Cargos del CNI consideran que desclasificar informes como los de Ceuta por "motivos políticos" es peligroso: "Sienta un precedente"

La desclasificación por parte del Gobierno de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha abierto un debate que va más allá de la propia crisis del 30 de julio. Cargos vinculados al funcionamiento del servicio de inteligencia han explicado a El Independiente que consideran peligroso que documentación elaborada bajo la premisa de que permanecería reservada pueda ser desclasificada para dirimir una controversia política y alertan de que esta práctica "sienta un precedente".

La preocupación, explican estas fuentes, no se refiere únicamente a los documentos concretos relacionados con Ceuta, sino al criterio que pueda consolidarse para futuras desclasificaciones. La documentación de inteligencia puede contener información sobre fuentes, métodos de obtención, sistemas de vigilancia, valoraciones de riesgo o información recibida de otros servicios, de manera que levantar su reserva no es equivalente a hacer público un expediente administrativo ordinario.

El debate dentro del propio Ministerio de Defensa nace a raíz de cómo se generó la controversia que llevó a dicha desclasificación. Después de la entrada masiva en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que no había recibido un aviso del CNI que anticipara una operación de las dimensiones que finalmente se produjo. La afirmación provocó un enfrentamiento político con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que defendió que los servicios de inteligencia sí habían advertido previamente de la situación.

Cuando Sánchez desclasificó los papeles

Fue en ese contexto cuando Pedro Sánchez anunció en el Congreso que se desclasificarían los informes y avisos manejados por el Gobierno antes y durante la crisis. El Consejo de Ministros acordó posteriormente la desclasificación parcial de documentación del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Entre los documentos desclasificados había tres notas del CNI, un informe del CIFAS y comunicaciones mantenidas por el servicio de inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil. El propio Gobierno admitió que no toda la documentación podía hacerse pública porque parte de ella afectaba a información especialmente protegida o incorporaba elementos procedentes de servicios de inteligencia extranjeros.

La documentación que ha ido aflorando desde entonces ha complicado precisamente la versión inicial de que no existió aviso. No se trata de que los servicios de inteligencia hubieran predicho con exactitud que decenas de miles de personas entrarían en Ceuta, sino de que existía información previa sobre el incremento de la presión migratoria, la organización de convocatorias en Marruecos y el riesgo de una entrada por la frontera.

Uno de los elementos más relevantes fue la información que el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno el 29 de julio, la víspera de la entrada masiva, y que adelantó El Independiente en exclusiva. El servicio alertó de la existencia de grupos en redes sociales con decenas de miles de integrantes que estaban organizando una entrada desde Marruecos y trasladó el riesgo a su interlocutor en la Delegación. Posteriormente se conoció incluso la existencia de 19 mensajes intercambiados ese día entre un oficial del CNI y el entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno que no habían formado parte de la primera desclasificación.

La Audiencia Nacional investiga la documentación

La propia investigación de la Audiencia Nacional está contribuyendo a reconstruir una cadena de avisos mucho más amplia. La jueza María Tardón ha solicitado documentación a prácticamente todos los organismos que participaron en la gestión de la frontera y de la crisis y ha puesto el foco en qué información existía antes del 30 de julio, cómo circuló entre los distintos organismos, quién la recibió y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.

En su última batería de diligencias, la magistrada ha pedido al Ejército de Tierra todos los informes de inteligencia y seguridad emitidos por la Comandancia de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto. También ha reclamado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) los informes elaborados por su grupo de seguimiento de Marruecos, ha ampliado la petición de imágenes satelitales sobre la frontera y ha solicitado específicamente la información correspondiente a la interceptación sobre la frontera de Ceuta del denominado 'Programa Santiago'.

La jueza explica que esta documentación resulta "particularmente relevante" para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de la información, las solicitudes de refuerzo efectuadas, las decisiones adoptadas por las distintas autoridades y la efectiva recepción de los informes mencionados durante la investigación. Aquí aparece una diferencia fundamental respecto a la primera desclasificación promovida por el Gobierno.

Diferencias entre la AN y el Gobierno

Una cosa es que el Ejecutivo decida levantar la reserva de documentación de inteligencia para responder a una controversia política y defender su actuación ante las críticas por la gestión de la crisis. Otra es que un órgano judicial, dentro de una investigación, reclame documentación reservada porque considera que puede ser necesaria para determinar qué ocurrió y depurar responsabilidades.

En el caso de Tardón, además, la petición judicial no se limita al CNI. La magistrada está reclamando información al Estado Mayor de la Defensa, al CIFAS, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma. También ha pedido grabaciones de cámaras, drones y sistemas de control fronterizo, así como documentación sobre las reuniones celebradas antes de la entrada masiva. Todo ello responde a la intención de reconstruir la secuencia de acontecimientos y comprobar qué sabían las autoridades antes de que miles de personas atravesaran la frontera.

El problema es que parte de esa documentación puede encontrarse precisamente dentro del ámbito de la información clasificada. La petición de una jueza no equivale por sí misma a una desclasificación. Si un documento está formalmente protegido por la legislación sobre secretos oficiales, será necesario seguir el procedimiento correspondiente para que pueda incorporarse a la causa.

La reserva pierde parte de su función

La diferencia es importante para quienes dentro de los servicios de inteligencia cuestionan el precedente de la decisión del Ejecutivo. No plantean que un juez deba quedar privado de la información que necesita para investigar unos hechos. Su preocupación se centra en que la clasificación de documentos pueda levantarse en función de las necesidades coyunturales de una controversia política.

"El problema es el precedente", resumen estas fuentes. Si informes de inteligencia pueden dejar de estar protegidos porque un Gobierno necesita acreditar que actuó correctamente frente a una determinada crisis, sostienen, la reserva pierde parte de su función como garantía estable del trabajo de los servicios de inteligencia.