La Policía Nacional detuvo el 22 de mayo de 2025 en Huesca a dos hombres —un empresario y un intermediario— por presuntamente integrar una red que vendía contratos laborales falsos y facilitaba documentación adulterada a ciudadanos extranjeros para obtener permisos de residencia y trabajo. La trama, desarticulada tras una investigación conjunta entre la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno, cobraba hasta 3.000 euros por cada trámite fraudulento, aprovechándose de la vulnerabilidad de migrantes en situación irregular.

Operativo policial y método delictivo

La investigación comenzó al detectarse irregularidades en una solicitud de residencia presentada por un ciudadano extranjero. Los agentes verificaron que había adjuntado un certificado falso de la Administración Pública, que simulaba el cumplimiento tributario de una empresa con sede en Lérida (Cataluña). El documento, elaborado por el empresario detenido, formaba parte de un paquete que incluía contratos laborales ficticios.

Durante la tramitación del caso, el extranjero confesó haber pagado 3.000 euros al intermediario, quien coordinaba la entrega de los contratos y aseguraba la presentación de la documentación ante las autoridades. Los investigadores descubrieron que el empresario ya había utilizado este método con anterioridad, lo que había provocado la denegación de múltiples solicitudes por irregularidades en años previos.

Red de complicidades y perfil de las víctimas

La trama operaba mediante una estructura sencilla pero efectiva: el empresario generaba contratos falsos utilizando datos de empresas reales —en algunos casos, accedidos durante empleos anteriores—, mientras el intermediario reclutaba a migrantes en situación irregular, principalmente de origen magrebí y subsahariano. Las víctimas, desesperadas por regularizar su estatus, aceptaban pagar sumas que oscilaban entre 1.500 y 4.500 euros, según la complejidad del caso.

Contexto histórico y expansión del fraude

Este caso no es aislado en Huesca. En junio de 2022, otro empresario fue detenido por estafar 45.000 euros a 18 migrantes mediante contratos falsos, mientras que en 2018, cinco temporeros fueron arrestados por usar identidades robadas durante la campaña hortofrutícola. La provincia, clave en la agricultura intensiva, se ha convertido en foco de redes que explotan las necesidades de mano de obra migrante y las lagunas en los controles administrativos.

La detención también revela vínculos interprovinciales. El empresario actuaba desde Lérida, donde registraba contratos en empresas fantasma, evidenciando la coordinación transfronteriza de estas redes. Esta estrategia dificultaba el rastreo, ya que las solicitudes se presentaban en múltiples comunidades autónomas, incluyendo Aragón, Cataluña y Navarra.

Implicaciones legales y penas potenciales

Los detenidos enfrentan cargos por falsedad documental, estafa y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con penas que podrían superar los seis años de prisión. Además, se investiga su posible responsabilidad en fraudes a la Seguridad Social, ya que los contratos falsos generaban cotizaciones irreales.

La Audiencia Provincial de Huesca ha sido notificada para coordinar la extradición del empresario a Cataluña, donde operaba su compañía. Mientras, las víctimas podrían regularizar su situación mediante denuncias formales, aunque el proceso requiere demostrar su condición de afectados por la estafa.

Medidas preventivas y recomendaciones

La Subdelegación del Gobierno en Huesca ha reforzado los controles en colaboración con la Inspección de Trabajo, implementando sistemas de verificación biométrica y cruce de datos fiscales en tiempo real. Asimismo, recomiendan a los migrantes:

  • Desconfiar de ofertas que exijan pagos anticipados por contratos.
  • Verificar el estado tributario de las empresas mediante el portal de la Agencia Tributaria.
  • Denunciar cualquier irregularidad al teléfono 062 o en comisarías especializadas.

Este operativo subraya la dualidad del desafío: mientras las redes criminales innovan en métodos de fraude, las autoridades intensifican la colaboración interregional para proteger a un colectivo especialmente vulnerable. La detención no solo desactiva una trama activa, sino que envía un mensaje contundente contra la explotación de quienes buscan una vida mejor en España.