El Senado copa el protagonismo de las negociaciones entre partidos durante esta precampaña, un reconocimiento que cotidianamente la cámara de representación territorial no tiene. Incluso ha llegado a ser calificada de 'cementerio de elefantes' por el reiterado envío de PP y de PSOE de algunas figuras destacadas en la política a modo de retiro. Durante la XV Legislatura, la que acaba de finalizar, el Senado se ha convertido en fortín para los populares con su mayoría absoluta, en un lugar de resistencia frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Principalmente con el torpedeo de algunas legislaciones, el estiramiento de plazos o, sobre todo, la creación de diversas comisiones de investigación como del 'caso Koldo', con las que hacer oposición. No sirvió, pese a todo, para bloquear iniciativas como la ley de amnistía, aunque sí para dilatar sus plazos de aprobación.
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Ante una previsible mayoría absoluta de PP y Vox en el Congreso de los Diputados, a la que apuntan todas las encuestas en mayor o menor medida, la izquierda socialista y plurinacional se movió discretamente durante el periodo para inscribir coaliciones. Sobre la bocina, el viernes pasado, el PSOE y los partidos que integran el Frente Amplio registraron una alianza en todas las provincias salvo en Cataluña y en Canarias, a excepción de La Gomera, llamada Senado de Progreso. El criterio de una alianza no explorada a nivel nacional desde los 2000 era claro: impedir que la derecha consiguiese mayoría absoluta y posicionarse la izquierda con ese control. Pero, más que nada, impedir que la división de la izquierda hiciese a PP y Vox aproximarse a la ansiada mayoría de 3/5 que junto a una amplia suma de más de 200 diputados en el Congreso habilitaría a ambas formaciones a llevar a cabo reformas profundas, constitucionales por encima de los 210, y el nombramiento de cargos institucionales sin contar con el criterio del PSOE.

Un ejemplo son los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Como ocurrió en 2024, tras el pacto entre PSOE y PP, después de que haya un listado con sucesivas propuestas, el Congreso elige seis jueces y magistrados y cuatro juristas de prestigio y de reconocida trayectoria. El Senado, por su parte, hace lo mismo, para reunir a los 20 vocales del Consejo. Para el primer trámite, el Gobierno necesitó a sus socios y al PP en este mandato anterior, dado que solo sumaba con sus socios 179 de los 210 diputados que hacen falta. Y la posibilidad ahora de que la derecha alcance ese límite con una gigantesca mayoría absoluta pone en riesgo el trámite. Especialmente contar con representantes 'progresisitas' frente a un ala 'conservadora'. Ahí entra de lleno el papel del Senado.

Discreción y disposición a negociar de PP y Vox

El control de la izquierda permitiría capacidad de elección, al menos en la mayoría de esos diez puestos que se deciden en la Cámara Alta. El pacto del viernes ha movido a populares y a Vox para intentar contener la maniobra y garantizar una mayoría de derecha abultada. ¿Cómo? El plazo de registro de coaliciones está ya caduco el 17 de octubre, pero hay una segunda fórmula de garantizar que el voto se maximice en lo posible: la presentación en lugares estratégicos, retirada de listas o, en algunos casos, integración en ellas. La presentación de listas se abre este miércoles 21 hasta el 26 de octubre.

Abascal viene insinuando esas fórmulas desde el sábado, tras conocerse el acuerdo de las izquierdas. Lo dejó claro el lunes en una declaración institucional desde la sede nacional del partido. Se abrió a "sacrificios" y a un "entendimiento" con el PP que "proteja" al Senado de ese acuerdo de la izquierda. Poco después, este martes en una entrevisa, Alberto Núñez Feijóo reconoció el diálogo y la intención, sin dar detalles.

Vox, como recalcó Abascal, no está dispuesto a ceder nada gratuitamente. Saben que una subida electoral les daría entrada en el Senado frente a su representación actual, únicamente basada en los cargos obtenidos por designación autonómica tras los cuatro acuerdos de coalición con el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Precisamente este es el otro tipo de designación posible que hay para entrar en la Cámara Alta.

Las dos fórmulas de elección para el Senado

La designación autonómica es la forma más directa para entrar en el Senado. A diferencia de los 350 diputados que componen el Congreso, la Cámara de representación territorial está formada por 267 escaños de los cuales 58 se eligen directamente desde las comunidades autónomas -tras una reforma en mayo, Formentara contará con un senador propio, lo que aumenta en uno la suma de 266 anterior–. Por tamaño de población, Andalucía es la que más aporta, con 9, seguido de Cataluña (8); la Comunidad de Madrid (7); Comunidad Valenciana (6); Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y País Vasco (3 cada una); Aragón, Asturias, Baleares, Extremadura y Murcia (2 cada una); y Cantabria, Navarra y La Rioja, con una cada una. Es casi un tercio de los escaños, y se realiza así para tener una representación más directa y fiel a las realidades de cada parlamento autonómico.

Luego está el método ordinario, que es por una (la color salmón, la blanca es para el Congreso) en cada elección general. A diferencia de las papeletas para el Congreso, de listas cerradas, la elección al Senado permite en cada circunscripción elegir entre un variado listado de candidaturas. Esto es 4 senadores por provincia, 3 en enclaves como Mallorca, Tenerife y Gran Canaria, las islas de mayor tamaño; y 1 en las más pequeñas, caso de Ibiza, Formentera y Menorca, en Baleares, y Fuenteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, en Canarias. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla aportan 2 senadores cada una.

