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Los guardias del grupo de élite contra los narcos impulsan la causa para demostrar su inocencia

El juez de Parla deniega su petición de llamar a declarar a los agentes de Policía antidroga que iniciaron la investigación contra David Oliva. Los investigados solicitan a la Audiencia Nacional que reabran el caso

El teniente contra el narcotráfico de la Guardia Civil en El Estrecho de Gibraltar, David Oliva (d), a su salida de la Audiencia Nacional (EP).

El teniente contra el narcotráfico de la Guardia Civil en El Estrecho de Gibraltar, David Oliva (d), a su salida de la Audiencia Nacional (EP). Europa Press

El que fuera jefe de la unidad de élite de la Guardia Civil de lucha contra el narcotráfico David Oliva tiene una premisa: "La verdad se sabrá en los tribunales". Así de contundente se muestra el teniente coronel, según su entorno, que permanece imputado en el Juzgado de instrucción número 5 de Parla (Madrid) en una investigación por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos cuando él dirigía el Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur (OCON SUR). El ministro del Interior, Fernando Grande -Marlaska, desmanteló en septiembre de 2022 esta unidad que ha vuelto al candelero después del asesinato de dos guardias por el embiste de una narcolancha en Barbate (Cádiz). Los tres agentes que permanecen bajo sospecha tratan de acreditar que todo fue un montaje para desarticular la lucha contra la droga y buscan demostrar su inocencia, de acuerdo a la documentación que puede avanzar El Independiente.

La intención de Oliva y de los otros dos tenientes de la Benemérita implicados es probar que agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía falsearon los informes contra ellos para cargarse al grupo investigador del Sur. Por eso, el pasado mes de enero solicitaron citar hasta nueve policías, incluido uno de los jefes del grupo Antidrogas. Entienden que el informe que realizaron sobre la grabación y escuchas de los teléfonos que dio lugar a la investigación es "parcialmente falso".

Esta operación conocida como 'Varea'-- que ha ido desgranando este medio-- nació en la Audiencia Nacional como una ramificación en un caso de drogas. La Policía, que andaba tirando del hilo de una familia que trapicheaba, descubrió que uno de los guardias civiles de OCON era muy cercano a un familiar del clan de los Ariza (investigados en la pieza principal por tráfico de estupefacientes), incluso compartían fotos en Facebook. La UDYCO informó a la Guardia Civil de sus sospechas y Asuntos Internos del cuerpo tricornio se hizo cargo del asunto. El escándalo, de ser verdad, era mayúsculo: la gran unidad montada para desarticular el narcotráfico resultaba corrupta por los capos.

Lo cierto es que el asunto no ha tenido un gran recorrido desde entonces. Ninguno de los tres detenidos terminó en prisión provisional y el ministro del Interior tampoco los cesó de sus cargos de forma fulminante, como ha ocurrido en otras investigaciones como el 'caso Cuarteles' con un jefe de la comandancia de Tenerife. Dio tumbos durante meses entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para delimitar la competencia y desde noviembre el juez de Parla Ignacio Arconada ha cogido la batuta.

"No ha lugar a la práctica de las hasta ocho testificales de agentes de la UDYCO central así como del Jefe de grupo, como tampoco la ratificación de pericial alguna", zanjó el togado el pasado 22 de enero. El juez señala que instruir "no significa que haya que practicar en esta fase previa todas y cada una de las pruebas, en una especie de doble proceso" y "parece evidente que las diligencias solicitadas en nada van a ayudar a aclarar circunstancia alguna del delito investigado".

El togado quiere delimitar la causa al delito de revelación de secretos por el que, supuestamente, un agente advirtió a Oliva de que estaba siendo investigado a cambio de la promesa de puesto en OCON-Sur. Pero los tres implicados han reiterado una y otra vez su inocencia y ahora buscan ir más allá y desmontar la causa desde el principio. El juez dice que para eso, deben acudir a otra sede: "Si lo que la parte pretende es que se declare la nulidad de todo o de parte de esta investigación en absoluto resulta necesario el citar como testigo a las personas que se pretende, debiendo en su caso pretender y solicitar la nulidad en el procedimiento donde se acordó la autorización de las escuchas".

Dicho y hecho. Los agentes se han ido pues al asunto inicial y han interpuesto un nuevo escrito en la Audiencia Nacional en el que tratan de personarse y reabrir la pieza principal sobre narcotráfico para poder evidenciar allí que hubo informes con datos falsos, según confirman fuentes jurídicas. Si no fueran inocentes, dicen estas fuentes, no querrían remover las pesquisas.

En contra, tienen a la Fiscalía Antidroga que ha impulsado el procedimiento y de forma sistemática se ha opuesto a la petición de pruebas que han ido solicitando. El juez, por su parte, cree que la instrucción está acabada y que el asunto debe ir pronto a un juicio que será con jurado por el tipo de delitos, según confirman otras fuentes relacionadas con la investigación. Pero sus ánimos no decaen y están convencidos de que la única forma de aclarar qué ocurrió realmente para desmantelar ese grupo pasa por los tribunales.

Los nuevos destinos

OCON Sur contó con unos 150 agentes que se destinaron única y exclusivamente a la batalla de la droga en toda la costa de Andalucía. Los resultados fueron claros: se incautó 1,1 millones de kilogramos de hachís, 35.146 kg de cocaína o 59.275 kg de marihuana. Detuvieron a 12.813 personas, se incautaron 2.622 vehículos y 1.137 barcos, tal y como contó Interior en el balance final. Por eso, su desarticulación está llena de incógnitas y hoy se ha vuelto en un arma arrojadiza contra Marlaska después de que el asesinato de Barbate haya revelado cómo los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la zona son claramente insuficientes.

Imagen compartida en los grupos de Whatsapp de miembros de la Guardia Civil

La unidad de élite nació en 2018 y terminó en 2022 sin mucha explicación. Cuando en diciembre de ese año Asuntos Internos del Instituto Armado detuvo a los tres agentes, incluido el teniente coronel Oliva, algunas fuentes encajaron las piezas del puzle: el ministro lo desarticuló a sabiendas de lo que venía.

Sin embargo, voces que pertenecieron a OCON creen que Marlaska fue una víctima y bien "no sabía nada" cuando desde la Guardia Civil se le convenció de que había que integrar a los miembros del grupo en la Policía Judicial que ya operaba en cada zona o bien "lo engañaron". La lucha de los integrantes del cuerpo pasa por aclarar qué intereses hubo detrás de una investigación que tachan de "espuria" y sin sustento. Defienden que al ministro se le ofreció una "muerte dulce" para la unidad, pero que "lo informaron mal" y sostienen que todo estaba "orquestado".

Oliva se integrará en las próximas semanas en el Centro de Enseñanza de la Guardia Civil (Madrid) donde su rol consistiera "casi en ser un profesor". Hasta ahora estaba de tercer jefe en la Policía Judicial de Málaga y este nuevo destino es considerado por algunas fuentes del cuerpo como un "castigo". Otro de los investigados se encarga ahora de la seguridad de los edificios públicos en Ceuta y el tercero está en trabajos de oficina en Andalucía "a la espera de asignación".

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  1. Los colegas de Feijoo.