"Lo que está ocurriendo en los primeros meses de 2022 con la guerra en Ucrania es consecuencia de lo que no se hizo en materia de derechos humanos en 2021", ha denunciado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), durante una rueda de prensa el lunes desde Johannesburgo con motivo del recién presentado Informe Anual, que analiza la situación de los derechos humanos en 154 países en 2021, un año que también estuvo marcado por las vacunas contra el covid y la recuperación postpandémica.

La respuesta débil por parte de la comunidad internacional y de los estados ante los conflictos que estallaron en 2021 llevó "al límite" la estabilidad global y preparó el terreno para que proliferasen otros nuevos, entre ellos, la invasión que Rusia perpetró en febrero en Ucrania, tras años de "socavamiento" de las "instituciones multilaterales" destinadas a gestionar la paz y la seguridad, afirma Callamard.

La "parálisis" de Naciones Unidas ante los crímenes de guerra en Birmania tras el golpe militar o las violaciones de derechos civiles en Afganistán, entre otros, dejó patente esa falta de respuesta y acarreó un 'efecto contagio' de los conflictos a nivel mundial, tal y como explica el informe, donde también se hace hincapié en el sufrimiento de la población civil, con los millones de desplazados, miles de muertos y cientos de casos reportados de violencia sexual a causa de estos conflictos armados.

"El consejo de seguridad de la ONU debería llamarse el Consejo de Inseguridad de la ONU, fracasó una y otra vez para hacer algo sobre el golpe en Myanmar, el poder talibán en Afganistán, y también sobre Siria. Es una inacción que da vergüenza y otros organismos multilaterales tampoco hicieron nada, los estados poderosos no tomaron responsabilidad. Todo ello ha propiciado el ataque de Rusia a Ucrania", ha lamentado la secretaria general durante la rueda de prensa.

En ese sentido, en 2021 aumentaron las personas que se vieron forzadas a abandonar sus hogares por la violencia armada, con 26,6 millones de personas refugiadas solo a mediados de año, según cifras de ACNUR. Al respecto, Callamard ha criticado la ambivalencia de los países a la hora de acoger refugiados, poniendo como ejemplo la rapidez con la que se ha tramitado el asilo de los ucranianos en comparación con los que huyen de otros países en guerra. "La crisis en Ucrania confirma que los estados pueden tomar pasos rápidos y decisivos para acoger a los refugiados, si no, analicen cómo se ha tratado a los refugiados de una forma terrible antes de la guerra en Ucrania. Esto demuestra cómo los estados de manera intencionada han mirado hacia otro lado y han dado la espalda a personas que vienen de otros conflictos", señala.

En paralelo, el texto condena la "doble vara de medir" en nuestro país en materia de asilo según el origen, algo de lo que se hace eco Esteban Beltrán, director general de Amnistía Internacional España, en declaraciones recogidas por un comunicado de prensa. "No podemos acoger un día con los brazos abiertos a quienes escapan de la guerra, y al día siguiente golpear con extrema brutalidad a quienes saltan la valla en Melilla. No es coherente exigir una respuesta coordinada para las personas refugiadas en la Unión Europea, y después llevar a cabo devoluciones en caliente, incluso de menores".

Mordaza a las voces críticas

Al mismo tiempo, 2021 ha sido un año en el que la tendencia a amordazar las libertades de prensa y expresión cobraron fuerza, con desapariciones forzadas y detenciones ilegítimas a periodistas, activistas y disidentes políticos. En relación a este último punto, AI menciona el gran riesgo al que se expusieron los periodistas que sacaron a la luz el espionaje de la empresa israelí Pegasus a jefes de Estado y profesionales de la información en todo el mundo.

Al menos 67 países introdujeron el año pasado leyes destinadas a limitar la libertad de expresión, y las tecnologías digitales se usaron, aún más, como armas para socavar dichas libertades. Destacan países como Rusia, donde el Kremlin recurrió al reconocimiento facial para realizar detenciones masivas en manifestaciones pacíficas, así como reprimir a la oposición, China, con la orden de las autoridades de cortar el acceso a sitios web que “ponían en peligro la seguridad nacional” y el bloqueo a aplicaciones en las que se hablaba de temas polémicos como Xinjiang y Hong Kong -este último vivió un año negro en lo que respecta a la libertad de información, con el cierre de dos de sus principales periódicos bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín-.

Cuba y Birmania también destacaron en el panorama internacional, con los cortes de Internet para impedir que la ciudadanía compartiera información sobre la represión del 11-J en la isla y la brutalidad con la que los policías birmanos se ensañaban contra los civiles.

El acceso a las vacunas agrava la brecha Norte-Sur

Por otro lado, los gobernantes y los gigantes empresariales confabularon para afianzar sus posiciones de poder y acusar la desigualdad global con el acceso desigualdad a las vacunas mientras prometían una recuperación justa e inclusiva tras la pandemia de covid-19, en lo que supone "una de las mayores traiciones de nuestra era", afirman desde AI.

El rápido descubrimiento de una dosis contra el virus arrojó esperanza sobre el fin de la pandemia. Sin embargo, la falta de acceso a las inoculaciones derribó cualquier atisbo de esperanza en los países con bajos ingresos: menos del 4% de quienes vivían en países de ingresos bajos habían recibido la pauta completa al finalizar el año.

Con Occidente acumulando más dosis de las que necesitaba y las grandes farmacéuticas negándose a compartir las patentes, los países del Sur han visto cómo su derecho a la salud ha quedado, una vez más, en el olvido. África, tras décadas de abandono económico y social, es el continente que más ha sufrido el desmoronamiento de los sistemas de salud, con menos del 8% de la población del continente vacunado con pauta completa al finalizar 2021, tal y como recoge el informe. Todo ello sin quitar de vista las consecuencias sociales derivadas de la irrupción del covid, que se agravaron el año pasado golpeando con más fuerza a los marginados con un mayor abandono escolar, inseguridad alimentaria e incremento de la pobreza extrema también en países latinoamericanos como Venezuela.

“El fracaso mundial a la hora de ofrecer una respuesta global a la pandemia también creó un caldo de cultivo para mayores conflictos e injusticias. La pobreza creciente, la inseguridad alimentaria y la instrumentalización de la pandemia por los gobiernos a fin de reprimir la disidencia y las protestas quedaron firmemente arraigadas en 2021, favorecidas por el nacionalismo de las vacunas y la codicia de los países más ricos”, concluye Callamard.

Impunidad en España

La discriminación sufrida por las personas mayores en las residencias sigue siendo la mayor violación de derechos en España durante la pandemia, al no abrir una comisión para esclarecer la muerte de decenas de miles de mayores desde marzo de 2020, tal y como informa la organización a través de la nota.

“El año 2021 es el año de la impunidad: ni una sola persona ha sido encontrada culpable por estos hechos y, a pesar de eso, ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso ha apoyado de momento la apertura de una comisión de la verdad”, lamenta Esteban Beltrán.

Por último, AI denuncia que la libertad de expresión y el derecho a la protesta siguen amenazadas en nuestro país por la falta de reforma de la denominada Ley Mordaza; la aplicación del Código Penal en casos como la condena y entrada en prisión del rapero Pablo Hasél por los delitos de “enaltecimiento de terrorismo” e “injurias a la corona y a las instituciones del Estado”; o el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad para disolver manifestaciones.