Los compromisos adquiridos por el PSOE con el independentismo catalán para conseguir el apoyo de Junts y ERC a la investidura de Pedro Sánchez serán uno de los ejes de la próxima legislatura, especialmente por la aprobación y aplicación de la ley de amnistía. Una carpeta catalana que tiene cuatro nombres propios en el nuevo Gobierno: Félix Bolaños, responsable de gestionar esa ley, María Jesús Montero, que deberá afrontar las reclamaciones de financiación, José Manuel Albares, al que Junts seguirá reclamando la oficialidad del catalán en la UE, y Óscar Puente, que hereda de Raquel Sánchez la peliaguda gestión del traspaso de Rodalies.

El independentismo ha acogido con satisfacción la nueva "super-cartera" de Bolaños, arquitecto de la mayoría parlamentaria que ha conseguido sumar los votos de Junts y Esquerra. Su defensa de la ley de amnistía y su peso en el Gobierno es un claro mensaje frente al rechazo expresado por la judicatura. Pero incluso con Bolaños habrá disensos sobre la aplicación de un acuerdo que, según el PSOE, dará cobertura a más de 300 procesados por las acusas asociadas al 9N y el 1-O. Una cifra que Junts y ERC elevan al listón fijado por Omnium, en torno a los 1.400 amnistiados.

El portavoz de Junts, Josep Rius, advertía este lunes que "se verá en los próximos meses" cuánta gente se beneficia efectivamente de esta ley. Pero insistió en la interpretación expansiva que su partido hace del texto pactado con el PSOE. "Todos los encausados judicialmente por el hecho de ser independentistas han de quedar cubiertos. El lawfare es un concepto político, por eso no sale en la ley pero sí está en el acuerdo político".

Catalán en la UE

Desde Junts acogen también con optimismo la continuidad de Albares, al que el propio Carles Puigdemont elogió el empeño en la primera reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE en defensa del catalán. Apuntan desde Junts que el hecho de que la defensa de la oficialidad del catalán se realizara desde un Gobierno en funciones ha restado peso a la reivindicación, que confían en que se haga realidad antes de que acabe la presidencia española de la Unión Europea.

Más complejo será para Montero lidiar con las exigencias de financiación que los independentistas plantearán en dos frentes: ERC desde la negociación bilateral Gobierno-Generalitat, y Junts en la mesa de negociación PSOE-JxCat que debe reunirse por primera vez antes de que finalice este mes de noviembre, presumiblemente en Bruselas. Los dos partidos coinciden en la reivindicación: que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña.

Respecto al relevo al frene del Ministerio de Transportes, el independentismo se apunta la caída de la ministra catalana Raquel Sánchez, a la que responsabilizan del "caos de Rodalies". Y confían en el "peso parlamentario" de Junts y ERC para que se hagan realidad las inversiones reclamadas. Aunque en este punto Puente chocará con el enfrentamiento entre los dos partidos que apoyan al Gobierno: en el caso de la ampliación del Aeropuerto de El Prat, por ejemplo, Junts apoya la ampliación -como el PSC- mientras Esquerra se opone a un proyecto que ya hizo naufragar en 2022 cuando Aena presentó un plan de inversión de 1.600 millones de euros para el aeródromo catalán.

Siguen Marlaska y Robles

Por contra, tanto ERC como Junts han criticado la continuidad del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Al primero lo responsabilizan de las las infiltraciones policiales en grupos de la extrema izquierda independentista, y pidieron la dimisión de Robles como máxima responsable del CNI tras el escándalo de las escuchas con el programa Pegasus.

"A nadie le sorprenderá que ERC no esté de acuerdo en un ministerio tan estratégico como Interior haya un nombre como el que se propone, porque nos gustaría alguien comprometido con los derechos humanos", advertía este lunes la portavoz republicana, Raquel Sans. En términos similares se expresaba Rius, lamentando que Pedro Sánchez "pierde la oportunidad de cambiar a Robles y Marlaska, un ministro condenado siete veces por el TEDH".