Todavía con el sumario del caso Koldo caliente, los indicios que apuntan al exministro de Transportes José Luis Ábalos no han sido suficientes para que la Fiscalía Anticorrupción dirigiera la querella contra él. Pero distintas fuentes jurídicas apuntan a una responsabilidad del socialista, aunque sea de forma indirecta, por el control que él debía establecer sobre esos contratos públicos que terminaron con mordidas millonarias en el bolsillo de su asesor Koldo García y otros empresarios.

Al menos un mensaje del sumario salpica directamente al exministro: "Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino [Koldo]... él y su exjefe [Ábalos]... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio". En esos términos se expresaba el 4 de diciembre del pasado año el empresario Juan Carlos Cueto, que para la Fiscalía es el cerebro de la trama. Él fue el hombre que, dice el fiscal, captó a García y lo usó como puerta de entrada a los negocios en el Ministerio de Transportes.

Los datos hablan por sí solos. Ocho adjudicaciones de la Administración a la empresa Soluciones de Gestión, que se enriqueció en un periodo muy breve de tiempo (en el que traían mascarillas en plena pandemia) y se diluyó a la vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cesó a Ábalos. Un total de 52 millones de euros en contratos de material sanitario del que sólo un 13% fue realmente para el material. El resto, beneficios. Nada menos que 9,6 millones de euros para Juan Carlos Cueto; otros 5,5 millones para Víctor de Aldama, otro de los empresarios en la cúspide; y más de uno para Koldo.

La operación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llamó Delorme (apellido del creador de la mascarilla) se saldó con un total de 20 detenidos y 26 registros o requerimientos este martes, después de que llevaran más de un año indagando bajo secreto. Entre ellos, además de Koldo parte de su familia. Su mujer y su hermano Joseba García. Porque esta trama de corrupción tiene todos los ingredientes de una trama de corrupción: incremento de patrimonio de forma descomunal en poco tiempo, ingresos en efectivo en el cajero, compras de viviendas a nombre de otros y envío de dinero al extranjero para opacar las operaciones.

Ingredientes tan vistos ya por la Fiscalía Anticorrupción que no ha hecho falta escarbar demasiado para encontrar las pruebas del delito. Cuatro en concreto: cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. La pregunta que muchos se hacen ahora es hasta dónde puede salpicar al exministro el hecho de que su mano derecha esté sometido a una investigación en la Audiencia Nacional.

Culpa 'in vigilando'

La respuesta no es clara y las opiniones jurídicas difieren. Algunos penalistas consultados señalan que la clave estará en saber cuál era el órgano con capacidad de decisión sobre estos contratos y quién era el responsable último de las adjudicaciones. "Mirar para otro lado es delito", explican. Y refieren al artículo 11 del Código Penal que señala que los delitos pueden ocurrir por comisión, pero también "por omisión cuando la no evitanción del mismo". Es decir, que si Ábalos lo sabía es motivo suficiente para que estuviera involucrado.

Pero otras fuentes de Anticorrupción señalan la dificultad extrema de poder demostrar esto. Un posible tipo delictivo relacionado con la cooperación o con la complicidad podría darse en "aquella gente que está en una posición de garante y que omite un acto que exige una posición de garante", dicen. Es decir, que si Ábalos estaba en la parte de arriba de la jerarquía ministerial (era el jefe) debería haber estado atento a lo que sus subordinados hacían.

"El típico supuesto de deber de garante es efectivamente cuando yo nombro a alguien, le tengo que controlar y no hago ese control", explican en la Fiscalía que lucha contra la corrupción. Pero, de nuevo, es muy difícil demostrarlo. "Tiene que ser una posición de garante directamente y con conciencia de que tu omisión ha podido afectar a lo que ha pasado", reflejan.

Si no hay implicaciones directas en la investigación que señalen al ahora diputado es del todo improbable que la Fiscalía vaya a solicitar cualquier imputación contra él o que el juez pueda acordarla. "Él va a decir que no lo sabía", asumen.

La historia de los tribunales, recuerdan, está plagada de personas que no sabían lo que hacía el de al lado. Como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en la corrupción del caso Púnica; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en lo relacionado a los papeles de Bárcenas; la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen o la infanta Cristina en el caso Noos.

Alguna fuente señala más probable algún tipo de responsabilidad civil en este caso, lo que se llama la culpa in vigilando, que es precisamente, la responsabilidad civil por los daños causados por las personas respecto de las que otras tienen un especial deber de vigilancia. En cualquier caso, pocos dudan de que el juez de la Audiencia Nacional pueda terminar llamando al menos como testigo a José Luis Ábalos para que aclare los tejemanejes que están bajo el foco de su etapa en el Gobierno.