Con las elecciones del 29-N cada vez más cerca, las promesas electorales comienzan a sobrecargar los buzones y a marcar el tono de la campaña. Entre las recetas más recurrentes vuelve a abrirse paso una fórmula conocida: la mano dura. El endurecimiento del Código Penal se convierte en uno de los principales reclamos políticos, especialmente cuando se trata de abordar determinados fenómenos delictivos.

PUBLICIDAD

Es el ejemplo del Partido Popular, quien en su último programa electoral disponible, ya contemplaba ampliar la prisión permanente revisable a los condenados por asesinato con ocultación del cadáver, así como endurecer las penas por multirreincidencia en hurtos y estafas. También proponía reformar la Ley Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

Vox, por su parte, ha defendido rebajar la edad de responsabilidad penal de los menores, una iniciativa que llegó a registrar en el Congreso en 2025, aunque fue rechazada. En el extremo contrario, Sumar incluyó en su programa electoral la eliminación de la prisión permanente revisable y la apuesta por un modelo penal con mayor peso de las penas alternativas a la prisión y la reinserción. El PSOE, por su parte, participó en el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2015 contra la ley que introdujo esta pena en el Código Penal, junto a otros grupos parlamentarios.

Soluciones sencillas a problemas complejos

El debate sobre cómo combatir la delincuencia oscila entre dos grandes enfoques: quienes defienden el endurecimiento de las penas como herramienta disuasoria y quienes apuestan por reforzar la prevención y la reinserción. Ambos discursos, en muchas ocasiones, efectistas, apelan directamente a las emociones del electorado y se pueden llegar a olvidar de la eficacia real de unas y otras medidas.

Según explica el criminólogo y asesor judicial, Ángel Expósito, el recurso al punitivismo, esa tendencia a defender el endurecimiento del sistema penal, se consolida en la contienda política porque "es una receta rápida de querer ofrecer a la ciudadanía una solución que además es muy visible y muy visceral".

El experto advierte de que la ciudadanía puede dejarse llevar por consignas que, aunque resultan convincentes a primera vista, no siempre encuentran respaldo en los datos sobre la eficacia de las políticas contra la delincuencia. En este sentido, las cifras del Ministerio del Interior apuntan a una tasa de reincidencia mayor entre las personas excarceladas (13,3%) que entre quienes cumplieron penas o medidas alternativas a la prisión (6,74%).

A través de los datos

No obstante, para interpretar estos porcentajes con rigor, es necesario tener en cuenta que ambos grupos no son directamente comparables: los delitos que pueden dar lugar a una pena alternativa no tienen necesariamente la misma gravedad que aquellos que conllevan el ingreso en prisión. Así, una persona condenada por asesinato, por ejemplo, no puede acceder a este tipo de medidas. Por ello, también resulta fundamental atender a la naturaleza de los delitos y a las posibilidades de reinserción asociadas a cada uno de ellos.

La evidencia criminológica indica que el incremento sistemático de las penas de prisión no siempre lleva aparejada una reducción de la delincuencia. Por el contrario, la aplicación de políticas punitivas orientadas a la masa electoral, a juicio del experto, tiende a criminalizar infracciones menores y comportamientos poco cívicos, equiparándolos en el debate público a los delitos más severos.

Para Expósito, resulta deshonesto abordar la seguridad metiendo en el mismo saco actos de vandalismo o daños materiales junto a delitos graves como el homicidio, puesto que la respuesta institucional ante realidades dispares exige rigor técnico.

La víctima como símbolo emocional

Uno de los ejes sobre los que se articula el discurso de la mano dura es la instrumentalización del sufrimiento de las víctimas para justificar cambios en la ley; en palabras de Expósito, "la víctima del delito siempre es el chivo expiatorio para endurecer el Código Penal, pero no para ofrecer soluciones a las personas que han sufrido un delito". La figura de la víctima se podría convertir, bajo su criterio, en un símbolo de alta carga emocional que moviliza a la opinión pública y actúa como referente moral indiscutible para legitimar algunas reformas penales.

Esta tendencia a instrumentalizar el dolor ajeno para promover cambios en la legislación penal se hace especialmente visible en determinados casos mediáticos, en los que la conmoción social y los vaivenes políticos acaban impulsando reformas legislativas.

Basta con pensar en leyes que llevan el nombre de sus propias víctimas o que están directamente vinculadas a sucesos concretos. En estos casos, el sufrimiento de las víctimas puede acabar convertido en un argumento político al servicio de intereses partidistas y de la búsqueda de rédito electoral.

La curva del miedo

En el contexto europeo, España presenta una tasa de mortalidad por homicidio inferior a la media comunitaria: 0,6 fallecimientos por cada 100.000 habitantes frente a 0,7 en la Unión Europea, según los datos de Eurostat. Sin embargo, grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona o Valencia hablan de realidades delictivas específicas, en las que pueden producirse incrementos considerables de determinados delitos, incluso cuando desciende el conjunto de las infracciones registradas.

De hecho, el último balance del Ministerio del Interior refleja descensos de la criminalidad total en las tres ciudades, pero aumentos en algunas tipos delictivos, como los relativos a la libertad sexual o el tráfico de drogas.

A esta evolución se suma una percepción de inseguridad que no necesariamente sigue el mismo ritmo que los registros oficiales. El INE constató que la población que identificaba problemas de delincuencia, violencia o vandalismo en su entorno residencial pasó del 10% en 2015 al 13,5% en 2023. Como explica Expósito, "cuesta más bajar esa curva pese a que los números ya estén respondiendo".

