Es el alma del acuerdo de paz que selló el fin de las FARC. Guerreó durante años como jefe del equipo negociador designado en 2012 por el entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos para las conversaciones de La Habana con la guerrilla que culminaron en 2016. Un hito que hoy Humberto de la Calle ve desprovisto de romanticismos y con la preocupación de quien advierte de una violencia política al alza, producto de unas disidencias de las FARC que controlan 'de facto' territorio y desafían al Estado y con el reciente atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe como síntoma.

De la Calle (Manzanares, Colombia, 1946) es lo que llaman un animal político. Abogado de formación, fue ministro y vicepresidente de Colombia en las décadas de 1990 y 2000 además de embajador en España y Reino Unido. Baqueteado en la política -"el arte de lo posible"-, su astucia resultó fundamental para que el acuerdo con las FARC sobreviviera a un envite inesperado, su derrota en el plebiscito.

Uno de los rostros más veteranos de la política colombiana, que renunció a principios de este año como senador, observa con inquietud el enrarecido ambiente de su país. No descarta, tal y como hizo en 2018, presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año como una opción centrista, de consenso en medio de la polarización. “Yo no estoy en campaña, no le estoy pidiendo votos a nadie, tampoco estoy pidiendo votos para terceros. Pero uno sí tiene que estar en una situación de cooperar si se llega un momento en que uno pueda ser útil. No quisiera que que usted recordara esta entrevista dentro de un año y dijera: este señor me mintió porque dijo que de ninguna manera. Mire, no sé qué puede pasar”, reconoce De la Calle en una entrevista con El Independiente en un café del centro de Bogotá.

Y agrega: “En 2022, yo no opté por ninguna de las dos opciones. Voté en blanco, porque me pareció que fue muy injusto para Colombia que nos sometieron a una disyuntiva que a mí me parecía que estaba compuesta por dos extremos igualmente reprochables. Todavía no sé qué nos va a pasar en 2026, pero yo sí quisiera contar esta vez con la libertad de tener opciones que satisfagan”.

Entre los firmantes de la paz de las FARC existe la preocupación de que haya un regreso a las armas, entre otras cosas, porque en el territorio ya hay ofertas jugosas a nivel de los mandos medios

Pregunta.- A usted se le considera el arquitecto del acuerdo de paz. Ocho años después, si fuera un paciente, ¿en qué estado se encuentra el acuerdo?
Respuesta.- Si fuera mi paciente, estaría preocupado. No quiero llegar a decir que se halla en cuidados intensivos, pero sí me parece que han confluido varias cosas desafortunadas y las puedo resumir en dos o tres frases. Primero, cuando comienza la implementación del acuerdo, surge el primer problema, que es el gobierno de Iván Duque, elegido después de que perdimos el plebiscito. Llegó con la consigna de frenar la implementación del acuerdo, aunque después cumplió algunas de las metas. Pero lamentablemente, perdimos dos años de funcionamiento de la jurisdicción especial de paz, porque él se empeñó en hacer unas objeciones de carácter constitucional que no prosperaron. Hay una primera etapa de Duque, de baja ejecución y de una pérdida de impulso político.

Después vino una sorpresa, y es que el presidente Petro, que había prometido cumplir a rajatabla el acuerdo, se ha ido debilitando tanto en la respuesta estatal como en la incertidumbre que genera el proceso llamado Paz Total, que es la bandera de paz de Petro. Y en tercer lugar, que me preocupa mucho, la jurisdicción especial de paz está muy demorada en tomar las sanciones restrictivas de la libertad. Se ha llenado de un exceso de procedimentalismos, que hay quienes dicen que son muy colombianos, pero se ha ido alejando de la concepción inicial, que era de unas decisiones muy rápidas. Por lo tanto, el balance no es bueno, y existe, en este momento, incertidumbre frente a lo que significa la implementación del acuerdo de La Habana, pero también en los resultados de la llamada Paz total, que para muchos colombianos no solo es insuficiente, sino que ya bordea el fracaso.

