Cinco asociaciones judiciales y fiscales han anunciado este lunes una nueva medida contra los dos proyectos de ley impulsados por el Ministerio de Justicia. Tras el paro simbólico del 11 de junio, las organizaciones han convocado una concentración frente al Tribunal Supremo el sábado 28 de junio y una huelga de tres días —el 1, 2 y 3 de julio— si el Gobierno no da marcha atrás.

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La movilización, promovida por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), busca frenar la aprobación de dos reformas legislativas que consideran un ataque frontal a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal.

Los textos, conocidos como la 'ley Bolaños' y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se tramitan por la vía de urgencia en el Parlamento y han generado una fuerte controversia en una parte significativa de la judicatura. A juicio de las asociaciones, la primera abre la puerta a un acceso más laxo a ambas profesiones, al establecer un sistema de estabilización para jueces y fiscales sustitutos que permitiría acceder a la carrera a cualquier profesional jurídico con cinco años de experiencia, sin precisar más requisitos. La segunda reforma prepara el terreno para entregar la instrucción penal a los fiscales, a quienes no se les garantiza, según denuncian, una verdadera autonomía frente al Ejecutivo.

Las asociaciones subrayan que la concentración "no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo", sino que tiene como único objetivo "la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho". Se trata, destacan, de una protesta "estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista", abierta tanto a operadores jurídicos como a la ciudadanía comprometida con una justicia independiente.

En paralelo a las movilizaciones, los convocantes van a mantener reuiones con los principales grupos parlamentarios —PSOE, PP y Vox— y han solicitado encuentros con el resto de formaciones. También han intensificado su interlocución con instituciones europeas, a las que han alertado de que las reformas propuestas vulneran el principio de no regresión en materia de independencia judicial, consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las asociaciones advierten de que, si no se produce una retirada de los proyectos antes del 1 de julio, la huelga se llevará a cabo. Tras los primeros tres días, evaluarán conjuntamente la situación y no descartan su prolongación si el Gobierno mantiene su hoja de ruta. "Es una medida legítima, proporcionada y necesaria frente a unas reformas legislativas que comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal".

La ofensiva judicial se suma a otras iniciativas surgidas desde la propia base de la carrera. En las últimas semanas, más de mil jueces y fiscales —muchos de ellos pertenecientes a las últimas promociones— han secundado un manifiesto difundido por el grupo Unión de Fiscales y Jueces, que también amenaza con huelga. Además, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo expresó su "inquietud" ante la reforma del acceso a la carrera judicial, al entender que pone en riesgo la objetividad, la transparencia y la igualdad de condiciones en el sistema de oposiciones.

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