La izquierda ha entrado en máximos de confrontación a semana y media de que se decida el próximo Gobierno en las urnas. Las encuestas no reflejan, por el momento, capacidad alguna para que dé una suma de PSOE, Frente Amplio y el resto de socios nacionalistas y soberanistas que han acompañado y sustentado a Pedro Sánchez por tercera vez en la Moncloa. Frente al plan a, el de intentar movilizar a la izquierda en lo posible, desde desencantados hasta votantes que desde hace tiempo están en la abstención, empieza a imponerse el plan b entre los dos socios principales, el asumir el rol en el que lleva enmarcado Podemos desde hace meses y endurecer la confrontación para defender parcelas y banderas históricas. Para intentar deborar a su izquierda, en el caso del PSOE.
La rivalidad entre PSOE y Frente Amplio dio una nueva vuelta de tuerca este martes. Después de las apelaciones del presidente del Gobierno a que se produzca una movilización histórica respecto a su candidatura y de presentar un programa electoral donde se incluyen las principales medidas de Sumar esta legislatura, que promueve en sus intervenciones públicas, la candidata de Frente Amplio al Gobierno, Ada Colau, se movió. Hay un sentimiento claro de amenaza del espacio que desde 2018 y desde dentro desde 2020 hasta hoy, viene presionando a los socialistas para la aplicación de medidas sociales ambiciosas. Aseguró que ahora el PSOE proclama lo que ha bloqueado durante toda la legislatura y "no lo ha hecho en ocho años" ni lo hará sin una fuerza de supervisión.
La asunción de la prestación por crianza agitó a Frente Amplio este inicio de semana. Exigió al PSOE promoverlo inmediatamente desde el Gobierno. Aunque la medida ya estaba también en el programa de 2023 de los socialistas, se contemplaba una cuantía para familias con menores a cargo, aunque sin concretar si sería universal y si serían 200 euros. También estaba fomentar la educación infantil de 0 a 3 años, el blindar el SMI para que acompasase al 60% del salario medio, y se comprometía en avanzar en los permisos retribuidos para los cuidados. En vivienda, el PSOE ya proponía construir más de 180.000 públicas y elevar el parque público hasta el 20%. No incluía una propuesta de su izquierda que ahora sí asume: destinar el 1% del PIB a vivienda.
También quería evaluar el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y debatir la tributación de la riqueza. Pero no recogía gravar el 35% a las rentas superiores a 300.000 euros. Y directamente, se han incorporado a ese programa el impuesto a fondos buitre y grandes tenedores, la ampliación de la duración de los contratos de alquiler, la reducción de jornada a 37,5 horas y avanzar hasta las 35 o el registro horario digital. Igualmente, las cuatro semanas remuneradas para cuidar a menores de ocho años, los impuestos específicos a jets privados y yates, el reconocimiento jurídico de la unión de amistad, la reforma del despido improcedente y el derecho al voto desde los 16 años.
Temor a la competencia directa del PSOE
Entre las filas de Frente Amplio hay temor en que esa adopción de sus bazas electorales no les permita llegar a su objetivo electoral, un mínimo del 10% del voto general frente al 12,3% de 2023, y les deje en tierra de nadie con Podemos como opción minoritaria pero más dura en cuanto a programa. Y por ello, más allá de reprochar la "copia" electoral de los socialistas, Frente Amplio desafía la llamada al voto útil de Sánchez. Aseguran que aunque son conscientes de sus limitaciones en determinadas provincias donde históricamente ni siquiera Unidas Podemos consiguió representación en máximos de 71 diputados, hay hasta 17 provincias cruciales donde priorizar el voto al PSOE puede no ser lo correcto para frenar a PP y Vox y reeditar la suma de las izquierdas.