P.- ¿Desconfía también de la llamada Paz total?
R.- Sí. Es que me parece que se cometieron errores metodológicos desde el principio, que creo que han sido muy dañinos. La idea del presidente Petro de que como él venía de la guerrilla, era una cosa de pocos meses, que sencillamente era una discusión entre personas afines ideológicamente, lo cual no es así, porque detrás de estas organizaciones ya no hay realmente unas guerrillas políticas. Estos son problemas puramente delincuenciales, llenos de dificultades y obstáculos plagados de intereses. Y entonces me parece que ya de entrada ese espíritu de la paz total comenzó a fallar. En segundo lugar, me parece un error el haber puesto en marcha simultáneamente cinco ceses de fuego por fuera de negociaciones. Estos grupos lo que están buscando ya no es el poder en Bogotá, sino el control territorial para sus intereses delincuenciales.

Un miembro de las FARC fumando un cigarrillo con su primer café de la mañana, en la profunda selva colombiana. Federico Rios / ©Native Agency.

Ha habido errores de metodología, proliferación de mesas y es todo una confusión: disidencias de las disidencias, muchos combates localizados...

Luego, creo que fue una concesión que no solo fue innecesaria, sino que también alteró el comportamiento de la fuerza pública. No pienso, y algunos creen que sí, que Petro paralizó la fuerza pública, deliberadamente. Sí creo que esos ceses de fuego colocaron a los militares en un punto de deliberación, de duda de cómo proceder, que no corresponde a la estructura de un militar cuyo propósito es la obediencia. Y en tercer lugar, me parece que el haber desechado el lema nuestro estratégico, que era fundamental: nada está acordado mientras no esté todo acordado. Haber iniciado el camino de los ceses parciales, me parece que lo que ha hecho es generar mayores complicaciones. El propio ELN [la guerra Ejército de Liberación Nacional], arguye que el Estado le ha incumplido 28 acuerdos, pero esos son unos acuerdos inviables mientras no haya realmente una decisión más completa. Ha habido errores de metodología, proliferación de mesas y es todo una confusión: disidencias de las disidencias, muchos combates localizados, como en una especie de balcanización de los conflictos donde combaten entre sí grupos ilegales, unos en cese del fuego y otros no, y entonces uno encuentra el Estado más bien un poco perplejo, como estupefacto frente a estas circunstancias.

P.- Hoy nos encontramos con las disidencias de las FARC. Usted negoció por una organización a nivel estatal. Hoy es un proceso muy atomizado, más de una docena, sin un componente ideológico claro. Surgen varias preguntas: ¿Se puede negociar? ¿En base a qué se negocia? ¿Esos grupos están dispuestos o tienen cierta voluntad de deponer las armas?
R.- Ese es el hecho capital de lo que está ocurriendo. Hay que reconocer, para ser positivos en este análisis, que la naturaleza de la conflictividad ha cambiado. Cuando firmamos en el 2016, el conflicto era otra cosa. En efecto, ha desaparecido la noción de lucha armada. Yo tengo el recuerdo en los años 60 y 70, que lo que había en Colombia era un conflicto ideológico y político, basado en el derecho internacional humanitario, que tenía como propósito la toma del poder, y es bajo ese entendido cómo negociamos con las FARC. Yo creo que la idea de una negociación política ya desapareció en Colombia. Casi que me atrevo a decir que el conflicto, como lo concebimos en su momento, un conflicto político, terminó en 2016, y las FARC fueron los últimos protagonistas de un conflicto con una guerrilla política. ¿Qué es lo que queda en una situación de esta naturaleza? Lo que llamamos en Colombia “el sometimiento”. Es decir, normas que incentiven la desmovilización de estos grupos, porque claro, la violencia persiste, la criminalidad persiste e incluso crece en ciertas zonas. Yo estoy viendo con mucha preocupación que ya no es un problema solo de criminalidad, sino de descontrol territorial. Estos son grupos que están cooptando poblaciones y se convierten en la autoridad de facto. Es lo que está pasando en Guaviare y toda la cornisa del Pacífico. Muy cerca de las fronteras con Venezuela. Espero equivocarme pero el problema del control territorial ya es un problema de soberanía, de soberanía territorial.  Reconociendo que Petro tenía que innovar, el resultado no ha sido afortunado. El gobierno del Presidente Petro presentó al principio un proyecto de sometimiento, pero se quedó sin apoyo y el propio Gobierno lo dejó morir. En este momento hay discusiones con grupos delincuenciales que no tienen contenido político sin una legalidad que nos indique a los colombianos cuál es el propósito.

