Madrid y Barcelona están en el punto de mira de la Comisión Europea por la mala calidad del aire de las dos ciudades. La carta remitida este mes al Ministerio de Transición Ecológica en la que apuntaba directamente a Madrid y al área metropolitana de Barcelona fue un mal síntoma, confirmado por la decisión adoptada esta semana de denunciar a España por los incumplimientos en esta materia en las principales ciudades.

En 2018 Italia, Alemania, Reino Unido y Francia fueron llevadas a la Corte de Justicia de la UE por la Comisión Europea por la calidad del aire en algunos núcleos urbanos. La Comisión concedió a España un periodo de gracia. «En lo que se refiere a Chequia, Eslovaquia y España, las medidas que se están adoptando o que están previstas, de acuerdo con la información recibida por la Comisión tras la cumbre ministerial sobre calidad del aire, parecen ser las adecuadas para hacer frente a las carencias detectadas, siempre y cuando se ejecuten correctamente», aseguraba el comunicado de prensa de la Comisión.

La carta remitida por Karmenu Vella, comisario de Medio Ambiente, pedía a España medidas adicionales sobre calidad del aire para paliar los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) que, en ciudades como Madrid o el área metropolitana de Barcelona, vulneran los límites establecidos por la normativa europea. El Ministerio de Medio Ambiente reenvió la carta al Ayuntamiento de Madrid y a la Generalitat de Cataluña, al implicar a varios municipios, al ser las autoridades locales las que deben implementar las políticas de calidad el aire.

Así, la UE ha confirmado este jueves que denunciará a España al Tribunal Superior de Justicia Europeo y es posible que concluya con una sanción cuya la multa llegaría al Gobierno, que es el interlocutor en la UE, y posteriormente se dirimirán las responsabilidades de acuerdo al Real Decreto 515/2013 del 5 julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

El único antecedente en materia de medio ambiente es el relativo a las multas que tiene que pagar España por localidades de todo el territorio que no depuran sus aguas residuales. Multa que adelanta España y que posteriormente remitirá a autonomías, diputaciones o ayuntamientos, según el caso.

Así lo especifica Real Decreto 515/2013 del 5 julio, “de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias, cada Administración es responsable de cumplir internamente con las obligaciones europeas, tal y como ha reiterado ampliamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que conlleva que la Administración General del Espato pueda repercutir a la Administración que corresponda la responsabilidad derivada del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea”.

En este sentido la dirección que ha tomado el reenvío de la misiva de Karmenu Vella desde el Ministerio de Teresa Ribera marca el camino que puede seguir la responsabilidad de las multas en caso de producirse. El Ayuntamiento de Madrid, en el caso de la calidad del aire de Madrid, y Generalitat de Cataluña, en el caso del área metropolitana de Barcelona, que implica a varios municipios.