No es la primera vez que Suiza dice que no a una información en el marco de la investigación de 'Tsunami Democràtic'. La Audiencia Nacional ya pidió hace más de cuatro años datos sobre cuentas bancarias para esclarecer la financiación de la plataforma independentista catalana y el país rechazó aclararlo, alegando que las pesquisas tenían tintes políticos. Este mes de diciembre, la Justicia helvética ha vuelto a negarse a localizar a la líder de ERC Marta Rovira (que vive allí tras fugarse del Tribunal Supremo) y ha paralizado la petición de datos hasta que España aclare algunos puntos como por ejemplo de qué va la ley de amnistía.

"Principalmente, observamos que aunque los hechos descritos en la solicitud española tienen una calificación penal en la legislación suiza, el carácter político del delito, si existe delito, constituye en todo caso, un motivo de inadmisibilidad de la solicitud en virtud de la legislación suiza en materia de asistencia judicial penal que nos impide --sin dejarnos ninguna opción-- conceder la asistencia judicial a la autoridad requiriente española", expresó el 20 de marzo de 2020 la Oficina Federal de Justicia suiza, dependiente del Ministerio de Justicia suizo.

No sólo denegó la petición, sino que además dejó por escrito sus dudas sobre el procedimiento. "La organización debe perseguir el objetivo de cometer actos criminales de violencia (asesinatos, por ejemplo) o de conseguir ingresos por medios criminales (extorsión y chantaje, por ejemplo) siendo el nivel más alto de infracción en el derecho suizo", dijeron. "En el presente caso [de 'Tsunami Democràtic'], los hechos descritos en la comisión rogatoria no corresponden a los elementos constitutivos de la organización criminal en el sentido del derecho suizo", añadieron.

Ya entonces el instructor Manuel García Castellón estaba indagando en delitos que consideraba terrorismo y así lo expuso en la petición de información que había realizado meses antes. Suiza contestó: "El terrorismo se define como un acto de violencia criminal que pretende intimidar a una población o a obligar a un Estado o una organización internacional a realizar, o a abstenerse de realizar, un acto cualquiera. De nuevo, de los hechos españoles no se desprende el uso de la violencia criminal entre otros elementos, exigencia de esta norma suiza".

La oficina federal se negó entonces, como se ha vuelto a negar ahora. Poca sorpresa para las fuentes jurídicas consultadas que saben que Suiza es un país que no colabora en materia judicial con España.

No localiza a Rovira

En el nuevo escrito que firma el mismo miembro de la administración de Justicia suiza, se vuelve a calificar el carácter político de las pesquisas. Ahora dicen que, antes de saber si tiene este tinte o no, necesitan obtener una serie de respuestas.

En primer lugar, dicen no entender "por qué solicita el paradero de la Sra. Rovira Vergés mediante asistencia judicial, cuando esta medida puede llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial". Pero añaden que tampoco comprenden "qué finalidad se persigue con esta localización". El juez García Castellón pidió saber exactamente su ubicación para poder notificarla formalmente de que está siendo investigada en la Audiencia Nacional por su implicación en la coordinación de los disturbios que azotaron Cataluña tras el verano de 2019, una vez se conoció la sentencia del procés.

El magistrado quiso saber igualmente si la financiación del grupo venía desde Suiza, lugar al que la líder de ERC se había mudado y donde se hicieron algunas reuniones de preparación de 'Tsunami', según el sumario. El país helvético, en cambio, quiere saber "por qué se solicitan movimientos en la cuenta en cuestión hasta junio de 2020, en la medida en que los eventos organizados en los respectivos aeropuertos de Barcelona y Madrid que supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta habían tenido lugar el 14 de octubre de 2019". Es decir, por qué quiere datos más allá del día que se organizó el bloqueo del aeropuerto de El Prat.

En este sentido hablan del "principio de proporcionalidad" y agregan que ni siquiera "está clara" la pertenencia de Rovira a esta plataforma.

Por último, la oficina federal pregunta por la ley del perdón. "Nos enteramos por la prensa de que en España se estaba preparando una ley de amnistía para varios separatistas catalanes. Agradeceríamos que su Ministerio y/o el Juzgado Central de Instrucción número 6 nos ampliaran información al respecto. Sería conveniente, entre otras cosas cuestiones, que nos explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de 'Tsunami Democràtic'".

Fuentes jurídicas reiteran no extrañarse por el hecho de que el país no quiera colaborar, sin embargo, sí señalan con estupefación que la respuesta Suiza había entrado en el Ministerio de Justicia el pasado 29 de diciembre, como demuestra el sello en el documento. En cambio, no ha sido hasta este martes 20 de febrero, casi dos meses después, cuando el departamento que dirige Félix Bolaños ha enviado la carta a la Audiencia Nacional.