Se acabó. El Rey emérito Juan Carlos I puede respirar tranquilo desde Abu Dabi porque todas sus rencillas judiciales se han evaporado. La última no era fácil, en juego había nada menos que 146 millones de euros y mucho prestigio que su examante Corinna Larsen reclamaba para sí. Cerca de un año y medio después de que su periplo en la Fiscalía española y algo más del de la Fiscalía suiza, Juan Carlos ha cerrado también el capítulo judicial en Londres. Tres despachos de abogado han valido para que la Justicia británica archivara el caso de la empresaria. Aunque si algo le ha ayudado a llegar hasta aquí es la inmunidad que lo protegió como Jefe del Estado español hasta 2014.
La Justicia británica se rige por vías distintas a la española y el que fuera Rey sabía que no podía permitirse no conocer los recovecos del Derecho anglosajón. Su lucha allí se ha centrado en procesos previos a la demanda, en tratar de erosionar todo lo del alrededor sin entrar al núcleo del asunto: el presunto acoso a Larsen.
Sólo los hechos que se relataban en la demanda de diciembre de 2020 ya ponían episodios de Juan Carlos al desnudo. Corinna zu Sayn-Wittgenstein --como prefiere ser llamada-- afirmaba que el que fuera su pareja envió agentes del servicio secreto español a espiarla e intimidarla y que, incluso, le dejaron un libro en su mesa de la princesa Diana y la llamaron para decirle que había "muchos túneles entre Niza y Mónaco" donde ella entonces tenía vivienda. En toda la documentación que consta en la causa, a la que ha tenido acceso El Independiente, su equipo legal afirma que los agentes llevaron a cabo "allanamiento y daños criminales" que incluyeron "perforar un agujero en la ventana de su habitación mientras dormía por la noche en su casa en Shropshire el 21 de junio de 2017... y disparos y daños de las lentes de su CCTV [dispositivo de seguridad] en la puerta principal de su vivienda el 14 de abril de 2020”.
Las "inconsistencias" en su relato ha sido uno de los argumentos que la juez ha utilizado para cerrar el caso, según la sentencia hecha pública este viernes. La empresaria empezó diciendo que parte de este acoso fue liderado por agentes del Centro Nacional de Inteligencia a las órdenes del entonces jefe Félix Sanz Roldán, a quien llegó a nombrar directamente. Pero cuando los jueces le pidieron más detalles, explicando que no podían meterse con unos servicios secretos si estaban actuando para un país, ella especificó entonces que se trataban de actuaciones a título personal. Para el juez, nada casaba.
En realidad, algunos de los que estuvieron presentes en las vistas del caso comentan que en el centro de todo estaban los 65 millones de euros que el emérito pagó en una cuenta bancaria en el extranjero a nombre de ella en 2012. Una "donación" según la empresaria que de pronto él quiso recuperar. Este dinero fue precisamente el motivo de la investigación en Suiza al considerar que se trató de una comisión ilegal de Arabia Saudí, una suerte de contraprestación presuntamente irregular por la intermediación del Rey para que empresarios españoles se quedaran con la adjudicación millonaria de la obra del AVE hacia La Meca.
Esta persecución Real que Larsen dice que vivió le provocó "gran dolor mental, alarma, ansiedad, angustia, pérdida de bienestar, humillación y estigma moral", enumeró su abogado Jonathan Caplan QC en una de las vistas. Los jueces le pidieron informes médicos para acreditar esto, que ella no aportó en su demanda inicial en diciembre de 2020.
La inmunidad del Rey y el anillo de diamantes
El procedimiento se enredó durante tres años en torno a la inmunidad del monarca. Larsen contó, nada menos, que con un informe favorable del penalista español José Antonio Choclán que dijo que Juan Carlos I sólo mantenía un "estatus honorario" con agradecimiento a sus años tras la abdicación, pero que ya no era inviolable. Justo lo contrario que mantuvo el catedrático de Derecho Penal Bernardo del Rosal, quien defendía que el Borbón seguía formando parte de la Casa Real.
