El Tribunal Supremo ha acordado abrir una tercera causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez, más conocido como Alvise Pérez, después de que los magistrados ya iniciaran una investigación por posible financiación ilegal de su partido político (Se Acabó la Fiesta) y por difundir datos sanitarios del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Esta tercera causa tiene que ver con unos mensajes difundidos contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert, en la cuenta de Telegram del político. Los delitos bajo el foco tienen que ver con el acoso.

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La Sala de lo Penal ha basado su escrito en una petición del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que incoó un procedimiento a raíz de la denuncia de la propia Gisbert. La fiscal daba cuenta de un mensaje que él había divulgado en su chat y por el que había estado recibiendo mensajes amenazantes e insultantes en Internet.

Concretamente fue el pasado 28 de enero, pasadas las seis y media de la tarde, cuando Alvise Pérez señaló a Gisbert con nombres y apellidos: "Aquí tenéis el organigrama completo con nombre y apellidos de las personas responsables de la persecución ideológica llamada ' delitos de odio'. Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una invasión. Están organizados por ciudades. Busquemos sus identidades. En la imagen, Susana Gisbert Grifo; la responsables en Valencia de haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas". El eurodiputado publicó también la imagen de la fiscal.

La ponencia de Pablo Llarena reconoce que puede haberse producido stalking (acoso en las redes) "pues su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho de que el denunciado insistiera en esa reacción después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia [...] muestra indiciariamente que pudo existir una intención voluntaria".

La policía realizó una investigación inicial en la que relataba cómo el mensaje de Alvise había provocado una oleada de más de mil comentarios contra la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia. Insultos, amenazas, y acoso al perfil de su hija. Los agentes no pudieron identificar a los que suscribieron los comentarios, pero sí a quien registró el canal como administrador: Luis Pérez Fernández, es decir, Alvise, diputado del Parlamento Europeo desde el 16 de julio de 2024.

Para la Sala de lo Penal es clave que la fiscal tuviera que modificar conductas de su vida cotidiana a raíz de lo sucedido, lo que demuestra el posible cúlmen del delito de acoso, así como que Alvise ya hubiera publicado algún mensaje anterior contra ella. "Tampoco puede excluirse que constituyera la intencionalidad del denunciado [...] por las objeciones que el aforado expresó a la labor como fiscal de Dña. Susana Gisbert, como porque insistió en dinamizar una animadversión o reacción colectiva contra ella cuando muchos de sus seguidores habían hecho ya explícita la idea de agredirla". Se ha designado como instructor al magistrado Juan Ramón Berdugo.

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