los servicios que presuntamente habría prestado a la organización.
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