En marzo de 2022, Juan Carlos I recibió el primer revés de la mano del primer juez del caso, Matthew Nicklin. “Ninguno de los fundamentos para defender la existencia de inmunidad de Estado ha logrado demostrarse y, por tanto, la demanda debe seguir adelante", dijo en su sentencia. “Si aceptara ese argumento, mañana el acusado podría enterar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes. Y no debería hacer frente a ningún proceso penal o civil en esta jurisdicción”, llegó a comparar. El togado afeó incluso al Estado español no haber enviado ningún documento oficial que aclarará cuál era la condición del monarca en ese momento.
Juan Carlos I estaba blindado de abogados. Había cogido al bufete Clifford Chance, uno de los más exclusivos a nivel internacional y su defensa la lideraba Daniel Bethlehem. Pero la relación no duró mucho y en julio de ese año se puso en manos de un despacho más pequeño, Cartur-Ruck, especializado en derecho internacional, comercial y derecho al honor. A partir de entonces comenzó el camino a la apelación.
La entrada del tercer despacho
Según las normas del procedimiento civil inglés, para conseguir que el Tribunal de Apelación te escuche el recurso que se debe presentar debe tener "reales posibilidades de éxito u otra razón imperiosa por la que el recurso deba ser oído". La forma en la que se comunicó la demanda (por Whatsapp), en encaje de los actos de acoso anunciados por Larsen y la jurisdicción española fueron los tres pilares sobre los que construyó su defensa el nuevo despacho.
El 8 de noviembre de 2022 los jueces Eleanor King e Ingrid Simley y Andrew Popplewell escucharon en la Corte de Apelaciones a los abogados de ambas partes. Aunque la alemana sí acudió de forma presencial a varias vistas, el Borbón nunca apareció por allí. No fue un buen día para la defensa de Corinna Larsen porque los magistrados cuestionaron entonces "fallos de forma y de fondo" en sus argumentos. Un mes después el emérito logra su primera victoria.
"El juez se equivocó al concluir que la conducta señalada durante la fase anterior a la abdicación era privada. La conducta previa es inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país", señala el fallo de la Corte. Esto dejaba herida de muerte la demanda de la examante del emérito porque se borraba de un plumazo cualquier responsabilidad anterior a 2014. No obstante, había algunos hechos que ella describía sobre las supuestas presiones que llegaban hasta 2020, con lo que una parte podía seguir su andadura.
Pero un tercer despacho de abogados, Velitor Law, entró en juego para seguir enrevesando los argumentos sobre la falta de jurisdicción de los tribunales londinenses. "¿Te imaginas a los tribunales españoles juzgando a la reina de Inglaterra Isabel II?", expresa una fuente cercana al procedimiento.
Juan Carlos se congratula
"Su Majestad está muy satisfecho de conocer esta tarde la sentencia de hoy del Tribunal Superior inglés y considera que se ha hecho justicia", distribuyó este viernes en un comunicado oficial. El nuevo bufete y una nueva jueza, Rowena Collins Rice, terminó por provocar el éxito rotundo de las pretensiones del monarca. A Larsen aún le queda un recurso, pero fuentes jurídicas exponen que la dificultad de éxito es total.
“Mi conclusión principal es que el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales carece de la jurisdicción para juzgar este caso. Y esto es debido a que la demandante no ha interpuesto la demanda en el país de domicilio del demandado, a lo que él tiene derecho. No ha sido capaz de convencerme tampoco de que su caso entre dentro de las posibles excepciones a esta regla. No ha sido capaz de demostrar que ‘los hechos causantes de daños’ hayan ocurrido en Inglaterra”, sentenció ayer la magistrada londinense.
Ella, por su parte, también difundió su decepción públicamente. "Es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia en nuestro sistema jurídico. El acoso tiene un impacto profundo y duradero en las personas, y es crucial que nuestros procesos legales proporcionen un recursos adecuados a quienes lo hayan sufrido. La intimidación y el acoso hacia mí y mis hijos continúan y tienen como objetivo destruirme por completo. Juan Carlos ha desplegado todo su arsenal para desgastarme y el alcance de su poder es inmenso", expresó.
Tanto en esta como muy especialmente en todas las causas abiertas contra Juan Carlos I en España, la inviolabilidad que protege al Jefe del Estado durante los años que ostenta el poder han sido la clave para que el país no viera juicio alguno contra un Rey.
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