La Guardia Civil de A Coruña intervino este 23 de mayo de 2025 un camión frigorífico que transportaba 227,5 kilos de sardina no declarada, procedente del puerto de Corcubión y con destino a la terminal pesquera de la ciudad herculina. 

Según informa Europa Press, el operativo, ejecutado por el Servicio Marítimo Provincial, detectó la discrepancia entre la carga real y la documentación presentada durante una inspección en la carretera AC-552, cerca de Baio.

El conductor, sorprendido estacionado en el arcén, mostró albaranes que no coincidían con el pesaje realizado posteriormente en la Lonja de A Coruña. La mercancía excedente, valorada en miles de euros, fue decomisada y donada al Banco de Alimentos Rías Altas, siguiendo el protocolo para casos de infracciones pesqueras. 

Este incidente se suma a una serie de intervenciones similares en Corcubión, donde en marzo de 2025 ya se habían incautado 606 kilos de sardina por irregularidades en el etiquetado y la trazabilidad.

La zona costera de A Costa da Morte se ha convertido en foco de la lucha contra la pesca ilegal. Solo en los últimos doce meses, las incautaciones en Corcubión superan los 3.300 kilos de sardina, incluyendo un operativo de agosto de 2024 donde se interceptaron 2.502 kilos de capturas excedentarias. Estos casos revelan un patrón de evasión de los topes máximos de pesca, aprovechando la alta demanda y el precio del producto en mercados nacionales e internacionales.

La Ley 11/2008 de Pesca de Galicia establece sanciones económicas y administrativas para estos delitos, que comprometen la sostenibilidad de los caladeros. Las sardinas intervenidas, además de suponer un perjuicio económico para el sector, alteran los equilibrios ecológicos marinos al extraer volúmenes no autorizados.

La colaboración entre la Guardia Civil, las cofradías de pescadores y entidades como el Banco de Alimentos Rías Altas permite reorientar parte del producto incautado hacia fines sociales. En 2025, esta institución ha recibido más de 3.000 kilos de sardina decomisada, que tras su congelación se distribuyen entre familias vulnerables. Las autoridades mantienen operativos activos para frenar un problema que afecta tanto a la legalidad pesquera como a la seguridad alimentaria.