Se trata de aquellas que reparten entre 6 y 8 escaños, pero también los grandes feudos electorales. Son Madrid (38 escaños), Barcelona (32), Alicante y Sevilla (12) y Málaga (11). Creen que ahí la concentración de voto puede no resultar rentable para dominar el mayor número de escaños, especialmente cuando Vox está fuerte y se necesita una fuerza de izquierdas que compita por los repartos desde un cuarto puesto para empatarles o superarles. En esas grandes circunscripciones, pero igualmente en las medianas como A Coruña, Baleares, Bizkaia y Las Palmas (8 cada una); Asturias, Granada, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza (7), y Córdoba y Tarragona (6). Los frenteamplistas incluyen a Navarra, de 5 escaños.
En esas zonas, los magentas con Yolanda Díaz al mando lograron su representación de 31 diputados esta legislatura. Aunque ahora incorporan Tenerife, Pontevedra y Navarra, y dejan de lado Cádiz, previsiblemente por la competencia con Adelante Andalucía, que aspira a ser la sorpresa de la noche electoral en el 'patio andaluz' dejando muy por debajo al resto de las izquierdas plurales. Consiguió Sumar 1 parlamentario. También eluden Girona. No mencionan Murcia, y tampoco Valencia, pero allí por asegurada la representación de al menos dos diputados del Compromís-Front Valencià. En las provincias mayores, se juegan los 5 escaños de Barcelona en competencia con el PSC y ERC-Podemos, 6 en Madrid, donde compite también Podemos con Irene Montero, y en Sevilla, con 2 que estarían en disputa con Adelante.
Con ese 10% general, frente a una estimación media de 7-8 puntos de voto atribuido en los sondeos, creen en Frente Amplio que están en disposición de conseguir retener esos escaños, que alcanzarían la veintena. Y, por ende, permitir la suma de la izquierda estatal con las fuerzas nacionalistas. Impactaría directamente en el reparto de escaños de PP y Vox a nivel provincial, dicen fuentes del espacio. Aseguran, de hecho, que en la mayor parte de provincias –las de un diputado de Sumar en 2023– la disputa por un escaño se juega entre PP, Vox y Frente Amplio.
Siete provincias clave
Ponen el foco en siete enclaves concretos donde el último diputado a distribuir puede caer en el bloque de derechas o en ellos. En cuatro, advierten de acuerdo a datos del último barómetro preelectoral del CIS, el rival directo es Vox. Por un lado, en Las Palmas la coalición está aún 0,4% de voto sobre Vox de evitar perder un escaño. En Asturias, a 0,2 puntos de arrebatárselo al PP. En Sevilla la distancia con los populares es de 1 punto para conseguir ese escaño. En Madrid es de 1,5%.
En los casos de Castellón y Alicante, Compromís-Front Valencià estaría a 1,9 y 2,9 puntos de quitarles diputados a Vox. En Alicante aseguran desde la entidad que tienen uno retenido ya en añadido. Y en Córdoba, la distancia para quitar otro escaño a Vox es algo más holgada, de 3,7 puntos. En el Frente Amplio confían en los datos del CIS por la amplia muestra que tienen en este caso para las generales. El último sondeo aglutina la opinión de más de 45.000 personas, la muestra más amplia de su historia y el doble que en 2023 para esas generales.
Para reforzar el argumento, desde Frente Amplio ponen un ejemplo de reparto porcentual en provincias de 7 u 8 escaños a repartir como Baleares, A Coruña o Las Palmas. Muestran un escenario de proyección donde el PP sale ganador con el 35% y Vox obtiene el 15% de los votos, mientras que el PSOE el 31% y ellos el 6%, con un 13% restante. La atribución sería 4 PP, 3 PSOE, 1 Vox y 0 el resto. Pero si se cambia el porcentaje en la izquierda a un 27% para el PSOE y 4 puntos más para Frente Amplio, el reparto cambia: igualan a 3 PP y PSOE y a 1 Vox y Frente Amplio, con un empate a 4 en lugar de perder 5-3.
Insisten, "la suma del voto progresista en estas provincias es el mismo" aunque se distribuya de forma distinta entre las izquierdas. "Es el voto que cuenta, que permite revalidar y amplía el bloque" de gobierno, consideran desde la coalición.
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