Que los responsables rindan cuentas. Ese es el fin de investigar los crímenes de guerra cometidos en aquellos países que viven un conflicto bélico para juzgar si se han producido violaciones graves del derecho internacional y, de ser así, que los acusados respondan ante la Corte Penal Internacional (CPI) o los tribunales internacionales creados ad hoc. Un escenario al que se asoma Rusia después de la masacre perpetrada en Bucha, uno de los ataques más crueles que arroja más evidencias sobre los crímenes perpetrados por Moscú en estos 40 días de guerra.
Con la liberación de la región de Kiev tras la salida de las tropas rusas el 31 de marzo, el Ejército ucraniano ha encontrado cientos de cuerpos de civiles en ciudades y pueblos de los alrededores. Las imágenes más duras llegan desde Bucha, ciudad al norte de la capital que cuenta con unos 30.000 habitantes y que sufrió los primeros embistes de la operación de avance de Moscú hacia la capital. La fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, ha cifrado en al menos 410 los cuerpos de civiles hallados en los territorios recuperados, de los que 140 han sido ya examinados.
Cuerpos maniatados tirados por el suelo, cadáveres de hombres y mujeres de todas las edades mutilados y con heridas de bala, tanques rusos quemados y cientos de cuerpos enterrados en fosas comunes son las últimas pruebas del rastro de muerte que ha dejado el Kremlin gracias a las instantáneas recabadas en Bucha e inmediaciones de Kiev. Durante semanas, los habitantes de la región vivieron un bloqueo debido al fuego cruzado, que les había dejado sin agua ni electricidad y sin la posibilidad de huir ante la explosión de los puentes para evitar el avance de los soldados hacia la capital.

Las imágenes han despertado la condena enérgica de la comunidad internacional y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a tachar estos asesinatos de "genocidio". Unas palabras a las que se ha unido el titular de Exteriores, Dmytro Kuleba, quien aseguró a través de su cuenta de Twitter que los rusos "tienen el objetivo de eliminar a tantos ucranianos como puedan".
Por su parte, la Unión Europea ha anunciado nuevas sanciones contra Moscú y Francia, Alemania, Reino Unido y España piden investigaciones independientes así como recabar todas las pruebas posibles para juzgarlo como crímenes de guerra.
Venediktova ha informado de que hay desplegados 50 miembros de la Policía Nacional y fiscales "trabajando en una investigación urgente en el distrito" con la recopilación de testimonios de víctimas y grabaciones de vídeo, aunque el acceso a estas áreas aún es difícil debido a que hay carreteras minadas, afirman las autoridades ucranianas. "Hay evidencias de brutales crímenes de guerra de la Federación Rusa", expresó la fiscal a través de sus redes sociales. "Esto es un infierno. Tenemos que documentarlo para castigar estos actos inhumanos perpetrados en nuestra tierra".
Las semanas de ocupación también se han cebado con Irpín, punto clave en la resistencia al estar situada a tan solo 20 kilómetros de la capital. La ciudad, también liberada hace pocos días, ha quedado totalmente destruida tras los ataques, que han segado la vida de al menos 3.000 civiles, según su alcalde, Oleksandr Markushyn.
Mientras, y como viene siendo habitual desde el inicio del conflicto el 24 de febrero, Rusia niega la masacre y acusa al gobierno de Zelenski de orquestar un "montaje" en Bucha para que los países occidentales envíen más armas a Ucrania. A través de dos comunicados, el Ministerio de Defensa ruso habla de una "puesta en escena del régimen de Kiev" para "provocar una vez más" a Rusia, insinuando que los cuerpos son actores o bien civiles que han muerto a causa de las bombas del gobierno, e insiste en que "ni un solo residente local sufrió acciones violentas" bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas.
En paralelo, Dmitry Polyanskiy, representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la "provocación de los radicales ucranianos" en Bucha.
El embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad el martes con vistas a tratar la agresión rusa.
