El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a abrir la puerta en los últimos días a rebajar de las mayorías parlamentarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y por la rendija de esa puerta entran ya los gritos de alarma de miembros de la judicatura que recuerdan que reducir los votos de los políticos va en contra de las directrices europeas sobre la corrupción. Sobre la mesa hay tres posibles atajos que el líder del PSOE puede utilizar para sacar de la ecuación del pacto al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y ninguno se antoja sencillo.

Para entender en qué términos podría modificarse la Ley Orgánica del Poder Judicial, hay que comprender primero cómo encajan las piezas del puzle que componen actualmente el Consejo. En total son 20 vocales los que lo integran: 12 jueces o magistrados en activo y ocho juristas de reconocida competencia, es decir, catedráticos, abogados, notarios etc. De estos, los 12 son elegidos por el Congreso y Senado (seis cada uno) y los ocho se reparten también, cuatro cada uno. De forma que el Congreso elige diez y el Senado otros diez. Esto podría cambiar porque sobre la mesa hay tres vías por las que Sánchez podría dar un vuelco al modelo que rige desde 1985 y que requiere mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras para la elección.

La rebaja de las mayorías que propuso Podemos

En primer lugar, podría traerse la idea de rebajar directamente las mayorías que ya propuso Podemos en 2020. La ley ofrecía que los votos se quedaran en mayoría absoluta (los que logró Sánchez para ser investido) y no necesitara ese "extra" de mayoría reforzada para el que le hace falta el PP. Esto lograría ahora que los 10 miembros que nombra el Congreso fueran todos progresistas y no mitad y mitad como es tradición, si bien los 10 del Senado serían todos conservadores ya que en esa cámara los de Núñez Feijóo consiguieron mayoría absoluta tras las elecciones de 2023.

Hace cuatro años, la reforma de la ley fue desechada por el PSOE cuando Europa encendió la luz roja. En plena tramitación de la propuesta, el Consejo de Europa se dirigió al ministro de Justicia entonces Juan Carlos Campo para advertirle de que menguar las mayorías no remaba en favor de los estándares europeos. También presidente del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), Marin Mrcela, se dirigió al Ejecutivo por este asunto, así que desde entonces el titular de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha venido repitiendo que restar votos para renovar el CGPJ no entraba en sus planes.

La puntilla del Constitucional

La segunda opción cobra algo más de fuerza entre los que temen una reforma inminente. En octubre de 2023, el Tribunal Constitucional firmó una sentencia con los votos de los progresistas --siete a favor y cuatro conservadores en contra-- que generó mucho malestar en la carrera y que seguía la senda de una renovación con rebajas de las mayorías. Pero el órgano de garantías añadía la puntilla y señalaba que el CGPJ podría renovarse por partes y no de golpe. Algo que nunca ha pasado.

A pesar de que el fallo se dirigía a si la limitación de poderes del Consejo era acorde a la Carta Magna, los magistrados dejaron por escrito un párrafo que levantó ampollas. "En cuanto al modo de renovación del CGPJ, si parcial o general, nada dice al respecto el artículo 122.3 CE, lo que significa que la renovación en su integridad del CGPJ es una opción legítima del legislador orgánico -es, de hecho, la fórmula por la que ha optado el legislador desde el principio-, no siendo inconcebible algún sistema de renovación del órgano por partes", firmó la ponencia de Mª Luisa Balaguer.

Tal fue la polvareda, que el Tribunal emitió una nota de prensa señalando que se había hecho una interpretación "sesgada" y "fuera de contexto" y que ellos no habían dicho "nada sobre la futura renovación del Consejo". Pero muchos miembros del Poder Judicial creyeron leer entre líneas que se había desplegado una alfombra roja para el atajo legal que planteaba el PSOE.

Lo cierto es que la Constitución [artículo 122] sólo blinda que se elijan por mayoría de tres quintos los ocho juristas que serían los que se quedarían sin renovar ante el previsible desacuerdo entre Gobierno y oposición. Y dice que deben ser cuatro en el Congreso y cuatro en el Senado.

Pero el Ejecutivo podría modificar la ley en sintonía con la propuesta de Podemos para no sólo rebajar las mayorías, sino además señalar que en vez de diez [cuatro juristas y seis jueces], el Congreso pudiera elegir a 16 vocales [cuatro juristas y los 12 jueces]. La sentencia del órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido invita, según algunas fuentes, a que los 12 vocales de procedencia judicial puedan ser renovados por una sola cámara, así que allana el camino a que el PSOE pueda modificar la ley orgánica y forzar a una renovación parcial esquivando al PP.

El Gobierno podría designar sólo a los 12 vocales que vienen de la judicatura y los otros cuatro que le toca al Congreso no se renovarían, como tampoco los cuatro que le toca al Senado porque esos sí, dice la Constitución, necesitan los votos de mayoría cualificada. El partido de Sánchez se haría así con amplia mayoría en el órgano (12 de 20) que podrían volver a nombrar a las cúpulas judiciales.

La vía Guilarte

Por último está la 'vía Guilarte' que es la propuesta que el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, lleva haciendo desde el inicio de su mandato el pasado año. Primero, hizo su oferta publicando un artículo en un periódico y el pasado 23 de abril envió una carta a las cámaras "a título personal" con su idea.

El presidente insiste en la idea de "objetivar" los nombramientos en el alto tribunal para que el Consejo deje de ser apetecible para la zarpa de los políticos. Si los vocales no nombraran a las cúpulas judiciales, los políticos perderían interés en el órgano y por tanto renovarlo sería más sencillo como ocurre con el Defensor del Pueblo, por ejemplo, que no genera tanta tensión. Para él, debe hacerse una valoración de mérito y capacidad del candidato y no debe ser un juego de cartas entre vocales de un lado y del otro.  "Lo digo siempre: en mi Facultad nunca me dejarían impartir una clase de Derecho Penal, a pesar de lo cual he intervenido en la designación de numerosos miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", escribió.

Su plan pasa por que los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia y de sus salas no sean elegidos por el CGPJ, como hasta ahora, sino por los propios jueces, miembros de esas salas o tribunales. Mientras, para los del Supremo propone que se elija un tribunal dependiente del Consejo, pero integrado también por "profesionales cualificados" y togados del alto tribunal.

A su juicio "no se priva al Consejo de competencia para el nombramiento de los altos cargos jurisdiccionales, sino que se trata de limitar la inevitable discrecionalidad actual, reenviando de manera efectiva las designaciones a llevar a cabo por el CGPJ a los principios constitucionales de mérito y capacidad". Sin embargo, algunos de sus compañeros tachan este plan de "ocurrencia" y lo reprueban. Por su parte, Sánchez en su última entrevista en TVE se mostró dispuesto a estudiar este asunto.