P.- Entendiendo que hoy son economías ilegales y crimen organizado, ¿qué se les puede ofrecer para atraerlos a la paz?
R.- La pregunta es clave, porque ya no hablamos de una reforma rural integral con un plan nacional para que unos campesinos tengan tierra, pues eso está fuera de foco. Lo que se podría ofrecer, primero, es unos tratamientos judiciales que incentiven la decisión del desarme. En segundo lugar, si hay posibilidades en el campo de determinadas condiciones fácticas para que las personas que dejen las armas entren en una condición donde el Estado pueda desarrollar determinados proyectos, lo cual podría tener cierto parecido con una negociación con una guerrilla, pero realmente son de un ámbito mucho menor, mucho más concreto, mucho más en términos de decisiones que además, y este sería un tercer elemento, ya no serían tanto o no solamente conversaciones políticas entre un Gobierno y una guerrilla, sino con incorporación de la justicia. Yo creo que aquí el sometimiento tiene que hacerse de la mano de la Fiscalía General de la Nación y tiene entonces ribetes de los temas carcelarios, de privación o no de la libertad y en qué condiciones, unas condenas condicionadas a un buen comportamiento.

FARC y Gobierno colombiano acuerdan el alto el fuego definitivo. | EP

Me parece que los incentivos para creer en el Estado se están perdiendo, porque la falta de cumplimiento es el peor mensaje para otros grupos

P.- Habla de incentivar la desmovilización. Parte de estas disidencias proceden de antiguos guerrilleros de las FARC, no todas. Me pregunto si el proceso iniciado en 2016 puede desincentivar esta desmovilización de las armas. El partido heredero de las FARC, Comunes, no ha tenido un buen desempeño político y a partir de la próxima legislatura no tienen siquiera puestos garantizados en las elecciones…
R.- Ese es el gran riesgo y a eso contribuyen varias cosas. Usted tiene absoluta razón en eso. En primer lugar, hasta ahora todo indica, y los propios miembros de Comunes así lo garantizan, que las personas que han desertado de los 13.000 que dejaron las armas en el proceso de La Habana, continúan firmes en su proceso de reincorporación, aún con las fallas del Estado, lo cual es verdaderamente un milagro. Pero los mismos miembros de Comunes con quienes conversé de esto hace poco temen que realmente haya un regreso a las armas, entre otras cosas porque sostienen que en el territorio ya hay ofertas jugosas, sobre todo a ese nivel de los mandos medios, de lo que sería el equivalente de un mayor o un coronel en la organización militar. Ese es un primer punto, que estamos en potencia cercana de que empiece una cierta desbandada de los desmovilizados de las FARC. En segundo lugar, me parece que los incentivos para creer en el Estado se están perdiendo, porque la falta de cumplimiento es el peor mensaje para otros grupos. Si se le ofrecen determinadas salidas a un grupo como el ELN, no faltará quien diga: Pero si le incumplieron a las FARC, ¿por qué no nos van a incumplir a nosotros? Creo que esto es una cosa de sentido común, que es un obstáculo. Y el tercer obstáculo, volvemos a lo mismo: de todos modos, como lo que estamos viendo es esa balcanización de la conflictividad, pues eso va a generar en Colombia, quieras o no, un llamado hacia la recuperación de la capacidad militar del Estado de enfrentar a estos grupos. Yo no creo que el Gobierno actual le haya dicho al militar: No actúe. Pero sí ha creado tal confusión que se necesita recuperar una estrategia también de control territorial, que desafortunadamente implica el ejercicio de la fuerza del Estado.

