En Trebujena, un municipio gaditano de 7.000 habitantes cercano a Doñana, existe un macroproyecto urbanístico que pretende construir 300 viviendas, hoteles y un campo de golf en un terreno de 2,3 millones de metros cuadrados. Aunque comenzó a gestarse hace 20 años, la noticia de que la Junta de Andalucía acaba de emitir un informe de impacto medioambiental favorable al proyecto ha caído como una bomba en pleno periodo electoral y en el contexto de la grave sequía que atraviesa nuestro país. Y es que, según las cuentas de Ecologistas en Acción, el nuevo resort consumiría "unos 850.000 m³ de agua, cuando Trebujena consume en torno a los 800.000 m³ de agua".
Sin embargo, la decisión final para darle luz verde al proyecto está en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que ha explicado que "en los próximos días" harán público su informe, en el que analizarán si la zona tiene riesgo de inundabilidad y si hay recursos hídricos suficientes para llevarlo a cabo. Pero ya han adelantado que será desfavorable. Algo que, en caso de confirmarse, dejaría el futuro del proyecto en el aire, aunque según la Junta la decisión de qué hacer con él correspondería al Ayuntamiento de Trebujena.
"El proyecto debería utilizar agua de la cuenca de Guadalete-Barbate, que depende de la Junta, que ya ha dado su visto bueno, y también de la cuenca del Guadalquivir. Pero nuestros recursos ya están asignados en el plan hidrológico, que no recoge nuevos usos. Así que desde la cuenca del Guadalquivir no se va a dar agua", aseguran desde la CHG. Y añaden que en su informe alertarán de que el terreno es inundable e incluirán un mapa de riesgo, pero consideran que quién debe pronunciarse en este término es la propia Junta, que está presidida por Moreno Bonilla (PP).
Un "atentado ecológico"
Este miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó de "atentado ecológico" el proyecto. Unas declaraciones en línea de las que realizó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tildó como "absurda" la idea de la Junta de Andalucía y afirmó que "evidentemente la CHG se lo hará saber".
Sin embargo, desde la Consejería de Sostenibilidad del gobierno andaluz consideran que ellos han "cumplido" con su trabajo. Explican que existen hasta cinco informes técnicos favorables al proyecto, por lo que todo lo que no hubiera sido dar su visto bueno, dicen, hubiera sido prevaricar. Pero reiteran que la decisión final está condicionada a que la CHG emita un informe favorable. Un documento que, aseguran, les han requerido hasta en tres ocasiones desde 2020, sin obtener respuesta hasta ahora.
"El proyecto urbanístico fue impulsado por el Ayuntamiento de Trebujena, que es de Izquierda Unida, aunque ahora su alcalde se esté manifestando en contra. Y a fin de cuentas en 2011 la Junta de Andalucía socialista fue la que la que autorizó esas 300 viviendas, avalando el cambio del plan de ordenación del territorio", apuntan desde la consejería.
"El municipio de Trebujena no está en Doñana, ni en su espacio natural. Pero determinados grupos políticos han detectado que hablar de Doñana da titulares y piensan meterlo en todos los asuntos", declaró por su parte el consejero de sostenibilidad de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco. Y añadió: "Alguien debería explicarle a la señora Ribera que este proyecto no es nuevo. Fue el gobierno socialista de la Junta de Andalucía quién lo amparó y protegió a lo largo de los años. Este proyecto es suyo y del PSOE".
El cambio de postura de IU
El tema viene de largo. Hace unos días Ecologistas en Acción denunció el "origen torticero" de este proyecto en el año 2003, "cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con un conocido promotor urbanístico, Bernard Devos, por el que éste se comprometía a abonar 5.598.427 euros a cambio de recalificar estos terrenos. Un ejemplo de la época más negra de la especulación urbanística".
Sin embargo, el actual alcalde de Trebujena es Ramón Galán (IU), que lleva en el cargo desde abril de 2022 tras la renuncia del antiguo regidor, Jorge Rodríguez, (también del mismo partido) y opta el próximo 28 de mayo a la reelección, se ha mostrado "rotundamente" en contra del proyecto.
Fuentes de IU explican que en 2003 llegó al Ayuntamiento la petición de este empresario, y que "en un principio se le dio autorización al estudio del proyecto", pero que a lo largo de los años éste ha ido sufriendo "una serie de modificaciones" que no dependían del propio Ayuntamiento. Además, lamentaron la gestión "kamikaze" del agua que está haciendo el gobierno de Moreno Bonilla. Y apuntan a que la Junta "se ha saltado un procedimiento".
"No sabemos si han querido meter esto en campaña como negocio electoral. Pero a nosotros lo que nos dicen es que el informe medioambiental de la Junta debería contar con la aprobación de la CHG, que debería ser una parte más de su informe. Pero ellos lo han hecho al revés. Han publicado su informe y ahora están a la espera de lo que diga la CHG", aseguran desde IU. Y Ecologistas en Acción también lo ve como "ilegal" al no contar "con el preceptivo informe sobre riesgo de inundabilidad", en una zona inundable en su totalidad.
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