El 'caso Koldo' vuelve a coger vuelo, y mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil prepara dos informes patrimoniales de José Luis Ábalos y Santos Cerdán para presentarlos en el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional decidirá esta semana si el último secretario de Organización del PSOE debe ser excarcelado. El ponente, el conservador José María Macías, ya tiene preparada la resolución que ahora deben avalar los magistrados Ricardo Enríquez, también conservador, y Juan Carlos Campos, progresista. Por su parte, la defensa de Cerdán prepara nuevos movimientos.

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El órgano de garantías lo resolverá en una de las cuatro secciones que lo componen porque, de momento, nadie ha pedido que la petición de amparo formulada por los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo sea avocada a pleno (donde están todos los magistrados y habría mayoría progresista) como asunto de especial relevancia constitucional.

Cerdán presentó este recurso el pasado mes de julio alegando que su continuidad en el centro penitenciario de Soto del Real vulnera sus derechos, ya que el riesgo de destrucción de pruebas no existe. Decidir en una sección quiere decir que no todos los miembros del Tribunal tienen que opinar, sino que lo hará un grupo muy reducido de ellos (los tres antes mencionados). Y en este caso, las fuentes del Constitucional consultadas por El Independiente recuerdan que existe un altísimo número de recursos de amparo que se inadmiten desde el inicio. "De cada 100.000 que se presentan, sólo pasan unos 100", refleja una fuente.

Por eso, algunos dan por hecho que el caso de Cerdán no será distinto y puede acabar en inadmisión por parte esta sección que hace de filtro de entrada al resto del Tribunal. Para ello, sólo se necesita el voto favorable de dos miembros. En este caso con Macías y Enríquez, los dos conservadores, sería suficiente para rechazar de plano la excarcelación del exsecretario de Organización socialista.

Si, por el contrario, la decisión fuera de admisión sí harían falta los tres votos favorables. En este supuesto, el ponente tendría que elaborar una segunda propuesta sobre la medida cautelar que implica la salida de prisión y ahí intervendría el Ministerio Público.

Sus abogados preparan nuevos movimientos

Su defensa no se dará por vencida y seguirá intentando sacar a Cerdán de prisión utilizando el argumento del tiempo, que juega a su favor. En estos meses no se ha ordenado ninguna medida por parte del Tribunal Supremo destinada a garantizar la custodia de los documentos o el material que el exdiputado pueda guardar. De hecho, su familia se ha trasladado a vivir a Navarra de nuevo y la UCO nunca registró el piso que han dejado en Madrid.

Fuentes de su entorno consideran que es evidente que el riesgo de destrucción de pruebas no existe si no se ha intentado por parte de los investigadores "llegar" a esas pruebas. Por eso, voces de su defensa confirman a este medio que esta semana pretenden presentar un nuevo recurso el juez instructor se replantee su criterio y revoque la prisión provisional que acordó el pasado 30 de junio.

Anticorrupción esperará a la UCO

En cualquier caso, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción descartan modificar su posición sobre la prisión provisional en la que Cerdán lleva desde el pasado mes de junio hasta ver qué datos nuevos aportan los informes de la UCO. Dichas fuentes, eso sí, aseguran que la medida no se extenderá más allá de lo necesario para asegurar la investigación y proteger cualquier riesgo de desviar a los investigadores de su tarea.

Entre los informes que aguarda el Tribunal Supremo hay uno más inminente que, citadas voces, esperan que pueda estar listo este mes de septiembre y es el relativo al patrimonio de José Luis Ábalos. La semana pasada el Tribunal Supremo reclamó nuevos datos al Congreso de los Diputados, al PSOE sobre los pagos y donaciones del exministro de Transportes, cuyo patrimonio, dice, puede estar "entremezclado" con el de su exasesor Koldo García.

Al margen de la situación personal de Cerdán, las citadas fuentes auguran una investigación larga, entre otras cosas, dado el ingente material incautado en los registros de febrero de 2024, con los que estalló el 'caso Koldo', y en los efectuados el pasado junio. Los informes patrimoniales, explican, sólo son el punto de partida.

También están pendientes una serie de informes relativos a la compra de mascarillas y se espera que en estos haya datos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. En cualquier caso, las fuentes de la investigación consultadas señalan que por el momento no obran en la causa indicios para actuar contra ninguno de los dos integrantes del PSOE y dicen que si se producen más imputaciones tendrá que ver más con empresas que se dedicaron al pago de comisiones irregulares.

La entrevista a su exmujer

El peligro para Ábalos no está solo en el Tribunal Supremo. Este lunes se emite también en televisión una entrevista de su exmujer Carolina Perles en la que narrará 20 años de matrimonio con el dirigente socialista. Éste ha presentado un escrito en el Supremo pidiendo que actúe ante la difusión de dicha grabación porque "podría perjudicar la percepción judicial del señor Ábalos".

"Según manifiesta [Perles] ha tenido acceso a documentación sensible de la época que Ábalos formaba parte del Gobierno, así como conversaciones personales y telefónicas que su exmarido [Ábalos] tenía por razón de su cargo", justificó en su escrito. Además, Ábalos quiere que se investigue de dónde ha salido la información en la que se afirma que tenía carpetas guardadas con fotos de mujeres que ejercían la prostitución.

Acusa directamente a la UCO de usa filtración, pero la respuesta del juez Leopoldo Puente ha sido del todo elocuente y asevera que no hay "indicio alguno de mínima consistencia" que permita atribuir a la Guardia Civil "la pretendida filtración".

Puente también se ha referido al "linchamiento mediático" denunciado por Ábalos al constatar que ha otorgado "plena verosimilitud a la noticias y documentos contenidos en la información que denuncia" al asumir, "implícitamente al menos", que "la misma se contendría en las evidencias digitales que le fueron intervenidas en el registro domiciliario". Le recuerda, además, que él ha dado distintas entrevistas.

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