La Generalitat permitirá abrir y rellenar piscinas privadas siempre que se abran al público como refugio climático. Es la última adaptación del Govern al decreto de restricciones por la sequía, que incluye también nuevas sanciones por el exceso de consumo y la contratación de desalinizadoras privadas que ya han empezado a programar agrupaciones turísticas de la Costa Brava para la temporada alta.
"Una piscina podrá ser declarada refugio climático si se considera imprescindible para reducir el efecto de las altas temperaturas" ha anunciado este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja, quien ha especificado que podrán ser piscinas "públicas o de titularidad privada". Todo un cambio en la postura del Govern, que hasta ahora se había negado a permitir el uso de agua para las piscinas privadas, prohibición que ha generado enorme inquietud entre el sector turístico, y que llega a un mes de las elecciones autonómicas del 12M.
Un hotel que no sea declarado refugio climático por parte de su ayuntamiento -abriendo sus instalaciones al público general- "y no contrate una desaladora privada no podrá abrir piscina" ha concluido Plaja. "Tendremos hoteles con piscinas inutilizables pero más grave es la sequía".
Plaja ha asegurado que se tratará "mayoritariamente" de piscinas de establecimientos turísticos, comunitarias o de centros deportivos privados que establezcan acuerdos con el ayuntamiento correspondiente. Esas piscinas serán censadas y podrán rellenarse para garantizar calidad sanitaria del agua siempre que se apliquen medidas adicionales de ahorro, ha señalado.
Serán los ayuntamientos quienes decidan qué piscinas comunitarias se consideran refugios climáticos, sin límite de número. Los consistorios serán también los responsables de fijar las condiciones de acceso, como el pago de cuotas, los aforos o la contratación de vigilantes para garantizar la seguridad. Una laxitud que Plaja ha defendido porque "es lo que han pedido" los propios gobiernos locales en la interlocución con las organizaciones municipalistas.
Cada ayuntamiento tiene la competencia para poder decidir estas condiciones, ha asegurado la portavoz, para quien "el Govern no puede establecer una norma común para todos los pueblos de Cataluña, todos tienen casuísticas diferentes".
Límite a los turistas
El decreto fija además límites de consumo para establecimientos turísticos, que hasta ahora estaban incluidos en las limitaciones generales del uso doméstico en alta. Cada plaza turística tiene a partir de ahora límites de consumo máximo de 115 litros por plaza hotelera en fase de excepcionalidad, 105 litros en fase de emergencia y 90 litros en fase emergencia 2.
Se trata de la primera vez que se establecen límites al consumo de agua en el sector turístico. Unos límites que serán obligatorios para los establecimientos turísticos en municipios que superen el límite general de 200 litros por habitante y día en alta.
Esas limitaciones se podrán exceder recurriendo al uso de desalinizadoras móviles privadas, para las que se establece también un nuevo régimen regulador. "Es una aportación adicional financiada por fondos privados que no estaba prevista cuando se elaboró el plan de sequía" ha explicado Plaja, que "no compromete al resto de aportaciones agua".
Por tanto, ha añadido, "no se aplicarán restricciones a estas aportaciones" siempre que se sufraguen con con fondos "totalmente privados" y que disponga de los permisos correspondientes para su instalación. La Generalitat exige además que estas desaladoras se usen para garantizar una actividad económica y los puestos trabajo correspondiente.
Hasta 150.000 euros de multa
Por último, el decreto establece un nuevo régimen sancionador que fija la sanción para un incumplimiento leve en los límites de consumo en 10.000 euros. Las infracciones graves de las restricciones impuestas por el decreto de sequía tendrán multas de entre 10.000 y 50.000 euros, y las muy graves hasta 150.000 euros.
El decreto modifica los periodos de control en las sanciones por exceso de consumo, que pasan de mensual a trimestral. Un cambio que "permite tener en cuenta una evolución más amplia del consumo" por lo que la sanción "será más ajustada a las circunstancias" ha argumentado Plaja, quien ha reconocido que este modelo permitirá reducir el número de expedientes.
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