«Otra vez nos masacraron, pero seguiremos con más fuerza en la lucha». El dirigente cocalero Leonardo Loza daba cuenta del trágico balance de la tarde del viernes en Cochabamba a la red multimedia Kawachum Coca. «El trópico está de luto». Al menos ocho personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas, según CNN en español, como consecuencia de los violentos enfrentamientos registrados en el puente Huayllas, en Sacaba, cerca de Cochabamba, de donde procede el ya ex presidente Evo Morales.

Cocaleros, que querían entrar en Cochabamba, fieles a Evo Morales, y policías y militares, que se han puesto del lado del gobierno de transición de Jeanine Áñez, se enfrentaron en un extremo del puente Huayllas, en Sacaba. Las muertes son por heridas de bala.

El recién nombrado ministro de Presidencia, Jerjes Justiniano, ha confirmado que se había utilizado «armamento militar». Pero ha añadido que el gobierno sospecha que había «infiltrados» entre los manifestantes, ya que uno de los muertos recibió un disparo por la espalda, según informa el diario digital boliviano La Razón.

Mientras el ex presidente Evo Morales denunciaba en una entrevista en la CNN en español que su pueblo estaba siendo víctima de una masacre, el nuevo gobierno aseguraba que los cocaleros llevaban armas, explosivos y objetos contundentes para atacar a los policías y militares. Dos de los vehículos policiales tenían impactos de bala. Han sido arrestadas 110 personas.

«¡Áñez, asesina!», clamaban los cocaleros por las calles de Sacaba, mientras llevaban los féretros de los fallecidos. El dirigente cocalero Leonardo Loza ha pedido que todas las instituciones de Cochabamba, y de toda Bolivia, expresen su dolor con un crespón negro y una whipala (la bandera indígena).

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha denunciado en rueda de prensa en Palacio Quemado «la presencia de grupos armados compuestos por extranjeros y bolivianos, en algunas regiones en conflicto, que buscan desestabilizar el gobierno constituido tras la renuncia de Evo Morales. Ha anunciado el recurso a «medidas constitucionales» para contener el estallido de violencia.

«Uso desproporcionado» de la fuerza

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado el “uso desproporcionado” de la fuerza de policías y militares en la represión en Sacaba, Cochabamba. Y remarca: «Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales».

En un video en sus redes sociales, ha colgado un vídeo en el que muestra a cinco de las víctimas mortales de este viernes trágico en Bolivia. Al menos 20 personas habrían muerto en Bolivia desde que comenzaron las protestas a favor y en contra de la renuncia de Evo Morales.

Miles de cocaleros querían entrar en la ciudad de Cochabamba, pero se encontraron con los uniformados en el puente sobre el río Huayllani, cerca de Sacaba.

«El Estado ha de respetar el derecho humano a la protesta pacífica», señala la CIDH, que ha expresado su preocupación por «el accionar de las FFAA en las operaciones combinadas realizadas en Bolivia desde el inicio de la semana… Los estándares interamericanos establecen el deber de limitar al máximo su participación en el control de disturbios internos».

En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en CNN en español, Evo Morales, que reconoce que se siente «ex presidente» aunque jurídicamente ha de aceptar aún su renuncia la Asamblea boliviana, apela a que se convoque «un diálogo nacional para pacificar» el país.

«He cumplido con mi gestión. Me siento ex presidente… Pero si la Asamblea rechaza mi renuncia, Bolivia tendrá dos presidentes, uno de facto y otro fuera del país», ha declarado. Ha asegurado que se fue de Bolivia «no por cobardía, sino para evitar la violencia», y culpó de las muertes desde su renuncia al gobierno «de derecha».

Para la nueva presidenta, Jeanine Áñez, es Evo Morales quien alienta el odio y la división en Bolivia desde su exilio mexicano. «No puede hacer declaraciones incendiarias desde México», ha dicho quien ahora ejerce el poder ejecutivo en Bolivia. El nuevo gobierno pidió a México que silenciara a Evo Morales, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado en nombre de la libertad de expresión.

El nuevo gobierno apunta que Evo Morales puede volver como ciudadano a Bolivia pero se expone a tener que vérselas con la Justicia por el fraude electoral en la convocatoria del 20 de octubre. La OEA confirmó que hubo fraude para evitar una segunda vuelta entre Evo Morales y el opositor Carlos Mesa. A partir de ahí se desencadenó el fin de Evo Morales.