Quién es quién en el juicio contra García Ortiz

Ya es oficial. Se ha conformado el tribunal que juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dentro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Este jueves el órgano entregaba a las partes la providencia en la que se hacía constar quiénes serán los siete encargados de presidir el juicio más mediático que se celebrará en el interior de las paredes del edificio madrileño después del procés hace seis años.

La composición revela una mayoría conservadora, si bien distintas fuentes judiciales consultadas advierten de que esto no se tiene que traducir en la certeza de una condena a García Ortiz por el delito de revelación de secretos. Todo dependerá de lo que ocurra en la vista oral donde todavía está por ver quiénes se sentarán como testigo. El jefe del Ministerio Público ha presentado ya su escrito de defensa pidiendo la absolución y solicitando que acudan como testigo el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, de quien partió una de las denuncias así como el jefe de gabinete de la presidenta Miguel Ángel Rodríguez, entre otros.

Andrés Martínez Arrieta: es el actual presidente de la Sala de lo Penal y será quien presida el tribunal durante la semana o semanas que dure el juicio. A pesar de que tomó posesión oficialmente el pasado 3 de septiembre, ya presidía esta delicada Sala desde diciembre del año 2024 cuando su predecesor Manuel Marchena cumplió el mandato. Es el número uno en el escalafón de la carrera judicial y un magistrado "sereno" y muy respetado por la judicatura. Es miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y varios de sus compañeros no lo ubican en una alineación política definida por lo que tienen confianza en que pueda dirigir el juicio con "talante" y mucha profesionalidad.

Susana Polo: será la ponente de la sentencia. Es una magistrada de corte progresista que forma parte de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia. Desde septiembre de 2018 es magistrada en el alto tribunal y previamente desarrolló su carrera en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es especialista en violencia de género y, de hecho, suya fue la sentencia que condenó a 'La Manada' por una violación grupal. También tuteló la investigación de 'tsunami democrátic' que, finalmente, tuvo que archivarse por un error judicial previo. En 2019 entró en la Sala de Gobierno del Supremo después de que durante seis años no hubiera ninguna representación femenina. Fue la segunda más votada del órgano, por detrás de Antonio del Moral, si bien actualmente ya no forma parte de esta Sala. Esta magistrada fue una de la que más dudas tuvo de iniciar causa contra García Ortiz.

Manuel Marchena: fue durante diez años presidente de la Sala que se dedica al enjuiciamiento de los políticos y a la revisión de todos los recursos de España. Es considerado uno de los jueces más influyentes, todavía hoy, con tal auctoritas y conocimiento del derecho penal que algunos creen que el fallo dependerá de la postura que él adopte, pues tiene la cualidad de lograr amplios consensos. Durante su mandato la mayoría de resoluciones sensibles salieron por unanimidad, como, por ejemplo, las relativas a los indultos o a la ley del 'solo sí es sí'. Es magistrado del Supremo desde hace 18 años y dirigió el juicio del 'procés' elevando su popularidad hacia fuera de la sede del alto tribunal. No forma parte de ninguna asociación y, si bien hay quienes lo consideran cercano al PP por el famoso wasap del exsenador Ignacio Cosidó que provocó su renuncia a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quienes lo conocen bien no tienen duda de su absoluta independencia.

Antonio del Moral: Es otro de los penalistas con más prestigio dentro y fuera de la Sala. Forma parte del Supremo desde 2012, cuando se incorporó a la Sala por el turno de juristas de reconocida competencia. Fue designado por el Gobierno para integrar la comisión de expertos encargada de realizar un Código Procesal Penal y le fue concedida la Gran Cruz de San Raimundo Peñafort. Su aceptación entre sus compañeros se revela, por ejemplo, en que fue elegido por unanimidad para presidir la Comisión de Ética Judicial. Distintas fuentes consideran que su opinión y su conocimiento del funcionamiento interno de la Fiscalía, donde ha trabajado, también tendrá un peso esencial en la sentencia de García Ortiz.

Juan Ramón Berdugo: es magistrado del Supremo desde hace más de dos décadas adonde recaló desde la Audiencia Provincial de Córdoba. Es un togado de claro corte conservador que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y que mantuvo durante la deliberación del 'procés' las posturas más extremas para condenar a los líderes independentistas de 2017. En 2024 realizó unas declaraciones en el Colegio de la Abogacía de Córdoba criticando la sentencia del Tribunal Constitucional que desbarataba por completo la condena de corrupción a miembros del PSOE que formaron parte de la Junta de Andalucía por el 'caso ERE'. Formó parte, junto a Marchena, del Moral, Lamela y Polo, del tribunal que admitió iniciar las diligencias contra el fiscal general del Estado.

Carmen Lamela: es la magistrada más nueva del tribunal, puesto que aterrizó en el Supremo directamente desde la Audiencia Nacional en 2018. Allí había instruido casos como el de Abengoa o el asunto de blanqueo de capitales por el que el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell estuvo en prisión provisional y luego salió absuelto. Esto, unido a la instrucción que comenzó con algunos líderes secesionistas catalanes como Jordi Cuixart o Jordi Sánchez, colocó entonces a la magistrada en el centro de la polémica y provocó que algunos la señalaran como afín al PP. Dentro del alto tribunal la definen como una magistrada "discreta" y diligente.

Ana Ferrer: la última integrante que se sentará en el estrado es la primera mujer en la historia en ocupar una plaza de magistrada en la Sala de lo Penal. Ferrer, de sensibilidad progresista y miembro de Jueces y juezas para la Democracia, ha roto varios techos de cristal a lo largo de su carrera profesional, pues también fue presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid. Su última aspiración era presidir la propia Sala Segunda y, para ello, se enfrentó a Martínez Arrieta en la candidatura, algo que no sentó especialmente bien entre algunos magistrados que consideraban que el número uno del escalafón debía ocupar esa plaza los últimos años antes de su jubilación. Ella terminó dando un paso atrás. Firmó un voto discrepante en la sentencia de los 'ERE' y se espera que sea una de las voces más críticas del tribunal contra la condena a García Ortiz.