Dina Bousselham no solo sufrió presuntamente el robo de su teléfono móvil en un Ikea de Madrid -que ha terminado en una investigación en la Audiencia Nacional llamada 'caso Dina'-, la exasesora de Podemos sufrió también una sustracción en el trastero de su domicilio en la que una empresa se llevó muebles, documentos y hasta su vestido de novia. Tanto ella como su marido lo denunciaron, primero en la Guardia Civil, y luego un Juzgado de Parla que ha terminado por archivar la denuncia. Ahora su defensa lo ha recurrido a la Audiencia Provincial.

Los hechos sucedieron el 23 de noviembre de 2020, un mes después de que la pareja se mudara a su nueva casa en la localidad de Pinto (Madrid), según la documentación a la que ha accedido El Independiente. Cada vivienda comunica mediante un pasillo de acceso interior con escaleras y ascensor a un trastero. El suyo era el número 10. Cuando el marido de Bousselham bajó a tirar la basura sobre las 18:15 encontró que había cosas suyas en el contendor, así que acudió al trastero y llegó la sorpresa. Estaba vacío, solo quedaba un frigorífico y un lavavajillas propiedad de la inmobiliaria arrendadora.

Para añadir contexto, en este momento en la Audiencia Nacional el 'caso Dina' acaba de dar un vuelco. El juez Manuel García Castellón había quitado meses antes la condición de perjudicado al entonces líder de Podemos Pablo Iglesias en la causa que indaga en el porqué de que el comisario José Manuel Villarejo tuviera una copia en su casa del móvil que a Bousselham le habían robado cinco años antes. El 7 de octubre de 2020, es decir algo más de un mes antes de este segundo robo, García Castellón había elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para pedir la imputación de Iglesias (que era aforado), de la propia Bousselham y de varios de los responsables del equipo jurídico de los morados.

Cuando el marido de la que fuera directora de la web de noticias Última Hora (impulsado por Podemos) vio que nadie había forzado la puerta, pero que sus cosas no estaban allí habló con el conserje, quien le confirmó que un camión se había llevado parte del contenido del trastero (el gran mobiliario) como unas mesillas del dormitorio, una cama completa, un mueble de televisión, etc. "Hecho que le extrañó por el buen estado de los mismos", reza la denuncia. La empresa que entró -Careyes Contract S.L. que consta como denunciada- tiró otra parte a la basura quedando con "desperfectos y deteriores".

Según consta en la documentación, en el almacén había una tienda de campaña, con saco de dormir, esterilla y linterna; una batidora, una licuadora, un horno microondas, una nevera y enseres de playas, documentos, libros, una colección de CDs que incluía una de Jazz valorada en 300 euros; un televisor, un colchón... Asimismo, se llevaron el vestido de novia de Bousselham valorado en unos 1.000 euros y una caja con pendrives y discos duros.

La pareja de la politóloga de Podemos puso una primera denuncia en la Guardia Civil ese día y la amplió al día siguiente cuando el conserje y uno de los trabajadores de la empresa "volvieron a acceder al trastero sin consentimiento de los denunciantes, devolviendo una pequeña parte de los enseres sustraídos". Repusieron la tienda de campaña, el saco de dormir y dos trasportirnes para gatos.

Ante la inacción del Instituto Armado, el cónyuge pasó a interponer la misma denuncia en los juzgados el 21 de abril de 2021. Según las fuentes del caso consultadas, la titular del juzgado de 1ª instancia de Instrucción número 1 de Parla tomó declaración a uno de los trabajadores de la mercantil que se llevó las cosas, al dueño de la empresa arrendadora y al propio conserje. Todas las versiones coinciden en que se equivocaron de trastero y vaciaron el que no era.

A la jueza Mª José Mendoza Álvarez eso le ha valido: "De lo actuado y en especial de las declaraciones practicadas en autos no aparece debidamente justificada la perpetración del delito", señala en el auto de archivo del pasado 23 de diciembre.

A la pareja, no. Su defensa ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid porque de la declaración de algunos testigos se señala a una de las propietarias de la empresa como la que dio la orden de llevárselo todo "siendo plenamente consciente por el propio relato [...] que ese trastero estaba en pleno uso y no coincidía con las características de un trastero abandonado". Para ellos no hay dudas de que lo que ocurrió puede tipificarse como allanamiento de morada y apropiación indebida.

El 'caso Dina' se vuelve contra ella

La investigación que se seguía en la Audiencia Nacional como una parte desgajada de la macrocausa sobre Villarejo está alcanzando el fin a falta de que el juez diga si los periodistas que dieron la tarjeta del móvil a Iglesias en lugar de a Bousselham deben sentarse en el banquillo o no. Mientras, la decisión que sí ha tomado García Castellón es la de enviar a un juzgado de Madrid una parte del caso para que indaguen en si la exasesora de Podemos cometió falso testimonio y un delito de denuncia falsa.

Las contradicciones de los perjudicados a lo largo de la investigación han ido arrojando más dudas que certezas sobre por qué Iglesias tardó más de seis meses en devolver la tarjeta sustraída a su trabajadora y cómo es que si los periodistas se la dieron servible cuando llegó al poder de Bousselham ésta ya no funcionaba.

La Sala de lo Penal ratificó la semana pasada la decisión de García Castellón de deducir testimonio y enviar a un juzgado ordinario que decida si la exasesora morada mintió en sede judicial.