La información reservada que el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ordenó abrir para investigar si la UCO había filtrado los mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos llevaba ya "más de una semana" abierta cuando el general encargado de instruirla acudió a hablar con el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente y este le ordenó cerrarla bajo amenaza. La Unidad Central Operativa destaca ahora en un informe remitido al juez, y al que ha tenido acceso El Independiente, que antes de esa reunión del 25 de mayo de 2025, ya se habían producido actuaciones dirigidas a recabar información sobre los responsables de la Policía Judicial y la posible procedencia de las conversaciones publicadas.
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La UCO ha decidido ahora, en un escrito remitido a Pedraz como respuesta a las 121 páginas en las que Llamas justifica sus actuaciones como DAO que se están investigando ahora, explicar que la consulta al magistrado no precedió a la puesta en marcha de la información reservada. Cuando el general de la Jefatura de Armas y Explosivos acudió a Puente, la iniciativa llevaba días en marcha y el instructor ya había contactado con mandos de la UCO para preguntar por la filtración. Según recoge el informe policial, esas actuaciones continuaron pese a las advertencias de que los mensajes no podían proceder de la unidad por una cuestión de fechas.

El DAO sabía que no había sido la UCO

Uno de los primeros hitos que recoge la UCO se produjo el 14 de mayo. Ese día, el entonces jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, trasladó por WhatsApp al responsable de la UCO que el DAO ya sabía que la filtración no procedía de esa unidad. "Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO", escribió. La comunicación acredita que Llamas conocía esa conclusión antes de que el general instructor acudiera a hablar con Puente. Aún así, Llamas continuó con la información reservada, una de las tres que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional por su presunto uso para "amedrentar" a la Unidad de la Guardia Civil encargada de los casos vinculados al Gobierno.

Dos días después, el 16 de mayo, el general jefe de la Intervención Central de Armas y Explosivos, encargado de instruir la información reservada, se reunió con el jefe de la UCO en el despacho del responsable de Policía Judicial. Le preguntó por las imágenes de las conversaciones de WhatsApp publicadas en prensa y por la posibilidad de que hubieran salido de la unidad. El mando de la UCO le explicó que, debido al elevado volumen de dispositivos intervenidos y a que su análisis se realizaba por líneas de investigación, no podía determinarse de inmediato si las imágenes estaban alojadas en alguno de ellos. También le trasladó que ya se había publicado que las conversaciones podían haber sido aportadas por el propio Ábalos.

Al Supremo no le iba a gustar

En esa misma reunión, el instructor le comunicó que tenía intención de poner en conocimiento de los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional la existencia de la información reservada, ya que quería tomar declaración a los instructores de las causas judiciales afectadas. El jefe de la UCO le aconsejó que no lo hiciera. Según la declaración recogida por la propia unidad, el general respondió que ya se había puesto en contacto con el magistrado de la Audiencia Nacional, quien no le había puesto problema en incoar la información reservada, y que el DAO estaba recibiendo "muchas presiones políticas".

La UCO recoge también las advertencias que los responsables de Policía Judicial y de la propia unidad trasladaron al instructor. Le señalaron que una información reservada dirigida contra su policía judicial no sería del agrado de los magistrados y que, por una cuestión de fechas, los mensajes publicados no podían proceder de la UCO. Pese a ello, el informe afirma que "se continuaron las actuaciones enmarcadas en la información reservada".

Leopoldo Puente fue "tajante"

No fue hasta el 25 de mayo cuando el general acudió a hablar con el magistrado del Supremo Leopoldo Puente. Según la reconstrucción que la UCO hace de la declaración del propio instructor, el juez le advirtió "de forma tajante" de que no autorizaba la actuación y de que, si se llegaba a realizar la apertura de la información reservada, procedería a abrir diligencias tanto contra el testigo como contra la persona que hubiera ordenado su apertura.

Es justo después de relatar esa conversación cuando el informe que ha presentado ahora la UCO introduce una cuestión que han querido destacar los agentes que lo han redactado: "En este sentido, cabe reseñar que la información reservada ya estaba abierta hacía más de una semana". Tras comunicar al DAO el contenido de la conversación con Puente, Llamas le ordenó cerrar la información.

La documentación recoge que el 26 de mayo el jefe de Policía Judicial comunicó al responsable de la UCO que, por orden del DAO, se había dispuesto el cierre de la información reservada. El testigo manifestó que no había recibido una comunicación oficial ni de su apertura ni de su cierre.

La versión de 121 páginas de Llamas

La versión de la defensa de Llamas sitúa el encargo de incoación el 12 de mayo y sostiene que el objetivo era esclarecer si los mensajes publicados podían proceder de dispositivos intervenidos en investigaciones de la UCO. También argumenta que la unidad seguía analizando material y que, por tanto, no podía descartarse de entrada esa posibilidad. Sin embargo, el informe policial incorpora la comunicación del 14 de mayo en la que el jefe de Policía Judicial trasladó que el DAO ya tenía claro que la filtración no había salido de la UCO, así como las advertencias formuladas por los mandos en los días posteriores.

La diferencia entre ambas reconstrucciones está en lo que ocurrió antes de la consulta al Supremo. La defensa presenta el cierre como la consecuencia de la advertencia de Puente y de la decisión de no seguir adelante sin practicar diligencias. La UCO, por su parte, deja constancia en esta respuesta a Pedraz de que la información reservada que había pedido abrir su superior llevaba más de una semana abierta cuando el magistrado intervino y de que, antes de esa reunión, el instructor ya había recabado explicaciones de los responsables de la unidad. La advertencia del Supremo llegó, por tanto, cuando la iniciativa ya estaba en marcha.