Junts sí ha conseguido arrancar algo en su acuerdo con el PSOE este miércoles para eliminar el artículo que se refiere a las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El partido independentista, que no da un paso sin que sus expertos jurídicos den la venia, ha logrado diluir el temor de que con una sola cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo en referencia a la amnistía todos los procedimientos en otros juzgados que tuvieran relación quedaran paralizados. Si bien no hay dudas de que acudir a Luxemburgo supone congelar la aplicación de la medida, ahora, según explican fuentes jurídicas, tendrá que ser cada juez de forma independiente el tenga que plantear esta cuestión prejudicial para dejar en pausa el perdón sobre las causas del procés.

Esta parte del culebrón legal comenzó hace menos de un mes, el pasado 21 de diciembre cuando entró en vigor el artículo 23 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La norma regula el trámite interno que un juez o tribunal español debe seguir para plantear una duda ante el TJUE que es el padre de la Justicia comunitaria y debe decidir si alguna ley nacional colisiona con las reglas comunes.

El punto dos de este artículo dice que "cuando se encuentre pendiente" una cuestión prejudicial "directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, ya planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, si el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento".

Esto, en la práctica, quiere decir que si un órgano plantea una de estas cuestiones y otros cuatro juzgados tienen la misma duda pueden suspender el procedimiento también ellos sin necesidad de acudir a Europa, sino esperando que se resuelva la duda de su compañero juez que aplica a todos. De esta forma se evitan que el TJUE reciba cinco cuestiones prejudiciales iguales, ya que una vez resuelta una, ésta atañe a todas las demás.

Extrapolando esta situación a la amnistía, lo cierto sería que si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo planteara una primera cuestión prejudicial sobre la causa a los líderes del procés, el resto de jueces y tribunales que quisieran podrían suspender sus procedimientos sin necesidad de acudir directamente a Luxemburgo. Las fuentes consultadas explican que, de facto, las dudas del alto tribunal dejarían en stand by la amnistía casi al completo.

"La norma se aprobó así en España pensando, por ejemplo, en la regulación bancaria con la que llegaban al TJUE 30 o 40 cuestiones prejudiciales iguales y esto provocaba allí caos", expresa una fuente jurídica a El Independiente. Se trataba, dice, de "eficiencia procesal" y "racionalidad".

Además, añade, entre los magistrados europeos existía "cierta incomodidad" porque llegarán decenas de planteamientos iguales. El Gobierno quiso dejar por escrito la aplicación efectiva de las cuestiones prejudiciales para homogeneizar la legislación de la Unión, pero esto ha puesto en alerta a Junts y, según el documento de prensa que remitieron ayer tras el pacto con el PSOE, "amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez había colocado el artículo en la Ley de Enjuiciamiento Civil porque, de acuerdo a las distintas fuentes preguntadas, hay numerosas cuestiones al TJUE que "tienen su origen en la litigación de consumo". En principio aplica, por tanto, a la jurisdicción civil, pero es este área el que supletoriamente se aplica al resto de leyes procesales en ausencia de norma, por lo que podría haber terminado afectando a lo penal y aquí residía el recelo de la formación de Carles Puigdemont.

Se paralizará uno a uno, caso a caso

Sin embargo, esta pequeña victoria para el partido independentista no aleja ni mucho menos la posibilidad de que se paralice la amnistía. "La estrategia de Junts es un poco absurda", repone otro de los consultados. Lo cierto es que cada juez que se dirija a Luxemburgo con dudas logrará paralizar su procedimiento, si bien los que decidan que aplican el perdón total directamente también lo podrán hacer y ahí está el éxito.

"Lo que va a pasar es que los tribunales que no tienen apetito de tramitar la amnistía no lo harán y acabará habiendo 200 cuestiones prejudiciales distintas", confiesan. En este sentido, la Justicia Europea suele proceder de la misma forma: resuelve sólo uno e insta al resto de tribunales a que retiren sus dudas cuando ya hay decisión.

La suspensión de los procedimientos afectados por una cuestión prejudicial no deriva del Derecho español, sino de las reglas de los Veintisiete que vinculan por encima de las normas internas. Lo dice explícitamente el artículo 23 del estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sí habla de congelar el caso. "En los casos a que se refiere el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la decisión del órgano jurisdiccional nacional que suspende el procedimiento y somete el asunto al Tribunal de Justicia será notificada a este último por dicho órgano jurisdiccional", reza explícitamente.

Así las cosas, suprimir este artículo 43 bis no logra de ninguna manera blindar a Puigdemont, como ha explicado este medio, porque acudir a Luxemburgo supondrá que la amnistía se retrase en su aplicación, pero sí consigue que la parálisis no se extienda en todo el territorio de forma tan sencilla.