La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha incoado unas diligencias previas y ha preguntado a la Fiscalía si debe abrir una investigación para indagar en un presunto delito de intervención ilegal de las comunicaciones del exministro José Luis Ábalos, según ha podido confirmar en exclusiva El Independiente. La denuncia partió del que fuera secretario de Organización del PSOE, que acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haber "interceptado" wasaps cuando dirigía el Ministerio de Transportes y de haberle realizado seguimientos cuando aún no estaba siendo investigado en el 'caso Koldo'.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, Ábalos acudió el pasado 28 de enero, pasadas las ocho y media de la tarde, a la Brigada de Policía Judicial en la Jefatura Superior de Madrid para interponer una denuncia en la que adjuntaba el diario de sesiones del Senado, puesto que le parecía "muy grave" que hubiera quedado registrado en esa cámara que se había "interceptado" sus wasaps con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hablando sobre el asunto de la vicepresidenta de venezolana Delcy Rodríguez.

Para enmarcar esta situación, en ese momento, al inicio de este año, el 'caso Koldo' ya llevaba meses ubicado en el Tribunal Supremo y el exministro había tenido que pasarse al grupo mixto al verse envuelto en la investigación por el presunto cobro de mordidas por contratos de mascarillas durante la pandemia. En un informe que la UCO había presentado en octubre de 2024 en el alto tribunal --con Ábalos ya imputado-- se exponía un pantallazo de una conversación entre el político y Sánchez (con fecha de enero de 2020) en la que el primero explicaba al presidente Gobierno que Delcy Rodríguez viajaría a España. Sánchez se daba por enterado con un "bien".

No fue, por tanto, hasta enero de 2025 cuando Ábalos reparó en que el diario de sesiones del Senado recogía íntegra una intervención del senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo en la que decía: "La llegada de esta señora, Delcy Rodríguez, era conocida por el ministro Marlaska, por el ministro Ábalos y por el propio presidente del Gobierno, según parece; hasta un mes antes de su llegada el 20 de enero de 2020 [...]. Aparte de esto, existe un wasap, interceptado por la Unidad Central Operativa, entre el señor Ábalos y el presidente del Gobierno".

Por esta referencia, el exministro acudió a denunciar que se habían "intervenido" mensajes "entre dos autoridades" como eran Sánchez y él, "por ende dos aforados" y "que para intervenir dichas comunicaciones por parte de la UCO debieron de solicitar el correspondiente mandamiento a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, motivándolo porque deberían de entender que tanto el Sr. Sánchez como yo nos encontrábamos inmersos en la comisión de un ilícito penal".

"Esta circunstancia", continúa el escrito, "me parece de tal gravedad, que los miembros de un gobierno estén siendo espiados por las Fuerzas de Seguridad del Estado", que pedía que se analizara judicialmente.

Pero sólo tardó un día más en regresar a la Policía. Al día siguiente, el 29 de enero a las seis y media de la tarde, el exministro presenta una ampliación, adjuntando más de 30 páginas de información y seguimientos que la UCO había incluido en el 'caso Koldo'.

El exministro asevera entonces que después de haberse podido personar en la causa en el Tribunal Supremo se ha dado cuenta de que agentes del Instituto Armado han tomado fotografías de él y han realizado vigilancias mientras Koldo García, el que fuera su asesor, estaba siendo investigado en unas diligencias que permanecían secretas en la Fiscalía Anticorrupción. "Hay evidencias que acreditarían una investigación sin amparo judicial sobre mi persona. En concreto, sirva de ejemplo que en el informe 197/2022 de la UCO de 10 de enero de 2023 se exponen toda una serie de alojamientos y estancias en mi condición de ministro, así como detalles de viajes privados", refleja.

Además, el diputado insiste en que la unidad de élite interceptó de forma ilegal un sobre que Koldo García le iba a hacer llegar a través de su Joseba García (también imputado en el 'caso Koldo') que viajaba a Valencia a entregárselo. "Agentes de la UCO establecen un dispositivo de seguimiento sobre Joseba García pendiente siempre del sobre que contenía la documentación. Para su interceptación recurren a la patrulla de los GAR (Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil). Los agentes que seguían a Joseba García prosiguen su seguimiento hasta mi domicilio particular en Valencia donde comprueban que se me hace entrega", detalla la denuncia. "Me toman fotografías, identifican mi vehículo particular averiguando la titularidad del mismo tomando nota de la matrícula, lo cual es un ejemplo de vigilancia sobre mi persona".

La Fiscalía Anticorrupción ya ha archivado unas diligencias sobre este asunto del sobre haciéndose eco de los argumentos del Supremo, que dice que no hay pruebas de que la correspondencia fuera nominativa.

Tanto fuentes jurídicas como fiscales han confirmado a este medio, sin embargo, que el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha dictado un auto de incoación de diligencias y ha pedido, de nuevo, a la Fiscalía que se pronuncie sobre si debe iniciar o no la investigación. Este paso de pedir informe previo al Ministerio Público no es obligatorio, pero los magistrados pueden hacerlo antes de decir qué hacer. Fuentes de la investigación indican que todas estas actuaciones están dirigidas a lograr una "campaña de desprestigio" hacia la UCO para que no se siga destapando la corrupción.

La Audiencia Provincial revisa la revelación de secretos

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, que tenía otras diligencias abiertas tras una denuncia de Ábalos por revelación de secretos decidió archivar de forma provisional este asunto, según agregan fuentes jurídicas. Esta denuncia fue interpuesta en julio de 2024, cuando el exministro no formaba parte de los imputados y el asunto todavía se investigaba íntegramente en la Audiencia Nacional.

El diputado lleva desde prácticamente el inicio del procedimiento judicial quejándose de que sus derechos, primero sin estar imputado y luego estándolo, han sido vulnerados y señalando las continuas filtraciones. En esta línea, presentó la primera denuncia en la Fiscalía que terminó en la apertura de estas diligencias.

Tras el archivo, la defensa de Ábalos presentó un recurso de apelación y, precisamente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid se ha reunido este lunes con uno de estos puntos en el orden del día. El tribunal, por tanto, deberá resolver en los próximos días si reabre la causa por revelación de secretos o si confirma el archivo del juez instructor.

Ábalos, por su parte, se muestra enfadado porque el Gobierno haya prestado tanta atención a las filtraciones que afectan al presidente del Ejecutivo en unos wasaps que a su juicio "no dicen nada", mientras él lleva "17 años soportando filtraciones".