La cifra negra de la delincuencia: los datos de quienes no denuncian

La base de datos de Eurostat recoge los datos oficiales de la Unión Europea sobre seguridad y delincuencia que crea categorías entre otras, por los delitos registrados por la policía, los homicidios intencionados o los delitos sexuales, sin embargo, a pesar de la gran cantidad de información recogida por las instituciones, los datos no reflejan todos los delitos que se producen. Esto se debe a la existencia de la denominada "cifra negra de la delincuencia", que hace referencia a los delitos que no llegan a ser conocidos por las autoridades.

Para conocer mejor la dimensión real de la delincuencia, la investigación científica utiliza encuestas anónimas de victimización y estudios de autodenuncia, en los que las personas informan de manera confidencial sobre los delitos que han sufrido o cometido. No obstante, Expósito señala que es imposible obtener una cifra completamente objetiva, ya que siempre habrá conductas que no se comuniquen por motivos de vergüenza o por decisión personal, lo que impide que se incluyan en las estadísticas.

Disuasión penal y el caso de El Salvador

La idea de que un endurecimiento de las penas reduce automáticamente la delincuencia mediante el miedo al castigo no encuentra un respaldo empírico sólido. La investigación criminológica apunta a que la certeza de ser detenido y sancionado ejerce un efecto disuasorio más consistente que la gravedad de la pena. En otras palabras, la amenaza de un castigo más severo no parece tener, por sí sola, una capacidad disuasoria proporcional a su dureza.

En este sentido, Expósito señala que "el delincuente no mide en un momento determinado si le van a caer cinco años de prisión o diez años de prisión; lo que está ponderando es si verdaderamente le van a pillar o no le van a pillar". Ahora bien, la relación entre el endurecimiento penal y la reducción de la delincuencia tampoco admite conclusiones absolutas. El caso de El Salvador ofrece un ejemplo de cómo una política de seguridad de carácter severo y esencialmente punitivo puede coincidir con un desplome de los homicidios: la tasa pasó de 53,1 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 1,9 en 2024, según las cifras oficiales recogidas por el Congressional Research Service estadounidense.

Sin embargo, estos resultados conviven con graves cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), emblema de la política penitenciaria de Nayib Bukele, ha sido objeto de denuncias por condiciones de reclusión inhumanas, malos tratos, torturas y aislamiento prolongado. Un informe de Human Rights Watch y Cristosal publicado en noviembre de 2025 documentó estos abusos entre los ciudadanos venezolanos que permanecieron recluidos en sus instalaciones. El caso salvadoreño introduce así un contrapunto relevante en el debate criminológico: la reducción de determinados indicadores delictivos no elimina la necesidad de evaluar las políticas de seguridad también desde el respeto a las garantías y los derechos fundamentales.

En cualquier caso, la evolución de la población penitenciaria española ofrece un elemento de contraste a la idea de que una mayor severidad penal se traduce necesariamente en una menor delincuencia. Entre 1990 y 2010, la tasa de encarcelamiento pasó de 85 a 165 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de homicidios descendió de 1,24 a 0,86. Una evolución que evidencia que el crecimiento de la población reclusa no siempre va acompañado de un aumento de los delitos más graves y que, por tanto, no puede establecerse una relación automática entre mayor encarcelamiento y menor criminalidad, ni tampoco lo contario.

Prevención situacional, urbanismo inclusivo y tecnología

Frente a una respuesta penal que actúa una vez cometido el delito, la criminología plantea dar prioridad a la prevención, reduciendo las oportunidades para que se produzcan conductas delictivas. Para ello, considera necesario reforzar la atención primaria y los servicios sociales en los barrios, con el objetivo de fomentar la convivencia y el sentimiento de comunidad. También propone mejorar el diseño de los espacios públicos para que sean lugares accesibles, bien iluminados, seguros y con actividad habitual.

Expósito pone como ejemplo algunas actuaciones llevadas a cabo en ciudades como Rotterdam, donde el diseño urbano incorpora una iluminación adecuada, zonas accesibles y servicios públicos en las plazas, como conexión Wi-Fi o puntos de carga USB. Estas medidas buscan favorecer que los ciudadanos utilicen y hagan suyos los espacios comunes, contribuyendo así a reducir delitos contra la propiedad, como los hurtos.

Además, considera fundamental cambiar el modelo policial, pasando de una actuación centrada en intervenir después de que se produzca un delito a una policía de proximidad que mantenga una relación más estrecha con la comunidad. Este enfoque preventivo también incorpora herramientas de inteligencia artificial para analizar posibles riesgos.

Las otras herramientas contra la delincuencia

Por ejemplo, los sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial y de matrículas pueden ayudar a identificar zonas y horarios en los que existe una mayor probabilidad de que se produzcan delitos, facilitando la actuación policial anticipada. La seguridad vuelve a ocupar un lugar destacado en el debate político, el reto pasa por distinguir entre las medidas que generarán titulares y aquellas que ofrecen resultados.

La respuesta a la delincuencia difícilmente puede reducirse a una cuestión de endurecer las penas: exige también prevención, recursos, conocimiento de las distintas realidades delictivas y políticas públicas capaces de actuar antes de que el delito se produzca. Porque, más allá de la contundencia del castigo, la verdadera eficacia de un sistema de seguridad se mide por su capacidad para evitar que haya nuevas víctimas.