El Gobierno insiste en que "todo" va a quedar en nada, pero la imbricada realidad de los tribunales y las investigaciones por corrupción política contradicen, al menos de momento, esta afirmación. Juicios, desde luego, va a haber. Y no uno, ni probablemente dos. El sudoku de fechas judiciales que se asoma en el horizonte puede coincidir con distintos calendarios electorales y hacer daño al Partido Socialista. A partir de noviembre, cuando está previsto que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se siente en el banquillo, el PSOE tendrá que acostumbrarse a unos meses copados por titulares de presunta corrupción.

Esta semana comenzaba con la magistrada Carmen Rodríguez-Medel enviando al banquillo al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña de Isabel Díaz Ayuso, por una causa de fraude fiscal. Este asunto es también una piedra en el zapato para el PP y es el único que el Ejecutivo utiliza continuamente para evitar el foco constante sobre las investigaciones a su alrededor. La formación de Pedro Sánchez, de hecho, junto con Más Madrid ejercen de acusación popular y habían pedido además del delito de fraude fiscal el de falsificación de documento mercantil, acusar por delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. La magistrada dijo sí a todos ellos este lunes y ahora deberá pronunciarse la Audiencia Provincial de Madrid al recurso que González Amador interpuso el pasado 1 de septiembre por su procesamiento.

Luego llegó el martes y la Audiencia de Badajoz decidía mandar a juicio definitivamente a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a otras 10 personas tras una quirúrgica investigación que ha durado menos de un año. Ésta, después del tema del fiscal general, es posiblemente la siguiente fecha segura a la que el PSOE deberá enfrentarse porque las fuentes jurídicas consultadas calculan que la imagen de Sánchez entrando en su juicio podría darse entre febrero y marzo del próximo año.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha realizado una investigación relativamente corta que ha concluido con la acusación por prevaricación y tráfico de influencias contra el 'hermanísimo'. Se ha bautizado así esta causa, precisamente, por uno de los indicios más claros que constan en este sumario y es un correo que localizó la Guardia Civil en el que se compartían las bases para la plaza de coordinador de conservatorios pacenses. Aún sin que nadie se hubiera presentado y sabiendo el final, que es que el hermano de Sánchez logró hacerse con ese puesto que supuestamente se sometió a concurso público, el asunto del email era: "Hermanísimo".

Este presunto enchufe es el que tendrá que dirimirse en la vista oral que algunos calculan que pueda durar varias semanas. La sentencia llegaría con mucha probabilidad antes de verano.

El miércoles quien movía ficha era el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la instrucción contra Begoña Gómez. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decidía que en la pieza separada de la causa que había abierto por malversación debía iniciar el procedimiento por jurado, como indica la ley. Esto produjo un tsunami de información para entender por qué en este punto Peinado daba ese paso y por qué sólo con el delito de desvío de fondos públicos y no con los demás por los que también acusa a Gómez que son el de tráfico de influencias, intrusismo laboral, apropiación indebida y corrupción en los negocios.

Los correos que ha aportado el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio han dado la puntilla a la acusación que pesa sobre la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, también imputada por ayudar, presuntamente, a Gómez con sus actividades privadas cobrando un sueldo público. Como avanzó este medio, el juez Peinado ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil toda la correspondencia para que elabore un informe que, algunos creen, será de los últimos antes de terminar este fragmento de la instrucción.

En cualquier caso, muchas incógnitas se aclararán este sábado a partir de las seis de la tarde cuando el juez ha citado a Begoña Gómez, a Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien trabajó en La Moncloa desde 2021 siendo la persona que, supuestamente, tenía que supervisar la actividad de la asistenta de la esposa del presidente. Voces de la Justicia calculan que la imagen de Begoña Gómez en el banquillo puede llegar el otoño que viene.

Esto dependerá, eso sí, de cuándo finalice la investigación que todavía sigue viva. De hecho, en la Audiencia Provincial de Madrid hay casi una decena de recursos pendientes de ser resueltos. Lo que sí está más claro es cuándo se celebrará el juicio contra el fiscal general del Estado porque es prácticamente ya un secreto a voces que en el Tribunal Supremo están bloqueando los días para que pueda ser en el mes de noviembre cuando por primera vez un jefe de esa institución sea acusado de delitos que llevan aparejada la cárcel.

García Ortiz pidió esta semana también su absolució en su escrito de defensa y habló de una campaña orquestada por parte del Ejecutivo madrileño. La composición del tribunal ya es definitiva y algunos dan por hecho que la mayoría conservadora ya certifica su condena. En la judicatura pocos dudan de la imparcialidad de los magistrados del Tribunal Supremo y explican, además, que es muy posible que haya fricciones en la Sala de lo Penal en una sentencia que no será para nada sencilla. El juicio puede durar una semana, a lo sumo dos, depende de cuántos testigos se acepten. La sentencia, creen algunas fuentes, podría estar antes de navidad.

Para entonces se conocerá si García Ortiz queda inhabilitado pues no tiene una instancia superior a la que agarrarse, más allá de que pueda acudir al Tribunal Constitucional una vez haya sentencia firma. El Gobierno tendría, entonces, que designar a un nuevo fiscal general del Estado y el escándalo sería mayúsculo.