La española Juana Ruiz, de 62 años, lleva más de tres décadas trabajando como cooperante en Palestina y ha vivido muy de cerca el sufrimiento de una población que es víctima de un conflicto que parece sin solución. Ahora es ella, ciudadana española y europea, quien está recibiendo el mismo trato procesal que los palestinos de los territorios ocupados, es decir, le están aplicando la ley militar por ser sospechosa de atentar contra la seguridad de Israel. Varios eurodiputados, entre ellos la española Soraya Rodríguez, denuncian que no se ha respetado su presunción de inocencia y se han violado sus derechos de defensa, consagrados en la Convención de Viena.

A las 5.45 del pasado 13 de abril irrumpieron en su casa en Beit Sahur, cerca de Belén, una veintena soldados israelíes armados. Desde entonces, Juana Ruiz, responsable de coordinación de proyectos de los Comités de Trabajo de Salud (HWC, en inglés), está arrestada.

El juicio militar, que estaba previsto para este martes, se ha pospuesto hasta el 1 de septiembre al presentarse nuevas pruebas. Por primera vez se ha vuelto a ver a Juana Ruiz, con pies y manos esposados. Está acusada de cinco cargos relacionados con el uso de fondos de la cooperación para financiar al Frente Popular de Liberación, organización calificada como terrorista por Israel y por la Unión Europea. Cuando fue detenida, se dedicaba a paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus en la población palestina.

Parte de los fondos que manejaba la organización provienen de la Unión Europea, y también los hay procedentes de la cooperación española. El Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, ha señalado en una carta del 5 de agosto que «la UE hace un seguimiento de todas las alegaciones fundadas de posible uso indebido o desviación de fondos y, hasta la fecha, no ha encontrado pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación en Palestina». Añade que está estudiando las acusaciones de las autoridades israelíes en ese caso.

Los cargos son gravísimos. Es sospechosa de un crimen contra la seguridad de Israel. Se aplica la ley militar»

noa hakim, portavoz de la embajada israelí

Las autoridades israelíes arguyen que todo está pendiente de lo que decidan los tribunales. «Los cargos son gravísimos. Es sospechosa de un crimen contra la seguridad de Israel. Se aplica la ley militar. Los ministros de Exteriores de España e Israel hablaron de la cuestión en su primera conversación a finales de julio. Sabemos que un país como España que conoce el terrorismo entiende perfectamente el caso», señala Noa Hakim, portavoz de la embajada de Israel en España.

Son cinco cargos, que conoció Juana Ruiz un mes después de su arresto: tres delitos relacionados con asociación ilícita, un cargo por introducir dinero de forma ilegal en Judea y otro por violar el Código Penal por el uso dado a los fondos. Primero se detuvo a la cooperante, luego se le acusa y por último se celebra el juicio.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, conversó después de asumir el cargo con el jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid. Aludió al caso de Juana Ruiz, que siguen con atención los representantes consulares. Atenderán a la vista pero no pueden intervenir de ninguna otra forma.

Un proceso que va para largo

A juicio de la eurodiputada española Soraya Rodríguez, de Ciudadanos, son varios los abusos que se han registrado en este caso, a pesar de que Israel es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Juana Ruiz fue arrestada sin cargos y estuvo casi un mes en régimen de aislamiento en una prisión cercana a Tel Aviv. Allí fue sometida a interrogatorios de seis horas. Incluso le instaron a firmar documentos en hebreo, sin la traducción al a que tiene derecho. Ni siquiera su familia y allegados pudieron facilitarle sus medicinas o unas gafas que necesita para leer.

La acusación responde a una estrategia de criminalización de la solidaridad en Palestina. Para Israel vincular a estas organización con grupos político-militares es un recurso fácil»

soraya rodríguez, eurodiputada C’s

Soraya Rodríguez y varios eurodiputados han denunciado ante el Servicio Europeo de Acción Exterior y ante la embajada israelí en la UE que no se ha respetado la presunción de inocencia de la cooperante española. No recibió la visita de su abogado hasta el 1 de junio a mediodía, apenas 24 horas antes de la fecha inicial del arranque del proceso. Finalmente se suspendió a petición de la defensa.

Rodríguez subraya cómo «se ha sometido a Juana Ruiz a un trato de degradante y a una presión enorme tanto física como psicológica». Según la eurodiputada, esta acusación responde a «una estrategia de criminalización de la solidaridad en Palestina…. algo que se ha evidenciado con la detención del director y otros miembros de la misma organización. Para Israel, vincular a las organizaciones sociales palestinas con grupos político-militares de resistencia palestina es un recurso fácil y de alto impacto».

La familia y sus allegados temen que el proceso se demore mucho tiempo. «La defensa va a impugnar las acusaciones. Ha habido más detenciones. Nos tememos que la Fiscalía presente nuevas pruebas y es posible que amplíen las acusaciones. Todo indica que el proceso va para largo», explica la portavoz de la familia, Begoña Lalana. Así ha sido finalmente. En septiembre la defensa pedirá que Juana Ruiz pueda esperar el resultado del proceso es su casa.

