Escribe Héctor Abad Faciolince en El olvido que seremos, la obra en la que rinde homenaje a su padre, el médico Héctor Abad, víctima de la violencia en Colombia, que «sin justicia no puede, ni debe, haber paz». Treinta y cuatro años después de que fuera asesinado en Antioquia la violencia y la desigualdad siguen marcando a un país que en algún momento encarnó la esperanza de la reconciliación.

La oleada de movilizaciones que está viviendo Colombia desde el 28 de abril tienen una causa cercana y otras más lejanas. La gota que hizo colmar el vaso fue la reforma tributaria, lo que el presidente Iván Duque pretendía que fuera su legado. Tras los estragos de la pandemia, con más del 40% de los colombianos en situación de pobreza, la propuesta terminó de exasperar a una población cansada y desesperada.

Pero en realidad estas manifestaciones son una continuación de las que se vivieron en Colombia en 2019 y 2020, hasta que los contagios por el Covid paralizaron cualquier estallido social. Ahora ni siquiera la pandemia sirve como muro de contención.

Nadie sabe si las protestas, que ya se mantienen durante una decena de días, se pararán con el intento de diálogo que promueve el presidente colombiano, Iván Duque, o dejarán más víctimas políticas. Duque tuvo que sacrificar a su ministro de Economía, Alberto Carrasquilla, y retirar su reforma tributaria. Pero la represión con la que las fuerzas del orden han intentado retomar el control ha atizado más la ira de los manifestantes.

Cali es la llamada «capital de la resistencia». Allí se han bloqueado las entradas, incluso la del aeropuerto, y hay desabastecimiento. Los líderes locales han desafiado los decretos de suspensión y los toques de queda. Están en contra de la militarización decretada por el presidente.

«Sentimos miedo cuando cae la noche. Miedo a la violencia, a la barbarie y al dolor. Tenemos miedo de escuchar lo que ha pasado la noche anterior. Este país es descorazonador», escribía Fernando Posada, un politólogo de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Posada demanda no una mesa de diálogo sino una negociación con una agenda concreta.

Antecedentes

¿Es la sociedad colombiana una sociedad violenta? «Lo que podemos decir es que no hemos superado el tema de la violencia. El colombiano no es violento. Partimos de una sociedad profundamente conservadora: obediente, patriarcal y regida por la religión católica y los principios de familia. Es una sociedad enfocada a obedecer, pero también los que contestan lo hacen a partir de las armas y no del consenso. Hubo violencia política desde los años 30, luego la guerrilla, los paramilitares, el narco, y así surge un círculo de violencia», explica Nury Astrid Gómez, CEO en la consultora Máximo Impacto y miembro de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos.

En 2016 el gobierno de José Manuel Santos y la guerrilla de las FARC llegaron a un acuerdo de paz para poner fin a cinco décadas de guerra civil. Perdieron la vida en el conflicto unas 260.000 personas y más de siete millones de colombianos tuvieron que dejar sus hogares. La senadora Juanita Goebertus, del partido Alianza, denuncia que de las 107 normas requeridas para implementar el Acuerdo 41 aún no se han llevado al Congreso. «Tardaremos más de 60 años en poder reparar a todas las víctimas», afirma Goebertus, según citaba Infobae. Es una asignatura pendiente.

Durante 18 meses la tensión que había surgido en 2019, cuando murió un joven a manos de la ESMAD, siguió latente. «A esa ira contenida se sumó la mala gestión de la pandemia, de las vacunas y una forma de gobernar de espalda al país. Los gobernantes saben ni los precios de los bienes más básicos», añade la politóloga desde Medellín.

Nury Astrid Gómez se refiere a una declaración del ministro de Economía que, al explicar las ventajas de la reforma tributaria, demostró que no sabía cuánto costaba una docena de huevos. El huevo se convirtió en un símbolo de la revuelta, al igual que la bandera colombiano con colores a la inversa, el rojo (sangre) arriba.

Colombia es el tercer país con mayor número de muertos y contagiados de América Latina. Hay casi tres millones de positivos y unos 80.000 muertos, según la Universidad Johns Hopkins.

Contexto socioeconómico

La reforma tributaria que quería implantar el presidente Duque se presentó con el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible. El proyecto tenía como objetivo, según el gobierno, aumentar la recaudación del Estado para atender mejor las necesidades de las clases más desfavorecidas. Pero implicaba un aumento del IVA para productos y servicios básicos como luz y gas.

A partir del año próximo habrían tenido que tributar los que ganen más de 550 euros mensuales y en 2023 sería a partir de 310. El salario mínimo es de 210 euros. Es decir, la reforma cargaba sobre las clases medias colombianas, que distan mucho de tener el nivel adquisitivo de las europeas, y no sobre las más adineradas.

Durante décadas la economía colombiana fue la más estable de América Latina. No había hiperinflación y cumplían con los objetivos de deuda. Sin embargo, en la actualidad los bonos colombianos son considerados bonos basura en los mercados internacionales y el peso se devalúa cada vez más. Por primera vez se cuestiona la capacidad de pago.

El nivel de pobreza afecta al 42% de la población colombiana. Un 15% está en la extrema pobreza y no puede hacer tres comidas al día. Como consecuencia de la crisis del coronavirus, más de medio millón de comercios han tenido que cerrar en el país. Colombia tiene la mayor brecha de ingresos de América Latina.

«Los problemas de fondo que tiene Colombia en campos como la desigualdad (es el país más desigual de América Latina), la exclusión de pobres, indígenas y afrocolombianos), el deficiente sistema sanitario y de pensiones, el alto precio de la educación, necesitan políticas de largo plazo pactadas entre partidos, sociedad civil y las élites. A corto plazo veo difícil que el gobierno de Duque adopte políticas sobre estos temas», señala Mariano Aguirre, que fue asesor de la ONU en Colombia y es associate fellow de Chatham House.

