El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha enviado una carta a la presidenta del órgano y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, para que le traslade al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la "inconveniencia" de intervenir estando procesado en el acto del arranque del curso judicial que se celebra este viernes en presencia del Rey Felipe VI. Además, solicitan que el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, no ocupe el estrado como tradicionalmente lo hace el representante de esta cartera "significando con ello la separación de poderes".

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En la misiva, a la que ha tenido acceso El Independiente, los diez miembros del bloque conservador solicitan que "se ponga en conocimiento" al Rey Felipe VI de esta situación para que haya una "adecuada coordinación institucional". Exigen a Perelló que "en defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece" traslade al fiscal general del Estado que no es de recibo que dé el discurso en el que hace balance de la situación de la Fiscalía cuando él está a un paso de sentarse en el banquillo.

"En modo alguno se pone en duda el derecho a la presunción de inocencia, que asiste a todo ciudadano, ni se prejuzga,c omo no puede ser de otra forma, el fondo de proceso en curso", dice la carta. "Sin embargo, la coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente la resernidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones".

Los vocales se refieren a que cualquier fiscal contra el que hubiera un procedimiento de estas características y se hubiera abierto juicio oral (García Ortiz está a un paso de esta situación), tendría que ser cesado porque la ley así lo indica y, en cambio, esto no está previsto para el fiscal general del Estado. Él siempre ha defendido su inocencia y se ha resistido a dimitir porque dice que así protege al resto de funcionarios públicos de posibles denuncias que sólo pretendan apartarlos de sus funciones.

Los miembros del CGPJ han trasladado a Perelló la "gran preocupación" con la que asisten a un acto en el que el fiscal general del Estado tiene previsto "ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a Su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de los asistentes".

"Resulta, por ello, difícilmente comprensible que esta situación se tolere", esgrimen. Se trata de una "innecesaria tensión" para el Ministerio Público que se une, además, a un "contexto político" todavía más candente y recuerdan en este punto la entrevista de esta semana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que "se vertieron acusaciones genéricas contra jueces y magistrados".

Los voces indican que Sánchez, con sus palabras, "reiteró ante la prensa internacional" sus dudas sobre la "imparcialidad" de la Justicia y que Bolaños lo siguió en esta misma línea. "Ante ello, queremos manifestar que tales afirmaciones no resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho".

"Las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosionan el sistema constitucional mismo", termina la carta que firman José Luis Costa Pillado, José Antonio Montero, Pilar Jiménez, José Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa, José Mº Páez, Pilar Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal.

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