El temor es que en septiembre vuelva a haber demoras y todo se posponga por las vacaciones judiciales en Israel. A su vez, la pandemia vuelve a azotar a Israel y puede plantearse volver al confinamiento. Preocupa en su entorno y a los eurodiputados que han seguido el caso que se mantenga el estatus actual y Juana Ruiz siga en prisión mucho más tiempo, aunque no haya pruebas en su contra.

Es impensable que en España una persona pueda estar detenida sin que se le comunique la razón del arresto. La defensa va a solicitar su liberación»

begoña lalana, portavoz de la familia

«El problema es que el procedimiento no tiene garantías precisas (las formalidades jurídicas que permiten el ejercicio de los derechos). No conocía la razón por la que fue detenida hasta el mes de mayo. Siempre estamos en un mar de incertidumbres y siempre se retrasa todo. El juicio del 2 de junio se suspendió porque no se permitió a la abogada comunicarse con Juani. Estas irregularidades son habituales en los procedimientos militares que suelen dirigirse a la población palestina. Israel es firmante del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, pero no cumple», añade. «Es impensable en España que una persona pueda estar detenida sin que le haya trasladado la razón del arresto. La defensa va a solicitar la liberación. Tenemos la esperanza de que se celebre el juicio».

Ha habido un cambio en la defensa debido a que su anterior abogada, Gaby Lasky, fue elegida diputada. Lasky se encargó de la defensa de Ahed Tamimi, la niña palestina que abofeteó a un soldado israelí.

Ahora se ocupa del caso Avigdor Feldman, fundador de la Asociación de los Derechos Civiles en Israel (ACRI, en inglés) y miembro de B’Tselem, una ONG que documenta los abusos en derechos humanos en los territorios ocupados. La familia y amigos de Juana Ruiz han emprendido una campaña para recoger fondos que ayuden a pagar la defensa, una factura que podría ascender a más de 50.000 euros. La Fundación Kukumiku ha organizado un crowdfunding que lleva recaudados más de 30.000.

Ahora Juana Ruiz se encuentra en la prisión de mujeres de Damoun. Ya no está aislada y allí da clases de español para ocupar el tiempo. El miércoles pasado recibió por primera vez la visita de su marido, el palestino Elías Rismawi. Juana Ruiz y Elías Rismawi se conocieron en España, cuando él estudiaba farmacia. Sus dos hijos viven en España.

Ahora están en vilo. Nunca imaginaron que Juani, su esposa, su madre, iba a ser acusada de filoterrorista. Nunca ha sido un secreto a lo que se dedicaba la experimentada cooperante española, que solía llevar campañas de recaudación en España. Ruiz explicó a www.eldiario.es en noviembre de 2019 cómo los Comités de Trabajo de Salud se dedicaban a la prevención. «Tenemos doce clínicas. entre ellas dos hospitales. La parte curativa es muy difícil porque la Autoridad Nacional Palestina no ha sabido potenciar la sanidad», decía entonces.

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y de Desarrollo (AACID) había dado el visto bueno a dos proyectos en los que participaba la organización en la que trabajaba Juana Ruiz: uno estaba dirigido especialmente a mujeres de cinco comunidades de Hebrón, y contaba con 300.000 euros del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, y otro sobre las enfermedades crónicas en Cisjordania, de unos 100.000 euros, a través de la Universidad de Jaén. La AACID no había detectado irregularidades.

Acciones de la UE

Los fondos de cooperación que destina la Unión Europea son objeto de un seguimiento estrecho. «la UE no ha detectado ningún desvío de fondos. La acusación de Israel no es tan solo contra Juana Ruiz y su organización, sino también se dirigente en cierto modo a los donantes internacionales cuyos fondos habrían sido desviados. Hay una crítica implícita, un cuestionamiento de la forma en que los europeos gestionados nuestra cooperación internacional. Han de demostrar con pruebas sus acusaciones», afirma la eurodiputada del grupo liberal europeo.

La UE tiene un importante papel político, primero en tanto que socio de Israel, y en segundo lugar en tanto que donante»

soraya rodríguez

Según Soraya Rodríguez, la UE tiene «un importante papel político, primero en tanto que socio de Israel y en segundo lugar en tanto que donante. La UE debe defender la independencia de su cooperación y los mecanismos de supervisión vigentes, realizando las investigaciones que sean necesarias pero al mismo tiempo rechazando de manera clara y categórica las acusaciones infundadas si así lo fueran».

En resumen, a juicio de Rodríguez, «el caso de Juana Ruiz también pone en evidencia un sistema de discriminación a nivel legal de la población palestina. Un sistema de criminalización de la solidaridad que sabemos que no es nuevo. La UE tiene que actuar políticamente también en este ámbito. En nuestras relaciones con Israel, también hay que poner nuestros valores por delante. Juani Ruiz es una ciudadana española, y lo que le está ocurriendo es intolerable, pero si defendemos los derechos humanos es imposible no cuestionar un sistema basado en la discriminación sistémica».