El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, quiso reunir en julio de 2024 a los agentes que investigaban al hermano de Pedro Sánchez. Pero el entonces jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, y el responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN), el teniente coronel Antonio Balas, decidieron que no acudieran. Ambos mandos desconfiaban de la convocatoria y temían que pudiera servir para conocer la identidad de los investigadores que trabajaban en una causa especialmente sensible. Consideraban que no era necesario "exponerlos" ante la cúpula del Instituto Armado y optaron por proteger tanto a los agentes como a la propia investigación, explican a El Independiente fuentes conocedoras de los hechos.
La decisión se tomó el lunes 15 de julio de 2024, después de que el jefe de la UCO comunicara a Balas que Llamas había convocado una reunión en la sede de la unidad para el día siguiente. El DAO había explicado que a esa reunión debían asistir los investigadores de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz sobre el hermano del Presidente del Gobierno. El responsable del DIECAN manifestó su preocupación por este hecho y ambos acordaron que al encuentro acudieran únicamente el oficial coordinador de la investigación y el propio Balas, evitando la asistencia de otros investigadores y analistas, según explican las fuentes consultadas, para "proteger" a los investigadores de la cúpula del Instituto Armado.
La reunión del l6 de julio
La reunión se celebró el 16 de julio con la presencia del DAO, el general jefe de Policía Judicial, Yuste, Balas y el oficial coordinador. Llamas explicó que acudía por orden del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, imputado en la misma causa que Llamas y la directora Mercedes González, y que debía elaborar un informe sobre el resultado del encuentro. Según la documentación incorporada a las actuaciones, pidió que se acumularan todos los recursos necesarios para acelerar la investigación y terminarla cuanto antes, sin explicar el motivo de esa urgencia.
El episodio se produjo apenas cuatro días después de otro encuentro que había generado un importante malestar en la cúpula de la Policía Judicial. El 12 de julio, Marcos había convocado a Yuste y al responsable de Policía Judicial para reprocharles el contenido de las actuaciones sobre David Sánchez. Según relató posteriormente el entonces jefe de la UCO, el director general calificó de "totalmente prospectivo y malintencionado" un oficio de la unidad y aseguró que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba "por los suelos". También habría exigido que el informe sobre los correos electrónicos estuviera terminado para el 19 de julio y que "no haya nada".
Yuste explicó que cumplir ese calendario era materialmente imposible, puesto que todavía debían analizarse los correos electrónicos y elaborar el correspondiente informe para la autoridad judicial. En sus declaraciones posteriores, los mandos también atribuyeron a Llamas la indicación de que, en los procedimientos con "afectación política", los agentes no fueran proactivos y se "pusieran de perfil". El DAO ha negado haber trasladado esa instrucción.
Leire Díez también quería las identidades
La preocupación por la identidad de quienes investigaban estas causas reapareció meses después y quedó reflejada en los informes de la propia UCO sobre las maniobras atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez. El 16 de marzo de 2025, el abogado Ismael Oliver escribió a Díez que necesitaban conocer "la identidad y la coincidencia" de los investigadores que habían participado en los informes de la UCO sobre el fiscal general del Estado, Begoña Gómez, hidrocarburos y el caso Koldo. También preguntaba quién era su jefe. La respuesta de Díez fue escueta: "Estoy en ello".
La conversación, recuperada por los investigadores del caso Leire Díez, evidencia el interés de su entorno por averiguar quiénes estaban detrás de las pesquisas de la unidad. No se trataba únicamente de conocer la estructura de la UCO, sino de identificar a los agentes que intervenían en distintas investigaciones y establecer posibles coincidencias entre ellos.
Una campaña de descrédito
En paralelo, los responsables del DIECAN habían alertado de una campaña de descrédito contra la unidad y sus investigadores. Una nota de despacho elaborada por este departamento y remitida el 6 de mayo de 2025 al jefe de la UCO advertía de que personas vinculadas al PSOE y a la empresa de hidrocarburos Hafesa, entre ellas Leire Díez, estarían promoviendo actuaciones para desacreditar a los agentes. El documento señalaba que Díez presumía de tener influencia sobre la cúpula de la Guardia Civil y, concretamente, sobre su directora general, Mercedes González.
La advertencia no era desconocida para la dirección del Instituto Armado. La Jefatura de Información había elaborado otra nota el 29 de abril de 2025 en términos similares. El 8 de mayo, durante un despacho ordinario, Llamas entregó ese documento al jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, quien lo trasladó posteriormente a Yuste. Según la reconstrucción de la UCO, el DAO ya había comunicado que Mercedes González conocía la existencia de esa campaña pero no se había hecho nada al respecto.
La directora quería un organigrama de la UCO
Pese a estas alertas, la relación entre la dirección y los mandos de la unidad volvió a quedar bajo escrutinio en septiembre de 2025. El día 1 de ese mes se incoó, por orden de Mercedes González, una nueva información reservada a raíz de una noticia publicada en julio en El Mundo sobre las supuestas intromisiones del DAO en las investigaciones de la Policía Judicial que afectaban al Gobierno.
La directora general planteó que se investigara quién había facilitado la información al periódico. Entre las actuaciones acordadas figuraba solicitar a la UCO un organigrama de la parte de su estructura relacionada con las investigaciones judiciales concernientes al Gobierno, incluidas las relativas a la esposa y al hermano del presidente, José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. El requerimiento exigía identificar nominativamente a los integrantes de esos equipos que tuvieran empleo de oficial en la Guardia Civil.
La información reservada se archivó
La petición llegó a la UCO el 5 de septiembre. Cinco días después, el 10 de septiembre, la unidad remitió el organigrama del DIECAN, con los grupos que lo integraban y los números de identificación profesional (TIP) de los oficiales que habían intervenido en las diligencias remitidas a la autoridad judicial. La información reservada también llevó a citar como testigos al jefe de Policía Judicial, al jefe de la UCO y a Balas. El jefe de la Oficina de Prensa de la unidad declaró posteriormente, el 16 de septiembre.
El general instructor propuso archivar las actuaciones el 3 de octubre de 2025 al considerar que el artículo que había originado el expediente no identificaba expresamente a la UCO como fuente de la información publicada. La propuesta terminó sin responsabilidad disciplinaria. La sucesión de episodios permite reconstruir cómo la identidad de los investigadores de la UCO se convirtió en un asunto especialmente sensible.
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