El presidente del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), Marin Mrcela, se ha dirigido al Gobierno para pedirle información sobre la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que presentaron en el Congreso de los Diputados los partidos de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, así como le advierte de que la propuesta que busca reducir los 3/5 necesarios del Congreso de los Diputados a una mayoría simple para elegir a los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial «se desvía de los estándares del Consejo de Europa relativos a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede suponer una violación de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa».

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Mrcela ha dirigido una carta directamente al ministerio de Justicia encabezado por Juan Carlos Campo, a la que ha tenido acceso El Independiente, en la que también recuerda que «los Consejos de la Judicatura, en los Estados miembros donde existan, se supone que deben ser órganos independientes que buscan salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales, lo que, a su vez, es una condición sine qua non para una lucha eficaz contra la corrupción».

El presidente del órgano dependiente del Consejo de Europa recuerda al Gobierno de Sánchez que «como ustedes saben» los mencionados estándares «estipulan que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles de la judicatura», así como que «GRECO ha insistido repetidamente en que las autoridades políticas no deben involucrarse, en ninguna etapa, en el proceso de selección del turno judicial».

Así, el GRECO advierte al Ejecutivo de que «observará de cerca el desarrollo de la actualidad» al respecto y pide una explicación al respecto en el próximo plenario que tendrá lugar en unos días, entre el 26 y el 30 de octubre.

El órgano se pronuncia después de que prácticamente toda la carrera judicial se haya mostrado en contra de la reforma propuesta por el Gobierno porque dinamitaría la separación de poderes e impediría la independencia judicial de salir adelante. Tanto las asociaciones judiciales y fiscales, colegios de abogados como ya cuatro tribunales de justicia de las comunidades autónomas se han manifestado abiertamente contrarias a la reforma y han pedido que sean los jueces quienes elijan a los vocales judiciales del órgano de Gobierno de los jueces.

Un grupo de vocales del CGPJ solicitaron un Pleno extraordinario para abordar la reforma al considerarla «contraria a la Constitución» que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ha convocado para el próximo día 28 de octubre.