P.- De manera muy directa y honesta, ¿cree que el camino que se ha andado desde 2017 es irreversible? ¿Puede haber un viaje de retorno a la violencia?
R.- Sí, yo creo que puede haber un viaje de retorno. Ese es el riesgo. Las demoras de la Jurisdicción Especial para la Paz son fatales. Llevamos siete años y no hay sentencias. Esta es una situación absolutamente delirante. Quienes están pidiendo la sentencia son los miembros de Comunes, es decir, los reos son los que piden la sentencia. Son ellos los que quieren saldar sus deudas con la sociedad y no aparecen las sentencias. Lo que se ha venido es acumulando los casos. Hemos entrado en una dispersión de los macroprocesos. Lo que nosotros pactamos fue unas decisiones de sentencias restrictivas de la libertad con una duración máxima de ocho años, y eso no está en duda. Nosotros siempre pensamos en que había una decisión final con ciertos ribetes colectivos frente a los máximos responsables. Lo que está pasando, en realidad, es que personas que son descartadas como máximos responsables, la justicia impuso un procedimiento que está completamente por fuera de lo que se pactó, que ya es norma constitucional, y entonces establece como una especie de repechaje, para utilizar términos futbolísticos, donde a usted le dicen: usted no es máximo responsable, pero pasa a la siguiente instancia y allí se puede revivir esa discusión, que es lo que está además paralizando la toma de decisiones. ¿Por qué optamos por la selectividad y la priorización? Por una razón, y es la siguiente: al contrario de lo que se dice, el deseo de la justicia especial de juzgar caso por caso, es la fuente de impunidad. Expertos han hecho la cuenta, nos vamos a demorar un siglo sin poner fin a esto. La solución que dimos, que fue aceptada por la Corte y que fue aplaudida por la Corte Penal Internacional, es precisamente la de escoger los máximos responsables de los delitos más graves y protuberantes e impartir justicia allí. Y para los demás, los no máximos responsables, pues hay sistemas extrajudiciales para que contribuyan a la reparación, a la verdad,  pero ya no pendientes de un fallo judicial. La ultrajudicialización de lo que está pasando en la jurisdicción me parece que está siendo extraordinariamente negativa.

Iván Márquez, en el centro, rodeado de conmilitonees, anuncia su vuelta a las armas. | EFE

Pero 400 muertos firmantes de paz no solo es preocupante, sino que, sin duda, constituye una falla muy seria del Estado de no ser capaz de proteger a estas personas

Y el mensaje que sale de allí para los que están ahora en armas va a ser: No, si esta jurisdicción transicional no está funcionando y llevan siete años sin tomar decisiones, ¿qué nos podrá pasar a nosotros sin negociarlo? Recordemos que en La Habana se negoció la justicia transicional en la mesa, y una guerrilla, de manera prácticamente inédita, aceptó ser juzgada por una justicia transicional, no por imposición de terceros o de Naciones Unidas, sino en un tribunal creado para eso.

P.- Si a eso se suma la falta de protección de los firmantes de los guerrilleros de las FARC, no sé si tiene la sensación de que el Estado está fallando.
R.- Claro que sí. Eso fue siempre más que una sospecha. Las FARC siempre dijeron: estamos jugándonos también nuestra vida y sabemos que estamos tomando un paso muy riesgoso. Allá se pactó un mecanismo robusto de protección, pero realmente no ha funcionado. Ya van más de 400 muertos entre los firmantes del acuerdo. No quiero llegar al extremo tampoco de decir que un muerto ya es una falla del Estado, porque sí hay una contingencia que las FARC conocía y que es natural de un proceso de esta naturaleza, derivada de venganzas viejas, por problemas de delincuencia común, ligada a la actividad de las FARC. Pero 400 muertos firmantes de paz no solo es preocupante, sino que sí sin duda, constituye una falla muy seria del Estado de no ser capaz de proteger a estas personas.