Las papeletas de las circunscripciones principales muestran a cada partido que se presenta y tres nombres a elegir de cada formación. El votante, puede elegir o a los tres candidatos al Senado de una sola formación, o distribuir su apoyo, tanto 2-1 como 1-1-1 si lo prefiere, o solo marcar un nombre aislado. El artículo 166 de la ley electoral lo recoge así con el objetivo de garantizar en lo posible la representación mínima de otras fuerzas si hay concentración de voto en un solo partido, aunque no termina de garantizarse del todo. Los candidatos con mayor número de votos serán los elegidos para representar a su provincia.

Cómo aplican esto PP y Vox

Sobre este mecanismo vienen negociando PP y Vox. El votante, especialmente en la última década, viene actuando bajo un criterio de bloques, de derechas y de izquierdas, o nacionalista-constitucionalista en aquellas circunscripciones como Cataluña, Galicia o País Vasco. Eso deja abierta la posibilidad de que un votante conservador, decida repartir sus votos a PP y Vox, o viceversa, más allá de dar directamente el apoyo a los tres senadores de una de las dos candidaturas. Eso el PSOE y Frente Amplio, con una candidatura pactada, lo suprime y garantiza que el votante progresista vaya directamente a la candidatura de izquierdas amplia, y, por tanto, dando más opciones a llevarse dos o tres candidatos de los cuatro generales de las grandes plazas.

Por ejemplo, si una lista de tres personas a la izquierda recibe el 45% de los votos de una circunscripción, el PP se hace con el 40% y Vox con el 15%, los tres primeros cargos quedarían en manos de la izquierda y el último sería para el PP. Sería a la inversa, al sumar los dos porcentajes de la derecha. En este caso, esa posibilidad para la derecha no cabe al superarse el límite marcado para coaliciones por la Junta Electoral Central. La receta puede pasar por que el PP consiga que Vox no se presente o solo lo haga en circunscripciones donde hay peor previsión para las izquierdas, o que haya una inclusión de figuras de Vox en las listas del PP que una vez dentro del Senado se articulen o en el Grupo Mixto, como ocurre ahora, o, si tienen capacidad, como grupo propio. Es difícil prever que haya negociaciones para beneficios en un futuro gobierno, sobre todo cuando Vox insiste en que no hay una victoria asegurada aún frente a Sánchez.

La proyección de escaños si hay pacto entre las derechas

Los socialistas y Frente Amplio buscaron un golpe de efecto que ese acuerdo estratégico de las derechas podría frustrar. Hay ya algunas proyecciones –incluyendo el reparto autonómico vigente hasta el momento, que podría variar tras el ciclo de autonómicas de 2027– hechas por distintas empresas demoscópicas teniendo en cuenta el porcentaje de voto estimado en esta ya segunda quincena de octubre, tres semanas y media después de la convocatoria adelantada de generales.

Según el barómetro de Sigma Dos para El Mundo, de concurrir PP y Vox por separado, los de Feijóo se haría con entre 125-130 senadores. Llegarían a mayoría absoluta de 134 escaños esta vez de la mano de Vox, que se mueve entre 15 y 22 representantes. Quedan algo lejos de la mayoría de 3/5 comentada (161), para la que se exige 161 escaños. A la alianza de izquierdas se le atribuyen entre 89 y 96 senadores. En el caso de El País, con datos propios y estimaciones derivadas de las encuestas que les han permitido hacer 20.000 simulaciones, determinan que de media tras el pacto de PSOE y Frente Amplio, al que ven en 103, el PP quedaría en 123 senadores por 15 de Vox.

Advierten del resultado de un escenario de retirada de candidaturas de Vox. Hay entre 13 y 19 provincias en el que la competencia de las derechas puede beneficiar a la izquierda. De ceder espacio Vox en 13, el reparto sería el siguiente: 136 para el PP, 15 para Vox y 94 para las izquierdas estatales sin contar a ERC, BNG o EH Bildu, con quien no da la suma para una mayoría en ninguno de los casos. De no presentarse Vox en 19 circunscripciones, los populares elevarían a 145 escaños su margen, por 11 de Vox y 85 de las izquierdas. Quedarían, en ese caso, al borde de esos 3/5. Se podría rebasar si la cesión de candidaturas en la derecha es mayor, por parte de Vox o de ambas partes.

Sí le salen las cuentas a El Español con la última encuesta de Sociométrica, la demoscópica con quien colabora. De haber una fórmula mixta en 19 provincias con listas 2-1, con un candidato de Vox en las del PP (y que no se presentase en ninguna de Baleares o Canarias), la mayoría de 3/5 estaría asegurada por 140 escaños para el PP y 22 para Vox, 162 que incluyen los de designación autonómica. Las provincias clave que se estiman en este y otros estudios son: Pontevedra, Asturias, Huesca, Zaragoza, Guadalajara, toda la Comunidad Valenciana, todas las Islas Baleares y Canarias, toda Extremadura y Andalucía salvo Málaga y Almería. De producirse una retirada de candidaturas de Vox directamente, la suma para el PP quedaría en 155 escaños por 7 para Vox, que dejan a la coalición en los mismos 162 senadores.

La cuestión se enfrenta a una cuestión esencial, y es la respuesta que den los votantes, si los del PP se abren a elegir a ese tercer diputado de Vox de darse el caso y si los de Vox hacen lo propio con los populares. A priori, un electorado movilizado contra Sánchez sería receptivo a esta fórmula, pero exige estar muy informado.