Duque defiende que la reforma no es un antojo, sino una necesidad. Ha expuesto su voluntad de llegar a un consenso y lograr el apoyo del Parlamento. Pero en las calles le exigen más: quieren que hable con los promotores del paro nacional del miércoles. Y demandan una investigación independiente sobre los abusos policiales.

Violencia en las calles

En diez días de estallido social el balance es estremecedor. Han muerto 37 manifestantes, según la ONG Temblores, que da cuenta de 934 capturas arbitrarias, 98 ataques con armas de fuego y 11 casos de agresión sexual. La mesa de trabajo sobre Desaparición Forzada, integrada por 26 organizaciones defensoras de derechos humanos, ha documentado 471 casos de personas desaparecidas.

La Dirección de la Policía Nacional reportó un agente muerto y 601 lesionados. El acto más brutal contra las policías se registró en una comisaría en Bogotá donde se prendió fuego a la oficina con diez agentes dentro. Finalmente se pudieron salvar.

Human Rights Watch denunció este viernes cómo desde tanquetas se habían lanzado «proyectiles múltiples a los manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada». El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, hacía pública estos hechos, corroborados por la organización, en su cuenta de Twitter.

La brutalidad que se vio en muchos enclaves y llevó a que el presidente Duque despegara el Ejército, con el rechazo de algunos alcaldes. Esta protesta, a diferencia de otras, se ha extendido por todo el país, incluso por localidades pequeñas. La ONU y la UE han denunciado los abusos y han realizado un llamamiento a la calma.

El uribismo denuncia una trama chavista

Quien sí aplaudió esta acción e incluso pidió más vehemencia en el castigo fue el ex presidente Álvaro Uribe. Llegó a escribir un tuit en el que defendía el derecho de los soldados a utilizar sus armas para responder al «terrorismo vandálico». La red social Twitter borró el mensaje por entender que incitaba a la violencia.

De acuerdo con el abogado Néstor Laso, una de las personas de confianza del ex presidente Uribe en España, «los acontecimientos que se está viviendo en Colombia no son solo fruto de la tormenta perfecta del presidente Duque al aprobar una inoportuna reforma tributaria. Es algo más profundo que tiene su origen en un camino trazado en los Acuerdos de La Habana entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Allí se pactó tratar de desmontar el uribismo y poner las bases para el acceso al poder por primera vez de la extrema izquierda colombiana, encabezada por los prochavistas Gustavo Petro e Iván Cepeda».

Según Néstor Laso, el plan sería «eliminar políticamente» a Uribe, como «atribuirle el agitar la violencia policial, cuando el ejercicio de la fuerza para reprimir el vandalismo es un derecho constitucional de protección de la vida y el patrimonio de los ciudadanos en cualquier país democrático».

Laso mantiene que los «actos vandálicos» están «alentados y financiados por el régimen de Maduro y el narcotráfico de las disidencias de las FARC y el ELN, con el inestimable apoyo de una justicia politizada afín que a toda costa quiere encarcelar al ex presidente Uribe».

El régimen chavista es enemigo acérrimo del gobierno del país vecino, donde viven cientos de miles de venezolanos que han huido del país por las carencias económicas y la represión política.

Sin embargo, Nury Astrid Gómez llama la atención sobre el abuso de este término, vándalos, para referirse a los violentos de un bando y no del otro. «Los actos de vandalismo tienen tantos interrogantes como responsables: en primera línea, estatal, el ESMAD (fuerzas especiales de la policía) han reaccionado con gases, disparos o bloqueos. La gran mayoría de los manifestantes son jóvenes pacíficos. Algunos infiltrados han perpetrado actos violentos, pero la policía respondió indiscriminadamente», señala la politóloga.

«Tildar de vandalismo, sí, bárbaros, desalmados, brutales, al daño a la infraestructura, al transporte público, a la misión humanitaria y a los pequeños emprendimientos. Pero también hay que llamar vandalismo al exceso de la fuerza pública contra jóvenes desarmados, al uso de armas por parte de civiles —a quienes se les ha dado el permiso de portarlas—, a los seguimientos de activistas, a las represiones con gases y piedras, a declaraciones y condenas en redes sociales solo por repetición de algunos líderes, a mensajes provocadores de todo tipo», escribía en Las 2 Orillas.

Petro rentabiliza el descontento

Cuando falta menos de un año para las elecciones legislativas y presidenciales, el estallido social pone contra las cuerdas al presidente Duque, que está de salida. El candidato de la izquierda, Gustavo Petro, ha adquirido relevancia en las protestas, y ya figuraba en los sondeos con un apoyo del 38%. Petro perdió frente a Duque en 2018.

Duque parece más aislado que nunca. Hasta su mentor, Álvaro Uribe, se ha distanciado del actual presidente. Además, no tiene una mayoría estable en el Congreso.

Mientras Duque va perdiendo fuelle, Petro gana impulso. Aboga por que el banco central imprima más dinero para afrontar las consecuencias de la pandemia. Elogia a Hugo Chávez, a pesar de la ruina en la que está sumida Venezuela con los herederos del Comandante.

Si Duque no logra consensos, y lo tiene difícil porque los manifestantes han elevado sus demandas para que retire una reforma sanitaria, eleve el salario mínimo y acabe con la erradicación del cultivo de coca, va a dar el relevo al primer presidente socialista de Colombia. Si la justicia con la que sueña Petro es la de Venezuela, seguirá sin haber paz.