La imagen corrió como la pólvora el pasado 10 de diciembre. Acometieron su misión como hacen habitualmente, se desplegaron a toda velocidad y en pocos minutos estaban subidos en el Arco del Triunfo. Entonces la imagen del fotogénico presidente del Gobierno apareció desplegada: Pedro Sánchez con gafas de sol en el avión presidencial. El ‘puto amo’ con un texto que nunca se hubiera imaginado el socialista: “Pedro, no te pases los Derechos Humanos por el Arco del Triunfo. No más armas para matar civiles”. Un total de 5 activistas de Greenpeace y un meme de 240 metros cuadrados, la acción se convierte en tendencia en las redes sociales y los canales de televisión conectan en directo. La policía identifica a los activistas y desde ese día los servicios jurídicos de la organización esperan una multa.

El mantra de las organizaciones ecologistas, “quien contamina paga”, no se ha hecho realidad, no en la misma medida en la que se ha materializado el “quien protesta paga” para una organización como Greenpeace. Esta es la lectura que se puede hacer de la Ley Mordaza que desde su nacimiento se ha topado con la oposición de organizaciones de la sociedad civil que han visto amenazado el derecho de la ciudadanía a protestar por el efecto disuasorio de las multas.

La organización ecologista ha recibido multas por nueve acciones en las que se le ha aplicado la Ley Mordaza

La organización ecologista ha recibido multas por nueve acciones en las que se le ha aplicado la Ley Mordaza, por un importe de 35.051 euros, según sus propios datos. Un cifra que se ha reducido a 23.836 por pronto pago. La más cuantiosa fue por una protesta en la central de Almaraz en noviembre de 2016. La multa ascendió 12.621 euros: 21 sancionados. Por su protesta en la sede de Endesa en Madrid en marzo 2017, fueron sancionados 21 activistas: 6.310 euros, reducida por pronto pago. Por otra protesta en sede de BBVA en Madrid en junio de 2018, otros 9 sancionados con una multa de 2.804,50 euros, reducida por pronto pago.

“Es dinero que sale de las cuotas de muchos de nuestros socios. Este es el espíritu de la Ley Mordaza, acallar a la ciudadanía. Nosotros tenemos músculo y podemos responder económicamente, el problema es si un ciudadano protesta porque se está contaminando un arroyo de su pueblo y le ponen una multa de 600 o 1200 euros. ¿Va a volver a protestar?”, se pregunta Mario Rodríguez, director de Greenpeace en España. “El problema es – añade- que la ley establece el principio de veracidad de la autoridad y no el de presunción de inocencia, con lo que entramos en un espacio de arbitrariedad administrativa».

Se produce entonces “un efecto desaliento”, matiza Javier Raboso, responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de la organización: “El efecto de la Ley Mordaza se mide en que los “no números” no son las multas sino que la gente no se atreve a salir a protestar”.



Un reportero de El Independiente viajó a bordo del Esperanza el pasado verano y se metió en el corazón de la una acción de protesta de Greenpeace en Huelva | Vídeo: M.V.

 

Visibilizar problemas

Los artículos aplicados en las multas que han recibido son: desórdenes públicos (36.03), desobediencia a la autoridad (36.06), ocupación de inmueble (37.07), deslucimiento de bien inmueble (37.13) y escalamiento de edificios (37.14). Este último artículo nacido con la Ley Mordaza afecta al núcleo de las acciones de la organización ya que son marca de la casa los descolgamientos de grandes carteles con mensajes. “No en todas las acciones que hemos hecho se ha aplicado la Ley Mordaza”, señala el director de la ONG.

“La protesta pacífica es una herramienta fundamental para denunciar ciertos problemas y permite a la ciudadanía fijarse en ellos y a los políticos meterlos en su agenda y no vamos a dejar de hacerlo. Lo que no quita que consideremos injusto y desproporcionado que se nos pongan multas de este calibre por evidenciar problemas que con posterioridad se han demostrado que teníamos razón. La ley es un hándicap y por eso lo denunciamos”.

Las acciones de Greenpeace son el sello inconfundible de la organización desde que en los años 70 sus miembros se opusieran a pruebas nucleares en Alaska con un pequeño barco o se tumbaban delante de un barco rompehielos repleto de cazadores de focas. En España, la organización no esperó a estar formalmente legalizada antes de llevar a cabo su primera acción. En 1982 a bordo de un pequeño pesquero, un grupo de activistas se interpuso, poniendo en peligro su vida, durante el vertido de bidones con residuos radiactivos de un mercante holandés a 500 kilómetros de la costa gallega.

Acción contra el TTIP en las Torres Kio en mayo de 2016.

Activistas de la organización escalaron las Torres Kio en mayo de 2016. Pedro Armestre

Cuatro décadas de protestas

Con el fin de vincular la estrecha relación entre democracia y libertad ciudadana la organización ha publicado Democracia y Contrapoder. 40 Años de movilizaciones ecologistas y pacifistas un documento en el que repasa los hitos del movimiento ecologista y pacifista en España desde que nos dotamos del marco constitucional en 1978. En el que se detallan movilizaciones como la objeción de conciencia, el “No a la guerra” contra la participación de España en el conflicto o el “Nunca Mais”, tras el desastre del Prestige.

Al director de Greempeace asegura que no le gustan las bravatas pero lanza un mensaje claro: no van a parar de decir lo que creen que la sociedad y los políticos necesitan escuchar. “Preferimos invertir el dinero de nuestros socios en la defensa del medio ambiente y en derechos más que en pagar multas. No pedimos permiso para denunciar los problemas medioambientales, es un derecho de la ciudadanía hacerlo y si hay que pagar unas consecuencias, sea en los tribunales o a base de multas, las vamos a asumir».