Ya en la primera semana de contienda el mandatario ucraniano denunciaba que el Kremlin había cometido crímenes en las regiones que aún continúan sufriendo los ataques indiscriminados más brutales, como Járkov o Mariúpol, donde hay una "destrucción intencionada" por parte de Moscú.
Esta última evidencia de las ataques deliberados del Kremlin llega días después del anuncio del gobierno ucraniano sobre la creación de un panel de investigación de crímenes cometidos por Rusia. También Naciones Unidas formalizaba la semana pasada la apertura de una comisión para “establecer los hechos, las circunstancias y las causas profundas” de cualquier delito cometido por Moscú. Erik Mose, expresidente del tribunal penal internacional que enjuició a los perpetradores del genocidio de Ruanda, dirigirá las pesquisas.
Rusia usa bombas de racimo para perpetrar ataques que no diferencian entre militares y civiles
Saqueos y robos, asesinatos y casos de violaciones a mujeres no paran de sucederse en el país. Organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) han documentado estos crímenes y han obtenido pruebas de que en los ataques deliberados contra la población civil e infraestructuras públicas se están usando armas prohibidas por tratados internacionales.
Agresiones sexuales
Mientras, la violencia sexual, un arma de guerra muy extendida en los conflictos, se cierne sobre las mujeres. La diputada Maria Mezentseva expuso el caso de una mujer agredida en su casa de Kiev por el Ejército ruso delante de sus hijos pequeños después de que las tropas asesinaran a su marido.
Las mujeres que han sufrido violaciones tienen miedo a hablar porque su seguridad puede correr peligro
La propia Gorbunova asegura que habló con dos mujeres que sufrieron violaciones en Járkov y Kiev. Sin embargo, estos casos son solo la punta del iceberg, ya que el estigma y el miedo que tienen las víctimas a relatar lo sucedido impiden conocer la dimensión real del problema. "Tratamos de ser muy meticulosos porque cuesta conocer estos casos de primera mano y los informes toman tiempo", explica.
"Una de estas mujeres pudo contar lo sucedido tras abandonar la zona de la agresión. Tienen miedo a hablar porque su seguridad puede correr peligro. Lamentablemente, iremos conociendo más agresiones en los próximos días", añade.
Amenazas y golpes a periodistas y activistas
Otro de los objetivos en esta contienda es silenciar lo que está ocurriendo, así que los profesionales de la información también están en la diana del Kremlin. HRW ha podido constatar de primera mano que al menos veinte periodistas ucranianos y varios activistas han sido secuestrados y vejados por las tropas en Jersón y otros territorios ocupados.
Hay periodistas que han sido puestos en libertad bajo la condición de no criticar a Rusia
"Hay periodistas que han sido raptados con el fin de intimidarlos. Algunos han recibido amenazas y golpes para después ser puestos en libertad bajo la condición de no criticar a Rusia", cuenta Gorbunova.
En paralelo, los vídeos que han circulado por las redes sociales de soldados rusos siendo torturados por el Ejército ucraniano no han podido ser verificados hasta el momento, pero HRW afirma estar haciendo seguimiento del asunto junto a las autoridades Kiev. Hay que resaltar al respecto que no solo los malos tratos a las Fuerzas Armadas por parte de la potencia enemiga contravienen los Convenios de Ginebra, sino también la difusión de imágenes de los prisioneros de guerra.
"Pruebas físicas" del uso de armas ilegales
AI hizo público un comunicado este jueves en el que afirmaba que el equipo desplegado en el terreno tiene "pruebas físicas" de que Rusia emplea bombas de racimo y otras armas prohibidas por ser de efecto amplio e impreciso, como las bombas no guiadas o sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple.
"Rusia decía que utilizaba bombas precisas, pero no es así. Hemos podido verificar que se han utilizado municiones de racimo y otro tipo de armas que son de efecto indiscriminado, así que si matan o hieren a civiles y atacan infraestructura sería constitutivo de crímenes de guerra", denuncia Yolanda Vega, portavoz de AI en España sobre Ucrania.
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