La derecha no oculta su animadversión a lo pactado. No hay un solo tema en Colombia después de la firma que dependa de los cinco congresistas de las FARC

P.- Ahora le pregunto en calidad de potencial médico del acuerdo, ¿qué habría que hacer para reimpulsar el proceso de paz si estuviera en sus manos?
R.- Cumplirlo. Es que el acuerdo no solo es un acuerdo con el contenido militar y de planes de desarrollo con enfoque territorial, sino también una hoja de ruta para elementos de la vida nacional que han incidido en la prolongación del conflicto. El más obvio es la reforma rural integral, por ejemplo. Allí las cifras de cumplimiento son débiles. Algo se ha hecho y pueden estar mejorando últimamente, pero lo que hay que hacer es cumplir. Fíjese solo en este detalle: el gobierno de Duque, pese a ser enemigo del acuerdo, le confió su implementación a un alto consejero de nivel presidencial. Cuando Petro llegó, desapareció esa consejería y la persona encargada de la implementación fue bajada de rango en el organigrama. Todo esto paralizó el estado. Una cosa que de por sí ya es compleja, se quedó sin norte. Pero en lo orgánico, lo que hay que hacer es recuperar una línea de alto nivel para que todo el Estado entienda que son órdenes presidenciales lo que les llega en materia de cumplimiento. Y en lo otro, es poner en marcha con mayor intensidad y más vocación, lo que se pactó.

Hay interesados a un lado y otro en que el proceso de paz descarrile

P.- Visto ahora con la distancia, no sé si a usted le queda la sensación de que hay algunos, en un lado y en otro, interesados en que todo esto descarrile..
R.- Sí los hay. Y, naturalmente, los más visibles, son los que llevan oponiéndose desde cuando estábamos en La Habana. La derecha no oculta su animadversión a lo pactado. Incluso con una reiteración, después de diez años, que ya me parece una obcecación. Hay voceros del llamado Centro Democrático que no pueden mirar al pasado sin volver a la diatriba, a la descalificación, incluso manteniendo vivos unos odios que ya deberían haber pasado y con mayor razón, con lo que está ocurriendo en Colombia, no tiene sentido. A mí me parece que es una locura que se mantengan estos odios y que se continúe con la idea de que allí lo que se hizo por parte del Estado, lo que hicimos nosotros, fue la entrega de Colombia a la guerrilla. A mí, francamente, me produce una cierta sonrisa. No hay un solo tema en Colombia, no hay ni ha habido realmente después de la firma, que dependa de los cinco congresistas de las FARC.
Yo creo que fundamentalmente puede haber intereses locales que pueden ser menos graves, pero yo sí creo que hay un interés político: cuando arrecien elementos de violencia persistentes en la sociedad colombiana y viene hasta un atentado a un candidato presidencial, estas fuerzas lo que consideran es que ese es el gran momento, acaballadas en el miedo que produce esto, en volver al poder y retomarlo. Pero yo creo que en el fondo es simplemente un problema de carácter político. Y estos grupos, desde la derecha, lo que piensan es que usar las perturbaciones violentas que padecemos los colombianos en su camino a la recuperación de la presidencia de la República.

P.- Y del otro lado, ¿cuáles son los intereses en hacer fracasar el acuerdo de paz?
R.- Del otro lado, puede ser distinto, porque ya en gran mirada, podría ser no tanto una controversia de tipo político, sino una lucha por mantener una situación de fragilidad del Estado y de falta de dominio, que es la gran oportunidad para dominar territorios, como ya lo habíamos mencionado.

