El Constitucional de Pumpido inadmite el recurso de Gabilondo por la ley de nietos y mantiene la suspensión del Supremo

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido inadmitir el recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Supremo de suspender el derecho del voto de 163.000 nacionalizados por la mal llamada ley de nietos. Se trata de casos dudosos en los que no se ha podido acreditar si cumplen los criterios legales. Con 10 votos a favor de no atender el recurso de Ángel Gabilondo y dos votos particulares, se ha impuesto la tesis respecto a lo "prematuro" de dicho recurso cuando no se ha agotado la vía del Supremo. Se han desmarcado del sentir mayoritario el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y Ramón Sáez, ambos progresistas.

La decisión del Tribunal Constitucional tiene, por un lado, una lectura institucional evidente y otra no menos evidente, de orden político. Por un lado, el consejo de garantías constitucionales ha decidido no ir a otro choque con el Supremo, como sí ha hecho al respaldar la ley de Amnistía, ya en plena aplicación. Otro dato no menor es la ruptura de la dinámica de bloques entre progresistas y conservadores a pesar de las presiones que ha ejercido el Gobierno.

Y ahí entramos en el segundo capítulo. Porque una vez asumido que la Abogacía del Estado no podía recurrir la decisión del Supremo de mantener la suspensión de derecho al voto de los nacionalizados 'dudosos' -tal y como pretendía el Ejecutivo- Moncloa echó mano del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En 15 años de mandato sólo ha presentado un recurso similar, con petición de cautelarísimas, en un caso de acceso a la función pública para el cupo de personas con discapacitados. Nada más. De ahí la sorpresa que generó el movimiento del Defensor.

Jarro de agua fría para el Gobierno

La decisión del TC ha supuesto un jarro de agua fría para el Gobierno, que no puede dirigir sólo sus invectivas contra el Supremo en un asunto convertido casi en casus belli. De mantenerse esa suspensión al derecho al voto -que el TS podría resolver en cualquier momento-163.000 nacionalizados no podrán participar en las elecciones del 29 de noviembre al no haber acreditado que alguno de sus abuelos o de sus padres salieron de España por motivos políticos-ideológicos, religiosos o de orientación sexual durante la guerra civil y hasta los años 50 del pasado siglo. Esos son los tres supuestos que recoge la ley de Memoria Democrática y pervirtió la instrucción de Sofía Puente, la hermana del ministro de Transportes.