La marcha del taxi en Madrid: protesta y tensión por las 8.500 licencias VTC concedidas a Cabify

La capital española se prepara para una de las movilizaciones más significativas del sector del taxi en los últimos años. El próximo 28 de mayo, miles de taxistas recorrerán el centro de Madrid en protesta por la concesión de 8.500 nuevas licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) a Cabify, una decisión que ha desatado una profunda crisis en la relación entre el taxi tradicional y las plataformas de movilidad.

Origen del conflicto: una sentencia judicial y la reacción del sector

El conflicto tiene su origen en una reciente sentencia judicial que obliga a la Comunidad de Madrid a conceder a Cabify 8.500 licencias de VTC, tras años de litigios iniciados en 2018, cuando la empresa solicitó un paquete global de 25.000 autorizaciones. En su momento, la administración autonómica denegó la mayoría, pero los tribunales han dado la razón a la compañía, forzando la concesión inmediata de estas 8.500 licencias.

La Comunidad de Madrid, aunque acata la resolución judicial, ha expresado su preocupación por el impacto de esta medida en el equilibrio del sector. Actualmente, existen más de 16.000 licencias de taxi y alrededor de 9.000 de VTC en la región. La entrada masiva de nuevos vehículos, según el Gobierno regional, podría “romper ese equilibrio y poner en riesgo al sector del taxi, esencial para la movilidad y para miles de trabajadores autónomos”.

El taxi responde: movilización nacional y denuncias de fraude

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha liderado la respuesta del sector, denunciando lo que considera un “fraude acreditado” en la concesión de las licencias. Según la FPTM, Cabify habría presentado documentación en regla, pero los vehículos asociados a esas solicitudes no estarían disponibles ni serían de su propiedad, ya que muchos habrían sido vendidos o estarían en régimen de renting y no destinados realmente a prestar servicio.

Estas acusaciones han llevado a la federación a convocar una gran manifestación, inicialmente prevista para el 20 de mayo y finalmente aplazada al 28, con el objetivo de permitir la participación de taxistas de toda España y convertir la protesta en un movimiento de ámbito nacional46. La marcha comenzará a las 10:00 desde la sede del Ministerio de Economía, recorrerá el Paseo de la Castellana y finalizará en la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, donde los representantes del sector entregarán un escrito con sus reivindicaciones.

Cabify defiende la legalidad del proceso

Frente a las acusaciones, Cabify ha defendido la legalidad de todo el proceso, asegurando que “toda la documentación presentada cumple con los requisitos exigidos por la normativa de transportes” y que la Comunidad de Madrid “no identificó ningún defecto” en los expedientes. La empresa recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han ratificado su derecho a recibir las licencias, y lamenta el “desconocimiento generalizado” del sector del taxi sobre el funcionamiento del mercado de VTC.

Además, Cabify ha solicitado a la administración una activación “faseada y ordenada” de las licencias para evitar una desestabilización repentina del mercado, pero critica que la Comunidad de Madrid haya optado por exigir la puesta en marcha inmediata de todas ellas en el plazo de un mes, lo que, a juicio de la compañía, puede tener efectos negativos tanto para el sector VTC como para el taxi.

Un problema que trasciende Madrid

La protesta del 28 de mayo no es solo una cuestión madrileña. Tanto la FPTM como la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) advierten que la situación puede repetirse en otras comunidades autónomas si no se adoptan medidas. El temor del sector es que la entrada masiva de VTC colapse el modelo de movilidad urbana y convierta las licencias en un producto especulativo, que ya se estaría vendiendo por hasta 40.000 euros a pesar de su carácter provisional.

El taxi reclama a las administraciones central y autonómica una solución que garantice un “equilibrio real y justo” entre licencias de taxi y VTC, y denuncia que la falta de planificación y control puede tener consecuencias graves para la movilidad, la economía de miles de familias y la calidad del servicio público.

El trasfondo político y judicial

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo y que agotará todas las vías legales para intentar frenar la concesión masiva de licencias. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha insistido en la necesidad de “una movilidad ordenada, justa y equilibrada”, aunque reconoce que la administración está obligada a cumplir las resoluciones judiciales.

Una movilización clave para el futuro de la movilidad

La marcha del taxi en Madrid del 28 de mayo representa mucho más que una protesta sectorial. Es el reflejo de un conflicto de fondo sobre el modelo de movilidad urbana, la convivencia entre servicios tradicionales y plataformas tecnológicas, y el papel de las administraciones en la regulación de un mercado en rápida transformación. El desenlace de este pulso marcará el futuro del taxi y de los VTC, no solo en Madrid, sino en toda España.