Pancartas en los accesos de la clínica por Miguel Uribe. | Francisco Carrión

Las palabras son el preámbulo de acciones violentas, como lo estamos viendo

P.- ¿Cómo encaja el intento de asesinato de Miguel Uribe en este contexto de violencia política?
R.- Es muy extraño. Realmente, en esto uno tiene que ser cuidadoso, porque las investigaciones no han concluido. No sabemos realmente el origen remoto de quiénes son los autores intelectuales. La primera sensación de la mayoría de los colombianos el día del atentado fue la creencia de que se trató de un lobo solitario, que dijéramos, copado por la indignación, la inequidad, las dificultades de vida de algún colombiano desarrollado que simplemente atentó contra un candidato presidencial que consideraba, incluso, por la jerga que se está utilizando, enemigo del pueblo. Repito, no por la realidad, sino porque la jerga ha hecho de la descalificación generalizada un ambiente de radicalización del lenguaje extraordinariamente preocupante. Pero lo que aparece ya a estas alturas, sí queda claro que detrás de él había apoyo, una logística que debe corresponder a algún tipo de organización que pudiera ser simplemente una organización criminal ligada a todos estos elementos delincuenciales. ¿Con qué propósito? Aún no lo sabemos. En Colombia, la situación es tan compleja que caben teorías antagónicas y todas verosímiles.

P.- ¿Le preocupa que esa conmoción del atentado pueda justificar una militarización y un regreso a la restricción de las libertades públicas?
R.- Sí, y lo diría, además, en este sentido. Me parece que esta lucha política de cara a las elecciones del 2026, está desarrollándose en tal grado de radicalismo, que hasta ahora había sido radicalismo de la lengua, pero no de la realidad concreta, que puede generar un proceso de migración a los extremos. Estas organizaciones y candidaturas que llamamos de centro, que tienen el propósito de alejarse de los extremos, pueden ir desapareciendo, porque yo lo que veo es una dinámica dispersiva y centrífuga. Yo realmente estoy muy preocupado. Es muy difícil hacer una premonición sobre quién va a ganar en el 2026. Pero no me parece que sea tan desacertado que en todo caso sea alguien que no pertenezca a ese centro político y que esto marche en un sentido mucho más radical hacia los extremos. Esa es mi mayor preocupación.

No me parece una buena idea que regrese el uribismo. Sería un retroceso, con unas características que no coinciden con la mejor visión de la democracia

P.- ¿Qué responsabilidad tienen los políticos en esta polarización extrema, en este discurso incendiario?
R.- Una gran responsabilidad, porque un político puede que no pueda controlar todos los hechos, pero sí puede controlar sus propias palabras. Y las palabras son el preámbulo de acciones violentas, como lo estamos viendo.

P.- ¿Tiene una responsabilidad adicional el presidente Petro en esa polarización?
R.- Yo diría que sí, en el siguiente sentido. No porque yo quiera insinuar que en el origen de este atentado esté algún procedimiento siniestro del Gobierno. Eso no me cabe en la cabeza y lo rechazo. Pero esta crispación que estamos viviendo, si hay responsabilidad de muchos, claro, pero es que cuando es el jefe del Gobierno y a la vez jefe de Estado, como ocurre en Colombia, el que se ha empeñado en descalificar de manera total a sus opositores, los llama descendientes de esclavistas, enemigos del pueblo, neoliberales irredentos, es un mensaje que llevamos tres años recibiendo los colombianos, pues eso sí contribuye a un clima en el que cada vez se desvaloriza más la vida humana. Los que estamos en el centro y tenemos alguna vocería, la dinámica que estamos viendo es exactamente la anulación de esas voces tranquilas y más reflexivas en beneficio de las más emocionales.

P.- Sobre el horizonte podría planear el regreso del uribismo a Colombia…
R.- A mí no me parece una buena idea que regrese el uribismo. Me parece que, en mi opinión, sería un retroceso y creo que muchos colombianos lo verían como un retroceso, con unas características que no coinciden con la mejor visión de la democracia. Pero puede ocurrir, porque ante el debilitamiento del centro por virtud de la extrema polarización, el uribismo va a jugar un papel y puede llegar a triunfar. El uribismo, coaligado, seguramente con otros grupos, pero en todo caso hacia una derecha que puede ser bastante radical. Sería un retroceso, sin duda.