El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado a España a pagar una suma de 12 millones de euros por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas e impondrá una multa coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre que persista el incumplimiento a partir de este miércoles, 25 de julio.

El caso se remonta a 2010, cuando la Comisión Europea llevó al Estado ante la Justicia europea tras haber comprobado que varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes no disponían ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas. El TUE confirmó el incumplimiento en una sentencia dictada en abril de 2011.

El Ejecutivo comunitario denunció de nuevo a España el año pasado porque el Estado seguía sin cumplir la sentencia en 17 aglomeraciones y solicitó una multa coercitiva de 171.217 euros por cada día de retraso y una suma a tanto alzado de 19.303 euros por cada día transcurrido entre la fecha de la sentencia de 2011 y su plena ejecución. En la sentencia de este miércoles, el TUE declara que España no ha cumplido su obligación de acatar la sentencia de 2011 porque al finalizar el plazo fijado por la Comisión Europea para su ejecución (31 de julio de 2013), las 17 aglomeraciones seguían sin disponer de sistemas colectores y de tratamiento de aguas residuales urbanas.

Las ciudades o urbanizaciones infractoras señaladas por Bruselas son Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja, Barbate, Gijón este, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Benicaró, Peñíscola, Teulada-Moreira, Valle Guerra noreste y Valle de Güímar, estas dos ultimas en Canarias.

El tribunal de Luxemburgo ha argumentado que la inexistencia de sistemas colectores o de tratamiento de aguas residuales pueden perjudicar el medio ambiente y deben considerarse «incumplimientos graves». Además, ha subrayado que, a pesar de los esfuerzos «significativos» de España, el carácter «especialmente prolongado» de la infracción constituye «una circunstancia agravante». En este sentido, remarca que la plena ejecución de la sentencia de 2011 no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años con respecto al plazo que fija la directiva (31 de diciembre de 2000).

El TUE también ha señalado que el número de aglomeraciones y los numerosos procedimientos por incumplimiento incoados contra España «justifican la adopción de una medida disuasoria» para evitar «que se repitan en el futuro infracciones análogas».

Multa semestral

El Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España a abonar al presupuesto de la UE una suma de 12 millones de euros y ha impuesto una multa coercitiva de 10,95 millones de euros por cada nuevo semestre de retraso desde este miércoles y hasta que se ejecute totalmente la sentencia de 2011.

De las nueve aglomeraciones urbanas finalmente incluidas en la sanción, según el Ministerio para la Transición Ecológica se prevé que tres (Nerja, Alhaurín el Grande y Coín) se encuentren en situación de conformidad antes de finales de 2018. Otras dos (Isla Cristina y Gijón Este) lo estarían antes del final de 2019, mientras que previsiblemente dos (Matalascañas y Valle de Güimar) lo estén en 2020. La aglomeración más retrasada es la de Barbate, cuya licitación de la redacción del proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental se prevén para este año, pero no se espera que pueda entrar en funcionamiento hasta 2022. Esta actuación fue incluida como “a ser ejecutada por la Administración General del Estado” en el Protocolo suscrito con la Junta de Andalucía en julio de 2017.

En este sentido el nuevo Gobierno ha anunciado la creación de un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización. «Este plan enumerará y priorizará las actuaciones a llevar a cabo, y establecerá los criterios generales (económicos, sociales y ambientales) que deben aplicarse para comprobar si esas actuaciones son viables. También definirá el papel de las distintas administraciones y sus ámbitos de responsabilidad en el proyecto, evaluación, construcción y explotación de las actuaciones contempladas», han destacado desde el Ministerio en un comunicado.

Reacción de los ecologistas

Varias organizaciones ecologistas han denunciado hoy que los incumplimientso en España en materia de depuración de aguas residuales son «históricos» y que la sentencia contra España por esas irregularidades era conocida y esperada. Algunas de las principales organizaciones ecologistas de España han reaccionado así tras conocer la multa millonaria que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha impuesto a España por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas.

Desde Greenpeace han manifestado que es un tema que «colea» desde hace más de 13 años, concretamente cuando en 2005 ya se anunció al Gobierno que la mala depuración de aguas residuales era el factor que mas afectaba a ríos y costas en municipios de más de 15.000 habitantes de lugares tan emblemáticos como Vigo, Gijón o Matalascañas (Huelva).

Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpeace, ha señalado a EFE que la depuración de aguas residuales es «una asignatura pendiente» en gestión de aguas españolas y que a día de hoy no se ha solucionado, a pesar de estar denunciado hace más de una década.  A su juicio es un tema «prioritario» en la agenda medioambiental española que necesita de inversión para solventarlo, ha manifestado Barea y ha incidido en la capacidad tecnológica de este país para solucionar el problema. «Sólo hay que ponerse y cumplir», ha dicho.

Rafael Seiz, responsable del Programa de Aguas y Alimentos de la organización ecologista WWF, ha observado que se trata de una multa que «sabíamos que iba a llegar» y ha recordado que la Comisión Europea ya había avisado en varias ocasiones ante unos incumplimientos que se producen -ha señalado- desde 1991.

En declaraciones a EFE, Seiz ha incidido en que se trata de una responsabilidad «compartida» con las comunidades autónomas y ha insistido en que se trata de una sanción a España como Estado y en que el Gobierno debería repercutir la multa sobre las comunidades que de una forma reiterada han incumplido la normativa comunitaria