Colombia es escenario desde hace tres semanas de una fuerte crisis política, económica y social. Las protestas de sindicatos, estudiantes, pensionistas e indígenas contra la reforma fiscal y otras medidas laborales y educativas del presidente Iván Duque que llevaron a un paro nacional el 28 de abril crecieron y desembocaron en duros choques entre manifestantes y policías, sobre todo a partir del 1° de mayo.

Tras los graves incidentes con más de 40 muertos y cientos de heridos en Cali y otras ciudades, y ya con el Ejército en la calle, el Gobierno retiró la reforma fiscal, pero el descontento social y la frustración permanecen y no es fácil detener la dinámica de uso desproporcionado de la fuerza policial, agresiones y manifestaciones violentas. 

Esta semana, el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció que el Gobierno ha aceptado negociar con el Comité Nacional de Paro y ha concedido algunas reivindicaciones, como la matrícula gratuita para universitarios sin recursos, pero continúan las carreteras cortadas, el desabastecimiento, las manifestaciones y los excesos en muchos puntos del país.

La controversia de la reforma fiscal se ha dado en un contexto especialmente difícil para la economía colombiana. Golpeada por la pandemia tras un cierto repunte en 2019, ha entrado en su peor recesión en el último medio siglo, con una caída del 6,8% en 2020. Al tiempo, Colombia es uno de los países de América Latina con mayores índices de desigualdad e informalidad del mercado laboral, realidades no resueltas por el crecimiento económico de los últimos veinte años.

Las protestas se producen en un contexto de desigualdad social; una fractura probablemente velada por los 60 años que concluyó en 2016 cuando se cerró el Acuerdo con las FARC

Las protestas se producen en este contexto de aguda desigualdad social; una fractura probablemente velada por los sesenta años de duración de una guerra que concluyó en noviembre de 2016, cuando se cerró, tras años de negociación y consulta popular –negativa para el pacto, por cierto– el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC.

Casi en su quinto aniversario, tal y como señala la ONU, la pobreza y desigualdad, la proliferación de grupos armados ilegales y la ausencia del Estado en ciertas regiones debilitan la aplicación del Acuerdo. 2021 debería ser un año clave, porque se cumple un tercio del plazo previsto para su implementación integral.

La violencia se mantuvo después del pacto. Desde 2016 han sido asesinados más de 900 líderes sociales. Guerrillas, grupos de narcotraficantes y disidentes de las FARC que no se comprometieron siguen actuando. Y el gobierno continúa sin tomar las medidas necesarias para proteger a las comunidades y grupos afectados por desplazamientos masivos, asesinatos selectivos, reclutamiento forzoso de niños y adolescentes, violencia sexual contra niñas y mujeres y otras graves violaciones de los derechos humanos.

La perspectiva de una paz sostenible en Colombia depende en gran medida de que haya resultados tangibles del Acuerdo y avances en la disminución de la desigualdad económica y social. Las protestas de estas semanas dejan a la vista algunas de las grandes heridas abiertas que sufre América Latina, y Colombia en particular, con Cali como centro neurálgico.

En la tercera ciudad del país, los disparos civiles sobre manifestantes indígenas muestran un racismo estructural que cuestiona la perspectiva de reconciliación nacional en una democracia entendida como algo más que procedimientos electorales. 

El Acuerdo, y en última instancia, la verdadera reconciliación, dependen de un compromiso constructivo de todos. El boicoteo a la convivencia se ha mostrado estos días en los actos vandálicos, pero también en la brutalidad de la respuesta policial y en la irresponsabilidad de quienes han incitado a los comportamientos agresivos. Recordemos que Twitter eliminó un comentario del expresidente Álvaro Uribe, factor permanente de polarización, por glorificación de la violencia.

La UE debe contribuir con medios políticos y financieros adicionales a la protección de las comunidades más afectadas y defensores de los derechos humanos»

En el Parlamento europeo adoptamos en la última sesión plenaria una resolución sobre el Acuerdo, asumiendo que éste necesita urgentemente un impulso político nacional, pero también internacional. La UE sigue contribuyendo a través del Fondo Europeo para la Paz en Colombia, herramienta con un alto potencial de impacto en reintegración, formalización de la propiedad de la tierra y apoyo a la Reforma Rural Integral. Pero debemos ir más allá en el plano político.

El Memorándum de Entendimiento aprobado por el Consejo el pasado mes de enero debe ser un aliciente para aumentar los contactos bilaterales y reforzar el diálogo existente, también en materia de derechos humanos.

La UE debe contribuir con medios políticos y financieros adicionales a la protección de las comunidades más afectadas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, campesinos e indígenas; de todos los que siguen sufriendo las oleadas de violencia que, más allá de las protestas coyunturales de estas semanas, siguen azotando al país.


Soraya Rodríguez es eurodiputada en la delegación de Ciudadanos del Parlamento europeo.